Un Madrid menos libre para las mujeres

“¡Váyanse a otro lado a abortar!”. Esta frase, lanzada ayer por Isabel Díaz Ayuso, devuelve a las españolas a oscuros tiempos pasados, cuando —las que podían permitírselo— se veían obligadas a salir de su país para abortar con garantías legales y sanitarias. La presidenta de la Comunidad de Madrid respondió así en la Asamblea al requerimiento de crear un registro, obligatorio por ley, de objetores de conciencia a la práctica del aborto. Pedro Sánchez apremió el lunes por carta a los presidentes de las cuatro comunidades autónomas que aún no han creado dicho registro. Asturias (gobernada por el PSOE), Aragón y Baleares (ambas del PP) garantizaron que lo habilitarán. Ayuso respondió: “Nunca”.

Son preocupantes las continuas tentaciones de algunos dirigentes populares de poner palos en las ruedas para impedir de facto el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Con el avance de Vox que reflejan las encuestas, sus habituales bandazos están derivando en posiciones extremas para ganarse el voto más ultra. Hace apenas una semana el alcalde de Madrid secundaba la propuesta del partido de Santiago Abascal de alertar a las mujeres sobre un falso síndrome posaborto. Génova apoyó de entrada la inexplicable decisión de José Luis Martínez-Almeida, pero todos se desdijeron al día siguiente.

La declaración en rebeldía de Ayuso contra la ley y contra su propio partido sorprende en una dirigente que antes defendía el derecho a la interrupción del embarazo. A la última voltereta ideológica de la presidenta madrileña respondió enseguida su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, tuiteando un comunicado en el que se mostraba firme en garantizar el ejercicio del derecho al aborto. “Mi posición es clara y conocida”, aseguraba en el texto. Puede que la suya lo sea; la de su partido, no siempre. Y a él le corresponde aclararla.

Es lógico que existan corrientes en el seno de una formación política, pero es inadmisible que sus cargos se nieguen a cumplir las leyes y pongan en riesgo los derechos y libertades de las mujeres. Ante esta anomalía democrática, es exigible a Feijóo algo más que un tuit definiendo su postura. Tiene que dejar clara la posición del Partido Popular, y no solo a sus votantes: también a toda la ciudadanía.

La negativa de Ayuso a cumplir la ley no solo pisotea los derechos de la mujer: es una insumisión intolerable en un poder del Estado. Que un gobernante se ponga por encima de las leyes es un desafío a la democracia. Por eso es imperativo que la dirección del PP dé muestras de que se mantiene dentro de la senda constitucional y exija en sus filas un compromiso firme con la legalidad. Un partido de Estado no puede permitirse que el ideario de una dirigente regional sea el mero desacato. El PP tiene que parar su juego de seducción al voto ultra a costa de las libertades de las ciudadanas y postularse como un partido fiable para ellas. Que las españolas no tengan que volver a buscar en “otro lado” el amparo a sus derechos.