Unidad sin claridad

La dana no ha terminado, pero ya es uno de los peores desastres de la historia de España. Más de 200 muertos, miles de personas que no pueden vivir en sus hogares, miles de millones de euros en daños materiales e infraestructuras que no podrán recuperarse en meses. Paiporta, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Chiva, Utiel, Letur son lugares que ya están en el negro libro de las catástrofes ocurridas en suelo español. Sin embargo, en medio del horror han aparecido cientos de vecinos cargando, barriendo y achicando agua. El impulso solidario de los ciudadanos llegó a tal extremo que la Generalitat, aun reconociendo su buena fe, pidió ayer que la masa de voluntarios que caminaba hacia los lugares afectados volviera a su casa o se dirigiera a centros de coordinación para no colapsar las vías de acceso a los efectivos que trabajan sobre el terreno.

Por otro lado, desde el primer momento circulan los bulos que fomentan teorías conspirativas, insultan a la Agencia Estatal de Meteorología o buscan construir un relato de la tragedia que choca frontalmente con la realidad que han visto millones de españoles y padecido centenares de miles de valencianos: una dana de alto impacto reiteradamente anunciada por los científicos de la agencia, una alerta tardía de la Generalitat a la población y un desastre que está costando mucho remediar. El ejemplo más lamentable es la denuncia contra los responsables de Aemet por parte de Manos Limpias, el constante intoxicador de la vida pública española.

Parece evidente que existe un pacto de no agresión pública entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Una decisión, la de ofrecer una imagen de unidad y colaboración que aplaudimos desde el principio en este periódico porque es lo que la ciudadanía espera cuando están en juego la vida y la muerte. Cualquier otra actitud habría sido una irresponsabilidad. Pero pasan los días y crece la desesperación de quienes siguen sin saber nada de sus seres queridos, están sin luz o sin agua, con sus calles colapsadas por un amasijo de coches o sin una casa en la que refugiarse. Y junto a la desesperación se multiplican las críticas ciudadanas y las preguntas sobre la cantidad de recursos disponibles para hacer frente al drama.

En medio aún de una tragedia de esta magnitud, es increíble que haga falta recordar el reparto de competencias del ordenamiento español. La Generalitat valenciana tiene activado el nivel 2 de emergencia, que le permite conservar el mando, la competencia exclusiva sobre la gestión de la tragedia y solicitar la ayuda que crea necesaria al Gobierno central. Es decir, todos los efectivos que Defensa, Interior o cualquier otro ministerio envía estos días a Valencia son los solicitados por el presidente Mazón, que decide además en qué lugar operan. El presidente valenciano puede solicitar el nivel 3 y que el Gobierno central se haga cargo de todo, pero no lo ha hecho. El Ejecutivo central puede decretar una “emergencia de interés nacional” y asumir la dirección de todo el dispositivo, una especie de 155 que despojaría a la Generalitat de sus competencias, pero tampoco lo ha hecho. Han optado por colaborar bajo el mando de la Generalitat, que es el representante legal del Estado en la comunidad. Es probablemente la solución perfecta, pero ambos tienen que explicar con claridad por qué cuatro días después no se llega a todos los lugares que lo necesitan.

Un monstruo meteorológico ha traído dolor y desgracia. Su dimensión explica muchas cosas, pero no todas en pleno siglo XXI. La realidad del cambio climático hace temer nuevos episodios parecidos. La claridad y la pedagogía que ahora se haga no son solo un derecho de los afectados hoy, sino un aprendizaje para el futuro inmediato.