Paso esperanzador en Venezuela

El anuncio de una ley de amnistía general para presos políticos en Venezuela representa un parteaguas para un país atormentado por décadas de represión política y autoritarismo. La medida, impulsada por la presidenta, Delcy Rodríguez, extiende una promesa de libertad a miles de venezolanos que han sido encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la protesta.

Esta amnistía, celebrada como un giro en la política interna y percibida por muchos como un paso hacia la convivencia, no puede verse, sin embargo, como la culminación de un proceso de reconciliación nacional. Más bien, debe entenderse como el inicio de un camino largo, frágil y todavía incierto hacia una hipotética reconstrucción de la vida cívica y democrática en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos en la que fue capturado y removido del país el presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Cualquier medida del Gobierno de Rodríguez debe ser entendida dentro de ese marco de tutela que le ha impuesto Washington al chavismo.

Ese camino exige algo más. Urge la definición de un cronograma democrático claro y verificable, con plazos, garantías y compromisos institucionales creíbles. La convivencia no será posible mientras siga pendiente la vuelta de todos los dirigentes políticos en el exilio, ni mientras persistan restricciones, formales o informales, al ejercicio de la actividad política. La amnistía pierde fuerza si no va acompañada de la posibilidad real de organizarse, disentir, competir y participar sin miedo a represalias.

Durante años, organizaciones de derechos humanos han documentado miles de detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales con fines políticos, desde estudiantes y activistas hasta periodistas y militares disidentes. El régimen chavista acumuló miles de expedientes de presos políticos, muchos sin el debido proceso, en instalaciones como El Helicoide y otros centros emblemáticos de abuso y tortura. Estos centros no solo simbolizan violencia física, sino también la fractura profunda de la confianza entre ciudadanos y el Estado. Tampoco habrá reconciliación mientras informar siga siendo una actividad de riesgo. La libertad de prensa no es un asunto accesorio: es una condición estructural de cualquier democracia.

Desde la comunidad internacional, países como España han expresado su felicitación y ofrecido apoyo al proceso de transición en Venezuela. Estos gestos diplomáticos son importantes, pero también evidencian una realidad incómoda: la estabilidad política y social de Venezuela sigue siendo un asunto de interés geoestratégico más allá de su soberanía interna. La iniciativa no brota únicamente de una convicción interna del poder, sino también de una coyuntura geopolítica que obliga a ceder espacios.

La amnistía puede ser la llave que abra una puerta hacia la convivencia y el respeto de los derechos, pero esa llave no cierra la puerta de la memoria ni disipa la sombra del miedo que aún pesa sobre millones de venezolanos. El desafío es transformar este gesto en una secuencia sostenida de pasos hacia la democracia, y no en un paréntesis táctico destinado a ganar tiempo o legitimidad. Si los líderes venezolanos aprovechan para cimentar un diálogo nacional incluyente, si otros países acompañan sin imponer, y si las víctimas encuentran mecanismos reales de justicia y reconocimiento, entonces sí podrá hablarse de un camino efectivo hacia la convivencia. Mientras tanto, la amnistía debe verse como lo que es: un comienzo necesario, pero insuficiente; una puerta entreabierta, no todavía una salida.