Por qué Etiopía quedó aislada del mundo durante 23 días

El Gobierno etíope, que controla el sector de telecomunicaciones, bloqueó Internet durante 552 horas y quiso ocultar las protestas sociales en medio de la peor crisis de los últimos años. Le ha costado caro

Un grupo de manifestantes protesta contra el tratamiento a la minoría oromo en Etiopía en las afueras de Downing Street, en Londres, Reino Unido, el pasado 3 de julio de 2020.SIMON DAWSON (Reuters)
Barcelona -

552 horas. Durante 23 días completos Etiopía quedó aislada del mundo. El último de los bloqueos de Internet en uno de los países llamados a ser líderes del continente se ha producido en medio de la peor crisis social desde que Abiy Ahmed Ali llegó al poder. Las autoridades etíopes respondieron a la ola de contestación generada por el asesinato del músico y activista oromo, Haacaaluu Hundeessaa, apagando Internet y consiguieron que durante 23 días completos el mundo no tuviese pruebas de lo que ocurría dentro del país. Había testimonios de la espiral de violencia que generaron las fuerzas armadas y grupos de civiles exaltados, pero prácticamente no se escaparon ni fotografías ni vídeos de los incidentes. Durante esos 23 días completos ni periodistas, ni defensores de los derechos humanos pudieron burlar la oscuridad que generaba el bloqueo de la red.

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Etiopía se había convertido en los últimos años en un referente de democratización. El primer ministro Abiy Ahmed Ali se había erigido como el ejemplo del nuevo líder africano y su figura había sido reconocida, incluso, con un controvertido Premio Nobel de la Paz. Su curriculum incluye una paz con Eritrea, la liberación de miles de presos políticos, nombramientos de autoridades renovadoras y una considerable operación de lavado de imagen. Pero el pasado 29 de junio Hundeessaa fue abatido a tiros en Adís Abeba, la capital del país, en un oscuro incidente que todavía no ha sido esclarecido. El asesinato desencadenó una ola de protestas que se fue extendiendo y, con ellas, en ese clima de nuevo régimen, volvieron a erigirse los fantasmas más recurrentes del antiguo: junto a la violencia y la represión, un férreo control de la información y una censura sistemática.

“En realidad, en el Gobierno actual hay muchas personas que vienen del régimen anterior y, en parte, no son capaces de aplicar nuevos métodos para controlar el caos, pero el contexto de estos acontecimientos es muy distinto al del antiguo régimen”, explica Befekadu Hailu, un bloguero y defensor de los derechos humanos etíope que hace seis años pasó 544 días en prisión por su activismo en defensa de la libertad de expresión. En el pasado, los Gobiernos etíopes habían echado mano de manera recurrente al bloqueo de Internet sin sufrir consecuencias.

La censura ha perjudicado la labor de periodistas y defensores de derechos humanos
Berhan Taye, activista

A partir del 29 de junio los sucesos se precipitaron: el asesinato de Hundeessaa, las manifestaciones, los enfrentamientos, el aumento de la violencia y, al día siguiente, el silencio. No el silencio plácido de la vuelta a la calma, sino el silencio tenso de un apagón de Internet, interrumpido por las alertas que los activistas lanzaban desde el exterior del país: no se sabía con certeza qué estaba ocurriendo en Etiopía. “La censura ha perjudicado la labor de periodistas y defensores de derechos humanos. Ha hecho que sea efectivamente imposible obtener información creíble sobre el país, que sea difícil verificar los incidentes e identificar a las comunidades en riesgo”, explica Berhan Taye, una activista etíope, responsable del programa contra los bloqueos de internet de Access Now, una de las organizaciones que ha denunciado el apagón.

Para Taye, la medida de censurar Internet responde a la filosofía del Gobierno más que a la respuesta práctica ante la violencia. “Este Gobierno ha cerrado la red en numerosas ocasiones y sigue manteniendo las mismas tácticas empleadas por el régimen anterior”, afirma. La investigadora recuerda que es evidente que la incitación al odio y la desinformación “son amenazas en Etiopía”, pero que las medidas que ha tomado el Ejecutivo de Ahmed Ali no suponen una solución. De hecho, poco antes del bloqueo del 30 de junio, Etiopía había aprobado una nueva legislación para luchar contra la amenaza a la convivencia que se situaba en el entorno digital, la conocida como Proclamación de Prevención y Supresión de Discursos de Odio y Desinformación. “Las deficiencias de la actual Proclamación dificultan el tratamiento de la lucha contra los discursos de odio y la desinformación”, sentencia Taye.

