Dimitir, pero también explicar

La dimisión de la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, anunciada el miércoles por el presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, era un paso obligado ante el escándalo de los cribados del cáncer de mama. Hernández no podía seguir en su puesto tras conocerse, por una sucesión de testimonios de afectadas, que nadie comunicó a unas 2.000 mujeres que se han hecho mamografías en los tres últimos años de que serían precisas más pruebas para descartar un tumor. A la obvia responsabilidad política, se sumaba la falta de empatía con las damnificadas y con la asociación que canaliza sus denuncias, a las que acusó de alarmismo y de tener intereses partidistas.

Hay que reconocer la rápida reacción de Moreno, tanto por la autocrítica que supone la dimisión de Hernández como por haber pedido perdón. Es una respuesta inhabitual en su partido cuando su gestión se ha visto manchada por otros escándalos o tragedias. El ejemplo de Carlos Mazón es el último, pero uno de los más sangrantes de esa forma de actuar. Pero ese gesto —al que no es ajena la cercanía de las elecciones— quedará en nada si la ciudadanía no recibe pronto la más completa información sobre lo ocurrido.

Al menos desde enero de 2024, la Junta tenía constancia de los primeros casos de la crisis. Desde comienzos de ese año existen denuncias formalizadas ante el Servicio Andaluz de Salud por los retrasos de meses en informar a las pacientes. La predecesora de Hernández recibió información de primera mano de la asociación andaluza de mujeres con cáncer de mama (Amama). Nadie tomó medidas, algo de lo que la Junta sigue sin dar explicaciones.

Moreno ha anunciado un plan de choque que incluye contratar al menos un año a 119 profesionales y el compromiso de que antes del 30 de noviembre todas las afectadas se habrán podido someter a los exámenes necesarios. Hay que confiar en su resultado, pero sin dejar de preguntarse por qué no se ha hecho antes cuando sindicatos y profesionales llevan tiempo advirtiendo de los retrasos en todas las pruebas diagnósticas de imagen, que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La Junta lleva un lustro sin publicar las listas de espera de esas pruebas.

Desde 2018 el presupuesto de la Junta en sanidad ha crecido un 55%, hasta superar los 15.200 millones. Sin embargo, perduran graves problemas estructurales, entre ellos una acuciante carencia de plantilla. Andalucía es la comunidad con menos radiólogos: 7,2 por cada 100.000 habitantes, frente a los 9,15 de la media nacional. La sanidad pública es un pilar clave del Estado de derecho y se cimenta en la confianza de los ciudadanos. Quebrar la fe en ese sistema es uno de los efectos más graves de esta terrible negligencia.