Regular las redes: una urgencia democrática

Hablamos de las redes sociales como si fueran sujetos colectivos. No lo son. No piensan, no deciden, no conspiran ni distraen por sí mismas. No son agentes autónomos, ni oráculos de inteligencia colectiva. Son instrumentos, herramientas que pueden funcionar como armas de influencia masiva y de poder en manos de tecnócratas digitales capaces de orientarlas según sus intereses y estrategias, como está ocurriendo de manera cada vez más descarnada....

Hablamos de las redes sociales como si fueran sujetos colectivos. No lo son. No piensan, no deciden, no conspiran ni distraen por sí mismas. No son agentes autónomos, ni oráculos de inteligencia colectiva. Son instrumentos, herramientas que pueden funcionar como armas de influencia masiva y de poder en manos de tecnócratas digitales capaces de orientarlas según sus intereses y estrategias, como está ocurriendo de manera cada vez más descarnada. Su uso sin el adecuado control está generando un inmenso daño estructural en nuestras conciencias, en nuestra convivencia y en nuestras sociedades democráticas.

Llegaron envueltas en un lenguaje de promisión: libertad, democracia digital, instrumentos para el empoderamiento personal y colectivo. Fascinados por el brillo de la novedad tecnológica y sus tan indiscutibles como atractivas funcionalidades, les entregamos nuestros datos, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras rutinas, nuestra intimidad. Pero aquellas promesas han sido traicionadas y sustituidas por simulacros: conectividad sin comunidad, exposición sin diálogo, expresión sin pensamiento, noticias sin verificación y manipulaciones por doquier. Hoy son campo abierto para la propaganda y el bulo, la confrontación y el odio, donde el adversario es tomado por enemigo. Con el avance técnico van reconfigurándose, pero lo hacen siguiendo la única lógica del beneficio propia del capitalismo de la vigilancia, bajo una apariencia de imprescindible servicio.

Donde se nos prometió deliberación, se impone el ruido. Donde se anunció libertad, se implanta vigilancia. Donde se habló de ciudadanía, se fomenta el espectáculo vacío y la antipolítica. La distracción permanente desplaza al pensamiento crítico. Aún más grave es el papel protagónico que estas plataformas están asumiendo al funcionar como agencias de socialización y adoctrinamiento, aprovechando su capacidad para segmentar, polarizar y difundir a escala global —cada hora, cada minuto— idearios y doctrinas incompatibles con la democracia y los derechos humanos.

Todo esto tiene responsables. Grandes corporaciones tecnológicas, amparadas por marcos legales débiles y una fiscalización permisiva, han convertido estas redes en infraestructuras privadas de manipulación pública, gobernadas por algoritmos que no son neutros, sino que están diseñados para maximizar permanencia, adicción, monetización, capacidad de manipulación y polarización. A más ruido y conflictos alimentados mediante ideas simples y emociones primarias, mayor beneficio. Lo que en ellas parece espontáneo es en realidad el resultado de una arquitectura de estímulos cuidadosamente construida para capturar atención y datos y venderlos al mejor postor. El resultado es un constante guirigay. Las ideas sesgadas, el insulto y el exabrupto de unos frente a otros valen más que el argumento; la mentira circula a mucha más velocidad que la verdad; el conflicto es estimulado y recompensado y la serenidad se invisibiliza. En medio del estruendo, es cierto que la verdad no desaparece, pero se tergiversa, se encubre, se frena, se ahoga. El ruido acaba siendo inconmensurablemente más eficaz y rentable que la censura.

Muchos ciudadanos quedan arrinconados entre la resignación y el sentimiento de impotencia ante esta nueva barbarie. Perciben que algo va mal, pero no encuentran salida. Otros acaban asumiendo esta realidad como una “nueva normalidad” que ya no admite vuelta atrás ni condición alguna. Mientras tanto la conversación se empobrece, el respeto entre las personas se erosiona en prácticamente todos los ámbitos, la esfera pública se degrada, y la democracia se debilita. Y quienes deberían defenderla —los Estados, las instituciones, los medios de comunicación verdaderamente tales, los intelectuales— suelen llegar tarde, sobrepasados, o avanzan con propuestas y medidas demasiado tímidas.