El coste millonario de cerrar la red

Además de las denuncias de violación de derechos fundamentales que supone el bloqueo de Internet y de la puerta a la impunidad que abre una medida de este tipo, algunas organizaciones de defensa de los derechos digitales recuerdan el impacto económico de un apagón digital en un mercado como el etíope. La organización nigeriana Paradigm Initiative (PIN) advertía el mismo día del cierre de la red que cada día sin Internet costaría a la ciudadanía etíope 4,5 millones de dólares, basándose en cálculos realizados durante apagones anteriores. Netblocks, un grupo que monitoriza la libertad en Internet en todo el mundo hizo los números cuando la conexión se restituyó: el bloqueo ha supuesto para los etíopes unas pérdidas de 100 millones de dólares en apenas tres semanas.

Esos cálculos tienen en cuenta el frenazo a la actividad económica, pero no se puede cuantificar la pérdida de vidas humanas, ni los daños generados por una violencia silenciada pero real, ni la erosión de la credibilidad del Gobierno, ni la sacudida a la confianza y la convivencia. “Etiopía no puede recurrir al cierre de Internet cada vez que haya una crisis de seguridad”, lamenta Zecharias Zelalem, un periodista independiente etíope que se ha esforzado por documentar la violencia del mes de julio a pesar del bloqueo. Este reportero continúa: “El apagón demuestra un fracaso de las instituciones. Los asesinatos deben ser detenidos por las fuerzas policiales y militares; si las autoridades recurren al cierre de Internet para detenerlos, significa que han perdido la esperanza en su aparato de seguridad. Pero además, con el cierre, las fuerzas del orden dispararon a los manifestantes en ciudades de Oromía, matando e hiriendo a cientos entre el 30 de junio y el 8 de julio. Debido a la falta de conexión, fue difícil cubrirlo”.

“El cierre aumenta la brutalidad policial, los asesinatos de Estado y la represión. No ayudó en nada al esfuerzo de seguridad. El número de muertos es uno de los más altos de los últimos años”, resume Zelalem. “Lo principal que se ocultó al mundo”, comenta este periodista, “fue la violenta represión contra los manifestantes. Hubo 7.000 personas arrestadas durante ese período. El Gobierno afirma que participaron en la violencia, pero mis fuentes dicen que muchos eran manifestantes inocentes y desarmados”.

“El apagón en Internet”, comenta Befekadu Hailu, “siempre da al Gobierno una ventaja en el monopolio de la información y la narrativa, es decir, la cobertura de su respuesta a la violencia, ya sea la falta de protección de los grupos vulnerables o el uso de una fuerza desproporcionada para contenerla. Nadie sabe bien lo que pasó”. Un bloqueo extremadamente férreo, una oscuridad, la que menciona Hailu, especialmente intensa, solo posible porque “Etiopía tiene un solo proveedor de servicios de telecomunicaciones, el que está a cargo del Estado, Ethio Telecom”, como recuerda Zelalem. "No hay empresas ni redes que compitan entre sí. El sector está monopolizado y controlado por el Gobierno. Los servicios de Internet y de telefonía en Etiopía son deficientes y sumamente caros.

El apagón en Internet siempre da al Gobierno una ventaja en el monopolio de la información y la narrativa

Como el Estado controla el flujo de Internet, puede cerrarlo o abrirlo a su antojo, y ese es el problema. Incluso las embajadas y oficinas gubernamentales no tuvieron Internet durante unos días", comenta el periodista.

La experiencia de Zecharias Zelalem pone de manifiesto las consecuencias reales del bloqueo digital: “Cada una de las veces que se intentó detener la violencia cerrando Internet, ocurrió lo contrario. Internet se apagó durante 23 días, y vimos una de las peores olas de violencia de los últimos años, con 239 muertos. Desde finales de 2019 hasta alrededor de marzo de 2020, Internet se cerró en el oeste de Etiopía, donde el ejército luchaba con grupos rebeldes y asesinó a civiles”. Para Zelalem, la respuesta no es impedir que la información circule, sino otra bien distinta: “Para evitar la incitación al odio, Etiopía necesita que sus instituciones de seguridad, sus sistemas de justicia y educación den un paso adelante. Cuando trabajen con la sociedad y cooperen para prevenir la violencia, la incitación al odio no tendrá repercusiones, aunque los que propagan ese odio vivan en países extranjeros. Cerrar Internet significa una cosa: las instituciones gubernamentales han fallado. Cerrar Internet significa que el Gobierno no puede arrestar a los criminales y llevarlos a juicio. Esta no puede ser una opción para prevenir la violencia en Etiopía”.

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