Anexión ilegal de Cisjordania

La decisión adoptada el pasado domingo por el Gobierno israelí de extender su autoridad civil sobre varias partes de Cisjordania constituye de facto una anexión ilegal. Se trata de una nueva y grave violación del derecho internacional que además expone abiertamente cuál es el plan de Benjamín Netanyahu y sus colaboradores para el territorio que Israel ocupa desde 1967. En ningún caso pasa por el establecimiento de un Estado palestino independiente y viable como exigen las resoluciones de la ONU, sino que apunta a la anexión del máximo territorio palestino posible dejando a su población recluida en pequeños enclaves completamente dependientes de la voluntad israelí.

Lo que ha hecho el Gabinete de Seguridad —formado por el primer ministro y los titulares de Defensa, Exteriores, Economía, Justicia y Seguridad Nacional— ha sido enterrar la legislación establecida en 1997 que obligaba a aprobación previa de las nuevas construcciones en territorio cisjordano tanto por parte de las autoridades israelíes como de las palestinas. Aunque en la práctica Israel ha ignorado esta norma, su anulación oficial constituye un cambio “drástico”, en palabras del propio Gobierno israelí. No solo facilita cobertura legal a la expansión de las colonias, sino que incrementa la capacidad de las autoridades israelíes para supervisar y regular cuestiones relacionadas con el agua o los yacimientos arqueológicos y les otorga la última palabra en la evaluación de riesgos ambientales, un concepto que puede servir de excusa para impedir la construcción de infraestructuras palestinas, su normal crecimiento urbanístico o cualquier nuevo emprendimiento.

Un polémico paso es el anuncio de la publicación del registro de propietarios de tierras en Cisjordania, que hasta ahora era secreto. Mientras Israel lo presenta como un inocente ejercicio de transparencia útil para propietarios y potenciales compradores, las autoridades palestinas y organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten de que la publicación, mediante la falsificación de documentos, puede consagrar la expropiación ilegal de tierras palestinas a manos de propietarios israelíes.

En el fondo, lo que han hecho Netanyahu y su equipo es avanzar en el desmantelamiento de los Acuerdos de Oslo alcanzados en 1993, que supusieron un atisbo de esperanza para una solución justa al conflicto palestino-israelí. La medida aprobada por Israel afecta aproximadamente al 40% del territorio que, según dichos acuerdos —reconocidos internacionalmente y que tienen rango de tratado—, deberían estar bajo administración de la Autoridad Nacional Palestina. Ahora Israel lo arrebata abriendo la puerta a la anexión formal y a la expansión sin restricciones de las colonias israelíes en Cisjordania, cuyos nuevos emplazamientos están siendo ya aprobados por la Administración israelí. Como ejemplo, solo durante los primeros meses de 2025 se autorizó y planificó el levantamiento de 17.000 nuevas viviendas y la construcción de 22 nuevas colonias.

Envalentonado por las nulas consecuencias que ha tenido para él la brutal guerra contra los palestinos de Gaza, donde siguen los ataques mortales, aunque en teoría haya un alto el fuego, Netanyahu sigue aplicando un plan de expansión en el que la población palestina ha quedado despojada de todo derecho y de cualquier perspectiva de futuro como sociedad. El primer ministro israelí puede actuar así, entre otras cosas, porque la comunidad internacional responde con poco más que lamentos y declaraciones ante la tragedia que se desarrolla a diario ante sus ojos. El principal responsable es Netanyahu, pero no es el único.