Los derechos de la mente

Cantabria se convertirá el año que viene en la primera región europea que protege los neuroderechos y los datos obtenidos del cerebro de los ciudadanos. Los neuroderechos son un concepto reciente desarrollado en respuesta al avance de las tecnologías para registrar la actividad cerebral, es decir, para leer la mente. Como consecuencia del activismo de algunos de los neurocientíficos más destacados del mundo —como Rafael Yuste, de la Universidad de Columbia— Chile, el Estado brasileño de Río Grande do Sul y tres estados estadounidenses (Colorado, California y Montana) ya han legislado en el mismo sentido. La ley de salud digital llegará al parlamento cántabro en otoño y tiene la vocación de convertirse en una referencia para el resto de España.

El objetivo científico de las técnicas para leer la mente es virtuoso. Su finalidad principal es ayudar a las personas que han perdido la movilidad o el habla por accidente o enfermedad, y también a los pacientes que tienen que someterse a alguna cirugía cerebral por tumor, lesión o epilepsia. La empresa menos conocida de Elon Musk, Neuralink, lleva años desarrollando chips para implantar en el cerebro con esos propósitos, y hay otros gigantes económicos que se han subido al tren con cascos de electroencefalografía, dispositivos magnéticos y ópticos o nanopartículas, todo ello asociado a sistemas de computación avanzada e inteligencia artificial para descifrar las señales que emergen de la mente de los individuos. Son avances importantes para la medicina.

Pero las empresas tecnológicas no suelen meterse en una línea de investigación por mero altruismo. Musk y sus competidores están pensando en cosas como manejar el teléfono con la mente, consultar a Google o a ChatGPT con solo pensar en la pregunta y otras formas de rentabilizar sus inversiones mediante la electrónica de consumo masivo, que es lo que han hecho siempre. A diferencia de lo que ocurre con el estudio del cerebro en la práctica médica, donde los datos están protegidos en todas las legislaciones, los usos comerciales de las mismas técnicas disfrutan de un vacío legal que preocupa mucho a los científicos que conocen el tema por dentro. Las 30 principales empresas de neurotecnología se apropian de esos datos para venderlos a terceras partes. Lo que estas quieran hacer con ellos después de comprarlos no tiene más límite que la imaginación empresarial.

Nada de esto es ciencia ficción. Los sistemas para interpretar lo que una persona tiene intención de decir, o lo que está pensando en secreto, ya existen, aunque solo a nivel experimental. Convertirlos en productos comerciales para leer el pensamiento no solo es factible, sino que está a la vuelta de la esquina. Sería verdaderamente notable que, siquiera por una vez, el legislador fuera por delante de los avances tecnológicos. El ejemplo de Cantabria debería cundir entre los políticos del resto de España y de Europa.