Vigilantes ante los abusos en el alquiler

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha expedientado por abuso de su posición de dominio a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro, una de las mayores entre las dedicadas al sector del alquiler, con más de 50 oficinas y una facturación de 28 millones de euros el pasado ejercicio. Según el ministerio encabezado por Pablo Bustinduy, se han constatado prácticas ilegales como exigir un estudio de solvencia al potencial inquilino, obligarle a contratar un seguro de hogar, forzar la contratación de un Servicio de Atención al Inquilino sin haberlo solicitado e introducir una cláusula en el contrato que autorice a la agencia a incluirle en ficheros de morosos. Alquiler Seguro afirma que cumple la ley y que sus condiciones sirven para garantizar la tranquilidad de los propietarios que recurren a sus servicios.

Tales condiciones son un ejemplo más de la carrera de obstáculos a la que tienen que enfrentarse las más de 7,7 millones de personas que, según los datos del INE, viven de alquiler en España. A los precios elevadísimos

—que se comen gran parte de los ingresos de las familias, especialmente las más jóvenes— se suman comisiones y obligaciones irregulares como las investigadas por el Ministerio. Presionados por la dramática situación del mercado inmobiliario, muchos inquilinos no pueden reaccionar cuando la alternativa es una renta más alta en otro lado o, directamente, la calle. A ello cabe sumarles otro tipo de excesos por parte de algunas inmobiliarias, que cobran por el solo hecho de visitar un piso, o la estigmatización de los arrendatarios en apuros con términos como el deplorable inquiokupa.

Desde los sectores más neoliberales del arco político se insiste en la desregulación de la vivienda en alquiler como instrumento para animar a los caseros a introducir inmuebles en el mercado y, así, bajar los precios. Se olvida, sin embargo, que esas regulaciones se implementaron precisamente para poner coto a los abusos de algunos caseros, al hacinamiento de las corralas y a las infraviviendas. Siempre desde la convicción de que una vivienda digna es un derecho, tal y como quedó reflejado en la Constitución de 1978.

Ante la insuficiencia manifiesta de un parque de vivienda asequible que pueda servir de contrapeso a los fallos de un mercado desbocado, es obligación de las administraciones —central, autonómica y municipal— garantizar que los ciudadanos que recurran a la vivienda de alquiler —por opción o por necesidad— vean protegidos sus derechos en todo momento. Medidas como las emprendidas por Consumo indican que el Gobierno está vigilante. Si los poderes públicos no consiguen solucionar a corto plazo lo que los españoles consideran su problema más acuciante, deben al menos extremar el celo para que no se agrave.