Este panorama no es inevitable. Pero sí puede volverse irreversible si no se actúa pronto y con la intensidad necesaria. Es urgente que se establezcan límites claros y eficaces a estas plataformas en su capacidad de vigilancia, en su opacidad algorítmica, en su modelo de negocio basado en la extracción de datos y la explotación emocional. Es imprescindible imponer y repartir responsabilidades, porque lo que hoy ocurre en las redes no es ni accidente técnico ni efecto inexorable, sino un proceso que tiene explicación, raíz y alcance económico y político global. Esta arquitectura dirigida y explotada por grandes oligarcas tecnológicos no se limita a erosionar el tejido democrático nacional sino que tiene también consecuencias geopolíticas: acumula poder de facto en pocas manos, interfiere en procesos electorales, amplifica discursos extremistas, debilita normas supranacionales e internacionales y crea situaciones de inestabilidad programada.

En este escenario, regular las redes y su funcionamiento no es censurar. Es procurarles una orientación racional protegiendo la dignidad, la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales y, especialmente, el libre desarrollo de la personalidad de la infancia y la juventud, así como garantizar un espacio público que sea digno de tal nombre. Exigir transparencia, orientación ética y mecanismos de moderación no es ingenuidad, es defensa del respeto, de la veracidad y de la comunicación libre como bien común. Establecer responsabilidades no es un exceso regulador, es el modo civilizado de refrenar los excesos del poder cuando este se hace opaco o se disfraza de neutralidad.

Por eso es preciso reconocer la importancia de las medidas ya adoptadas por la Unión Europea en relación con los entornos digitales —especialmente, aunque no exclusivamente, a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y el Reglamento de Inteligencia Artificial (IA Act)—, avances normativos interconectados y muy valiosos aunque todavía claramente susceptibles de mejora, sobre todo en lo que atañe a su aplicación efectiva. Del mismo modo, deben saludarse las iniciativas que algunos gobiernos nacionales están promoviendo para profundizar en la protección frente a los efectos más lesivos de estas plataformas.

Es el caso del Gobierno de España, que ha planteado recientemente medidas relevantes para reforzar la protección de menores, como la limitación del acceso a redes sociales antes de los 16 años y la implantación obligatoria de sistemas de verificación de edad, más allá de posibles campañas educativas y la mejora de herramientas de control parental. Junto a ello, se han anunciado propuestas orientadas a exigir mayor transparencia y auditabilidad de los algoritmos, determinar la trazabilidad del odio, así como el establecimiento de un marco de responsabilidad directa por los daños que puedan derivarse de su diseño o la inacción ante contenidos ilícitos y, en su caso, también de sus directivos cuando incumplan obligaciones esenciales de protección y transparencia.

Al margen del debate sobre la dificultad técnica o la misma adecuación de algunas de estas medidas al marco constitucional y europeo, la reacción airada de grandes magnates tecnológicos y CEOs de las principales plataformas ante estos anuncios da cuenta, por sí sola, de lo que verdaderamente está en juego. Lo que se está cuestionando no es sino un modelo de negocio basado en la extracción y tratamiento opaco de nuestros datos, la manipulación de la atención y la explotación de las emociones humanas como recurso económico y político, que está afectando muy negativamente, de manera especial, a las nuevas generaciones. Regular mejor las redes no es solo una cuestión de legitimidad política; es también una condición imprescindible para la pervivencia misma de la democracia.

¿Cómo ejercer la libertad si no fiscalizamos democráticamente los canales que moldean nuestras emociones, nuestro tiempo y nuestra atención? Si no recuperamos el control sobre los instrumentos que organizan nuestra vida mental y relacional, perderemos también el control sobre nuestras decisiones. Y sin decisiones libres, la democracia se vacía hasta dejar de serlo.