Ábalos, un exministro en la cárcel
La prisión provisional para el que fuera alto cargo socialista, acusado de corrupción, condiciona gravemente la acción del Gobierno
El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ingresó este jueves en prisión provisional junto con su asesor personal, Koldo García, dentro del proceso contra ellos por una trama de corrupción que operó presuntamente desde el propio ministerio. La mera enumeración de sus cargos en el partido y en el Ejecutivo da una idea de la excepcionalidad del caso y de su corrosivo impacto político. Ábalos es el quinto exministro en toda la democracia que entra en la cárcel y el primer diputado en activo que lo hace.
La imagen de José Luis Ábalos en Soto del Real es aún más dañina para el Gobierno de Pedro Sánchez que la de Santos Cerdán, quien le sucedió en el cargo de secretario de Organización a partir de 2021, cuando el primero fue apartado de sus cargos por razones aún sin aclarar. Pese a su destitución, nada borra el hecho de que Ábalos se sentó en el Consejo de Ministros y manejó el mayor presupuesto público de España. Ni que tras el cese repitió como diputado por Valencia. Hoy está acusado de seis delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Cerdán estuvo encarcelado de manera provisional cuatro meses, hasta el pasado 19 de noviembre. El juez instructor alegó riesgo de destrucción de pruebas, y revirtió la decisión tras practicar los registros que consideraba necesarios. En el caso de Ábalos y García, el magistrado aprecia riesgo “extremo” de fuga ante la presión por las elevadas penas solicitadas contra ellos (de 24 a 30 años para el primero; entre 19 y 30, para el segundo) y por los indicios de que manejan grandes cantidades en metálico. La prisión provisional es una medida muy grave y difícil de entender en delitos no violentos. Contra un diputado en activo, incluso abre interrogantes prácticos en el Congreso. Sin embargo, frente a la tentación de denunciar un ensañamiento político (como trató de hacer Cerdán), es necesario reconocer que la decisión del juez viene avalada por la seriedad de su instrucción hasta ahora.
Con Cerdán y Ábalos ya han pasado por prisión los nombres propios que dominaron la estructura interna de Ferraz durante ocho años tras el ascenso de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Hasta que los desenmascaró la investigación policial, ambos disfrutaron de la defensa cerrada de su partido, sobre el que no pesa ninguna acusación, pero que ahora no puede desligarse políticamente de ellos hablando en pasado. La credibilidad de Sánchez y del PSOE está dañada. Y lo único que puede contribuir a paliar ese daño es una completa transparencia sobre las cuentas de la formación, inevitablemente bajo sospecha cuando sus antiguos responsables están acusados de corrupción. Tampoco ayuda la impresión de que se quiere eludir la responsabilidad en el ascenso orgánico e institucional de ambos. Presentarlos como un caso de confianza personal traicionada no es suficiente en un asunto de esta gravedad.
El caso resulta demoledor para el partido socialista y enturbia aún más la vida política española. Además, subraya la sensación de que al Gobierno empieza a faltarle el oxígeno: sin posibilidad de aprobar los Presupuestos ni leyes de calado. Y ahora además contaminado por una trama de corrupción que —entre las burdas amenazas de revelaciones explosivas de los acusados y las sesiones del futuro juicio— dominará la conversación pública durante meses. Es de esperar que la rápida acción de la justicia contribuya a aclarar el panorama. Entre tanto, los ciudadanos merecen explicaciones exhaustivas por parte del Gobierno sobre el paso de José Luis Ábalos por el PSOE y por el Ejecutivo. También sobre cuáles son sus objetivos para lo que queda de legislatura, con una hoja de ruta realista para lograrlos.