La trampa de la integridad territorial

Quizá sea necesario un ejercicio que nos ayude a clarificar, ante la tormenta política desencadenada a raíz de la decisión de la diplomacia española de considerar la iniciativa marroquí de 2007 sobre autonomía en el Sahara Occidental “como la base más seria, realista y creíble para la resolución del problema”, en qué consistió dicha iniciativa. Digo consistió, porque, hasta ahora, dicha iniciativa no pasó de ser u...

Quizá sea necesario un ejercicio que nos ayude a clarificar, ante la tormenta política desencadenada a raíz de la decisión de la diplomacia española de considerar la iniciativa marroquí de 2007 sobre autonomía en el Sahara Occidental “como la base más seria, realista y creíble para la resolución del problema”, en qué consistió dicha iniciativa. Digo consistió, porque, hasta ahora, dicha iniciativa no pasó de ser un mero papel, una mera declaración de intenciones que nunca fue reconocida por el Frente Polisario como base de discusión y que Marruecos no avanzó un ápice para preparar dicha autonomía y crear las condiciones que permitieran el obligado diálogo entre las partes. En suma, para hacer creíble la iniciativa.

El documento se depositó ante el Consejo de Seguridad de la ONU en abril de 2007, casi al mismo tiempo que otro documento presentado por el Polisario en el que proponía la necesidad de un referéndum de autodeterminación que diera paso a una independencia del territorio, detallando las bases de organización del nuevo Estado.

La iniciativa marroquí proponía la negociación de un estatuto de autonomía en el marco de la soberanía marroquí. Pretendía, según su enunciado, “crear las condiciones de un proceso de diálogo y de negociación que condujese a una solución política mutuamente aceptable”. El estatuto de autonomía resultante “sería sometido a una consulta refrendaria de las poblaciones concernidas, conforme al principio de autodeterminación y de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas”.

El documento partía de un reconocimiento para las poblaciones de la Región autónoma del Sahara de competencias en la administración local, policía local y jurisdicción regional; en la esfera económica para el desarrollo y planificación regional, así como en el presupuesto y la fiscalidad; sobre infraestructuras, educación, salud, hábitat, medio ambiente, sobre cultura y promoción del patrimonio saharaui hasaní. Se aseguraba la disposición de recursos financieros extraídos de los impuestos establecidos por los órganos regionales, la explotación de los recursos naturales de la región y otras rentas atribuidas por el Estado. Este se atribuía la competencia en los atributos de soberanía, bandera, himno nacional y moneda, los atributos ligados a la figura real, la seguridad nacional, la defensa exterior, las relaciones exteriores y el orden jurisdiccional del reino.

Con una salvedad: el Estado se veía obligado en las relaciones exteriores a consultar con la Región autónoma del Sahara aquellas cuestiones relativas a la región, pudiendo establecer esta, de acuerdo con el gobierno, lazos de cooperación con regiones extranjeras en el marco de la cooperación internacional.

La iniciativa detallaba los órganos de la región, integrados por un Parlamento elegido por sufragio universal en el que tuvieran representación las diferentes tribus saharauis, un jefe de gobierno elegido por el Parlamento y representante del Estado en la región, y un Tribunal Regional superior con competencia en la interpretación de las leyes regionales.

Se preveía una revisión constitucional para incorporar el estatuto de autonomía en el ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, cuando en 2011 se aprobó la nueva Constitución, dicho estatuto —o la posibilidad del mismo— no fue incorporado.

Se aseguraba también la repatriación y reinserción de los refugiados de Tinduf, “con garantía de su dignidad, seguridad y protección de sus bienes”. Una amnistía general excluiría cualquier persecución, arresto, prisión o intimidación de cualquier naturaleza. Un consejo transitorio final, tras la adopción del estatuto, se encargaría de las operaciones de repatriación, desarme y reinserción de los elementos armados.

Hasta aquí uno puede convenir en que se trataba de un punto de partida, de una base “seria y realista” para una discusión política en la que valorar la necesidad de más competencias o de lograr otros acuerdos. Pero para calificarla de creíble, Marruecos debería de haber dejado de demonizar a la otra parte y de proseguir con la política represiva contra toda disidencia, muy especialmente en esta cuestión tabú del Sahara.

Calificar la iniciativa como “la base más seria, realista y creíble para la resolución del problema” no ha pasado de ser el abracadabra para contentar a Marruecos, imitando lo que Alemania hizo para desbloquear las relaciones rotas con Marruecos.

La misiva de Pedro Sánchez ha sido dada a conocer a través de dos comunicados de la Casa Real y del Ministerio marroquí de Exteriores. El mismo proceso que se siguió en 1987, cuando Marruecos desveló, antes de llegar a su receptor, el rey Juan Carlos, el contenido de un mensaje de Hassan II sobre una célula de reflexión sobre Ceuta y Melilla que traía el ministro del Interior, José Barrionuevo.

Los dos comunicados marroquíes han dado lugar a la publicación de una nota de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores español en la que, sin aludir a la carta del presidente ni citar para nada al Sahara Occidental, se reconoce una nueva etapa de relación con Marruecos “para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países”. Es en estos términos en los que se encierra la trampa de la presión a la que Marruecos ha sometido a España en los últimos meses instrumentalizando la emigración clandestina, propiciando los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, cerrando las fronteras terrestres o marítimas, perjudicando incluso a sus propios compatriotas. Tal vez para España “integridad territorial” remite a la españolidad de las ciudades de Ceuta y Melilla pero el término para Marruecos implica el reconocimiento de su soberanía sobre el Sahara Occidental, en contra de la doctrina de Naciones Unidas y de la política que hasta el momento España ha defendido en la cuestión.

El paso es grave y las primeras repercusiones han venido en el plano interior, pero también en el exterior, con la llamada a consultas del embajador de Argelia en Madrid y la incertidumbre que ello produce en una coyuntura internacional bélica y crítica como la actual.