La descarbonización se frena

España se comprometió en septiembre con la Comisión Europea a actualizar su plan climático para esta década, que endureció los objetivos iniciales y ahora prevé reducir la emisión de gases de efecto invernadero un 32% en 2030 con respecto a los niveles de 1990. Ha habido avances, pero cuando faltan solo cinco años para alcanzar esa fecha, la rebaja de emisiones, fundamental en la lucha contra el cambio climático causado por el uso de combustibles fósiles, no camina a buen ritmo.

Este año, las emisiones se cerrarán con un aumento de en torno a un 1%, según dos informes recientes. Esta subida contrasta con el descenso del 7,6% que se registró en 2023 con respecto al ejercicio anterior, según los últimos datos oficiales. En conjunto, con el crecimiento en el año que está a punto de acabar, las emisiones se situarían un 3,2% por debajo de los niveles de 1990. La distancia con la meta prevista es suficientemente expresiva de lo que falta por recorrer y de la necesidad de acelerar lo más posible la descarbonización de la economía española.

Con todas las dificultades sociales y económicas de adaptación que implicará —y el freno que la propia Comisión está poniendo a sus compromisos por presiones de los partidos conservadores—, la transición ecológica no debe tener marcha atrás. Su importancia resulta, literalmente, vital. El calentamiento global supone un desafío mayúsculo para la seguridad y la economía de la UE —de todo el mundo— en el que mentiras y medias verdades como las que hemos sufrido en la tragedia de Valencia no pueden frenar lo que el mejor conocimiento científico tiene más que demostrado: mientras el consumo de productos petrolíferos no registre un sustancial descenso, la lucha climática no conseguirá revertir el calentamiento del planeta.

Ese consumo aumentó en España entre enero y octubre pasados cerca de un 5% interanual, principalmente por el sector del transporte, uno de los mayores motivos de preocupación. De mantenerse así hasta finales de año, superará al dato de 2019, en una tendencia ascendente desde 2013 que ni la pandemia ni los altos precios de la energía por la guerra de Ucrania han podido variar.

El incremento frustra el considerable avance de las energías renovables, que ya suponen más de la mitad de la generación eléctrica, lo que es un máximo histórico. El plan climático marca un objetivo de que el 81% del consumo eléctrico del país (25 puntos más que el actual) sea de origen renovable a finales de esta década. La electrificación de la economía, y en particular del transporte, un apartado en el que España está a la cola de la UE, sigue siendo la gran asignatura pendiente. Todos los avances de las administraciones para facilitar la adopción de alternativas al uso de combustibles fósiles, como la expansión del coche eléctrico y la sustitución de antiguas calderas de gas, se enmarcan en esa necesidad y se deben acelerar.

Limitar las consecuencias del calentamiento pasa de forma imprescindible por revisar absolutamente el uso de combustibles fósiles, lo que implica a toda la sociedad, desde la forma en que calienta su casa hasta la forma en la que se desplaza o los productos que consume. Desde el poder político no se puede seguir confundiendo sobre esa acuciante necesidad. La envergadura y la importancia del reto exigen a todos mayor ambición en el esfuerzo.