La Caixa: fin del ‘procés’

Un movimiento empresarial de un enorme calado político, económico y hasta simbólico. Y un paso casi definitivo hacia el fin del procés y, por ende, hacia la normalidad y la estabilidad después de años muy agitados en Cataluña. El anuncio del grupo La Caixa de volver a establecer en Barcelona la sede de su potente fundación y de Criteria, su brazo inversor, era una noticia muy esperada en los muchos sectores políticos, económicos y sociales catalanes que vivieron con dolor la salida masiva de empresas en 2017, en la cúspide del fallido desafío independentista. Por ahora su banco, Caixabank, mantiene su sede en Valencia.

La Caixa ha decidido volver a Cataluña porque ya no existen ni la tensión ni la incertidumbre que los partidos independentistas —al frente de la Generalitat en ese momento— generaron con su intento de secesión hasta el punto de arriesgarse a dejar a sus entidades y empresas sin el amparo de la UE y sin el paraguas del BCE. La Caixa y el Sabadell salieron de forma fulminante y arrastraron con ellos a centenares de empresas que huían de la inestabilidad.

La vuelta de La Caixa a Cataluña es de por sí una buena noticia para una entidad muy arraigada en esa comunidad y clave en su tradicional liderazgo económico. La noticia, sin embargo, trasciende el ámbito económico y da la medida del grado de normalización política conseguido por la estrategia —no siempre comprendida en el resto de España— desplegada por los Gobiernos de Salvador Illa en la Generalitat y Pedro Sánchez en el Ejecutivo central, que a al priorizar el funcionamiento de las instituciones han ayudado a devolver el clima de confianza a la economía catalana. Los vaivenes de la política desestabilizaron la economía; una vez que la política se ha normalizado, la correa de transmisión hacia el mundo de los negocios tenía que acabar llegando.

El efecto arrastre de La Caixa es notable. Y también ahora es de esperar que otras empresas que en su día se marcharon sigan un camino parecido al emprendido no solo La Caixa sino también por el Banco Sabadell, Cementos Molins y firmas más pequeñas que siempre han vivido como una anomalía estar domiciliadas fuera de la comunidad donde se fundaron. Este regreso debe ser apoyado por todas las instituciones, pero los gobernantes locales, autonómicos y nacionales deben entender que cada empresa es un mundo en sí, que han pasado ocho años y que solo les compete a ellas decidir dónde quieren tener su domicilio.

La política debe limitarse a crear las bases para que las empresas tengan seguridad jurídica e institucional. El resto consiste en persuadir, nunca en imponer. Lo realmente desgraciado es que algo tan básico como esta seguridad jurídica se viera amenazada en 2017 por un grupo de dirigentes que, a base de tomar decisiones irresponsables, comprometieron el buen funcionamiento de la economía catalana y del conjunto de España.