Parar la matanza entre todos

La última y más autorizada definición legal de la barbarie que Israel está perpetrando en Gaza es la de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados. Reconoce la comisión del delito de genocidio por parte de Israel y da por probada la existencia de intencionalidad, indispensable para su tipificación. Además de conminar a Israel para que cese la ofensiva, acabe con el cerco del hambre, levante el asedio y asegure la ayuda humanitaria, medidas que ya fueron impuestas cautelarmente por el Tribunal Internacional de Justicia y han sido ignoradas, urge también a que Israel cumpla sus obligaciones legales internacionales y al castigo de los responsables. Solo faltaría ya que un tribunal autorizado tipifique la matanza perpetrada por Israel en Gaza como genocidio y luego condene a sus autores, que no pueden ser otros que los actuales gobernantes, encabezados por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Esta comisión ya había determinado anteriormente que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad, pero todavía no había entrado, como ha hecho ahora, a demostrar la intención expresa de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. El dictamen de genocidio establece un antecedente para ser utilizado por el Tribunal Internacional que atiende la demanda de Sudáfrica contra Israel, apoyada por gran número de países. Estas opiniones jurídicas se han visto precedidas por dos informes de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese.

La tipificación jurídica es importante para exigir responsabilidades a los perpetradores, pero es un debate técnico que distrae de lo urgente: el cese inmediato de la matanza y el sufrimiento de casi dos millones de gazatíes, intensificados ahora por el bombardeo y la entrada del ejército en Ciudad de Gaza y la ruptura de toda negociación para una tregua tras el incalificable ataque contra los negociadores de Hamás en Qatar —otro crimen de guerra—. Cuando crece el consenso internacional para tomar algún tipo de represalia contra Israel, algo impensable hace solo unos meses, Netanyahu se dispone a ocupar militarmente un territorio que es, básicamente, una playa en la que se hacina un millón de personas en condiciones miserables. Lo hace, además, con el respaldo implícito de Estados Unidos, carente ya de toda autoridad moral.

En este contexto, todo lo que se haga pacífica y legalmente para frenar a Netanyahu en su acción exterminadora tiene sentido. Nadie debe confundir el reconocimiento de Palestina, las denuncias internacionales, los informes de Naciones Unidas, el corte de todo suministro de armas y munición o las sanciones comerciales y deportivas a Israel, con el apoyo al terrorismo de Hamás.

Siendo ya amplio el consenso internacional sobre el peligro que se cierne sobre el pueblo palestino, sería todavía mejor que se convirtiera también en consenso español, en vez de instrumento de polarización, sea desde el Gobierno o desde la oposición. Gobiernos de toda Europa, y la propia UE, están virando hacia la posición española sobre Israel, incluidas propuestas de veto en eventos internacionales, en parte porque los ciudadanos no aceptan más debates cínicos. En Gaza se está produciendo una matanza sistemática de civiles inocentes. No hay dos lados en este debate. Solo cabe condenarlo y actuar ya, con la máxima unidad.