Homofobia de Estado

Redadas policiales contra mujeres lesbianas y hombres transgénero. Detenciones arbitrarias a mujeres transgénero. Desalojos forzados y malos tratos a homosexuales por presidentes de comunidades de vecinos, dirigentes de la Asociación Hijos de Obiang (ASHO) y estructuras del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Tortura, violencia física y psicológica ejercida por policiales, militares y gendarmes integrados en la Vicepresidencia encargada de la Defensa y Seguridad Nacional. Es el panorama de inseguridad jurídica que se registra en Guinea Ecuatorial. Este miércoles, 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la LGTBIQ+fobia, se ha publicado el informe “Estamos solas en este mundo: Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las Minorías Sexuales en la República de Guinea Ecuatorial”, en el que han participado la asociación Somos parte del Mundo y la Comisión Ecuatoguineana de Juristas. El trabajo de campo ha sido financiado por la organización EG Justice.

Guinea Ecuatorial se constituyó en el año 1968, cuando se independizó de España. Y como Estado miembro de las Naciones Unidas ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, dos instrumentos jurídicos respaldados por la ley sobre la Prevención y Sanción de la Tortura. Pese a ello, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer, asexuales, etc., denuncian la falta de protección por parte de los poderes públicos.

Me torturaban todos los días a la misma hora. Allá dentro yo no tenía nombre. Me llamaban por el número de mi celda. Yo desaparecí de este mundo y nunca he vuelto a ser lo que era antes

Superviviente de torturas encarcelada en el Ministerio de Seguridad de Malabo

El informe publicado este miércoles recoge los testimonios de 12 personas pertenecientes a minorías sexuales que denuncian, protegidas por el anonimato, las torturas que han sufrido en manos de agentes de seguridad del Estado. Consideran que han recibido un trato inconstitucional justificado por el odio, la intolerancia y la homofobia. “Los agentes actúan así porque somos personas indefensas. Estamos solas en el mundo: sin familia, sin apoyo social, sin ley que ampare nuestras vidas”, lamenta la primera adolescente transgénero entrevistada, quien estuvo dos semanas encarcelada en el Ministerio de Seguridad de Malabo, capital del país.

“Todos los días, a las cuatro de la tarde, me llevaban a la sala de tortura, una sala en el sótano, con muchas camillas sin colchones. Los agentes de policía decían que la ausencia de colchones es útil porque así la electricidad llega a la espalda de la persona a través de los hierros. En la sala tenían muchas herramientas de tortura, objetos punzantes como machetes y cuchillos (...) Te ponían las esposas, con los brazos hacia atrás, y te dejaban colgado. Mientras te torturaban, observabas la cara de un maniquí, que era la de un hombre agotado, torturado, con babas, feo, llorón. Siempre que me torturaban, de la manera que fuese, me obligaban a mirar el rostro del maniquí. Me torturaban todos los días a la misma hora. Allá dentro yo no tenía nombre. Me llamaban por el número de mi celda. Yo desaparecí de este mundo y nunca he vuelto a ser lo que era antes”, describe la joven.

La Constitución de Guinea Ecuatorial garantiza “el respeto a la persona, su vida, su integridad personal, su dignidad y su pleno desenvolvimiento material y moral, y prohíbe “cualquier acto de parcialidad o de discriminación debidamente constatado por motivos tribales, étnicos, de sexo, religiosos, sociales, políticos, corrupción u otros análogos”. El nuevo Código Penal (en vigor desde abril del 2022), en su artículo 364.2 prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual en el ámbito laboral. La existencia de este artículo reconoce de manera implícita la no discriminación a las minorías sexuales. La entrada en vigor del Código Penal supone la derogación o inaplicación de las normas que penalizan la homosexualidad.

Los testimonios de otras víctimas recogidas en este informe son estremecedores. Otra joven transgénero de 17 años, encarcelada por un general sin mediación de ninguna autoridad judicial, explica: “En la cárcel me golpeaban de manera consecutiva y con una porra en todo el cuerpo, sobre todo en las plantas de los pies”.

Una muchacha transgénero de 22 años que ha estado en prisión al menos diez veces relata una situación similar: “una celda en mi distrito es como el lugar de dormir de un perro”. Y Luis, un chico transgénero de 25 años, sitúa la Gendarmería de la ciudad de Bata, la más poblada del país, como centro de reclusión de las minorías sexuales. “Las mujeres lesbianas y los hombres transgénero convivimos por seguridad y, cuando desalojan a una persona, nos echan a todas”. Este joven reclama, junto a otras víctimas, el derecho constitucional a fijar la residencia y reunirse.“En Bata, por ejemplo, cualquier encuentro de lesbianas es motivo de redada policial o militar. Y de la prisión no se sale si no se paga”, afirma.

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