Escalada de violencia en Colombia

La creciente violencia en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes que exigen una reflexión profunda sobre la eficacia de las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno de Gustavo Petro. Los enfrentamientos en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, no solo representan una amenaza directa para las comunidades locales, que cuentan ya con decenas de miles de desplazados, sino que también desnudan la fuerza de los distintos grupos criminales colombianos y las fragilidades de una política enfoque que, hasta ahora, ha sido insuficiente para contener la violencia y garantizar la paz.

Los combates en la región fronteriza han escalado hasta convertirse en uno de los episodios más dramáticos de la historia contemporánea de Colombia. Grupos armados ilegales, incluidos remanentes de las disidencias de las FARC y, sobre todo, la guerrilla del ELN, han convertido la frontera en un campo de batalla, mientras que civiles inocentes quedan atrapados en el fuego cruzado. Estas zonas, que deberían ser espacios de integración y desarrollo entre dos naciones hermanas, son ahora santuarios para el crimen organizado y el narcotráfico.

La incapacidad del Gobierno colombiano para ejercer control sobre estas áreas es preocupante, pero también lo es la responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Caracas ha permitido que estas zonas fronterizas se conviertan en refugios seguros para grupos armados, facilitando su reorganización y fortalecimiento. Esta inacción, que roza la complicidad, no solo afecta a Colombia, sino que también perpetúa el sufrimiento de las comunidades venezolanas que viven en condiciones de abandono estatal.

El presidente Petro llegó al poder con la promesa de priorizar el diálogo y la paz total. Sin embargo, el sueño de una Colombia libre de conflicto está cada vez más lejos de materializarse. Los reiterados esfuerzos por negociar con los grupos armados se han topado con una respuesta negativa, en especial por el ELN, que ha dado innumerables muestras de no querer transitar hacia la legalidad y no han logrado desarticular las estructuras criminales que continúan sembrando terror. Además, la estrategia de desescalar el conflicto parece haber generado un efecto inverso en algunas regiones, donde los actores armados han interpretado la voluntad de paz como una oportunidad para expandir su poder territorial.

El contexto actual demanda un cambio de rumbo inmediato. La política de seguridad de Petro necesita ser revisada para incluir una combinación de medidas contundentes contra el crimen organizado y estrategias sostenibles de desarrollo social en las regiones más afectadas. Es perentorio que el Gobierno colombiano refuerce la presencia del Estado en la frontera, garantizar los derechos de las comunidades y asegurar que los actores ilegales no encuentren un refugio fácil en territorio colombiano.

Pero Colombia no puede enfrentar este desafío sola. La comunidad internacional tiene un papel clave que jugar, en especial, en presionar al régimen de Nicolás Maduro para que asuma su responsabilidad en la región fronteriza. La indiferencia de Venezuela no se puede seguir tolerando. El sueño de la paz total es noble, pero también requiere realismo y determinación. Si el Gobierno no actúa con la urgencia y contundencia que la situación demanda, estará condenado a repetir los errores del pasado. Y en ese proceso, los principales perdedores serán los millones de colombianos que merecen vivir en paz y seguridad.