Un modelo para todos

Las reuniones consecutivas de los barones del PP y del comité federal del PSOE, el viernes y ayer respectivamente, alrededor del controvertido pacto de investidura de Salvador Illa entre Esquerra y PSC permiten sacar algunas conclusiones. La iniciativa la lleva por ahora Pedro Sánchez, que ha convertido la mera táctica oportunista denunciada por Feijóo —financiación singular a cambio de votos en el Parlament— en una estrategia de federalización de España a partir de la reforma de la financiación autonómica, cuyo planteamiento debería culminar este noviembre en el 41º congreso socialista, en el que presentará su candidatura a la reelección como secretario general. Lo anunció ayer mismo, una forma tanto de despejar las dudas como de apretar las filas ante un debate que levanta ampollas entre algunos de sus líderes territoriales.

Tras el doble envite, el PSOE quiere presentarse como el partido que pretende superar una década de crisis social e institucional en Cataluña con repercusiones en toda España mientras el PP se mantiene a la defensiva, como el partido de la desconfianza y del reproche hacia la intentona secesionista, que le interesa mantener viva para desgastar a un Gobierno apoyado por quienes la organizaron.

Ya está claro que los detalles de la propuesta federalizadora solo empezarán a conocerse a partir del congreso de Sevilla. De momento, conocemos los principios, con los que difícilmente pueden estar en desacuerdo los barones socialistas disidentes e incluso el PP completo. Si el marco del debate debe ser el de los estatutos de autonomía, la Constitución y la LOFCA —tal como explicó esta semana la vicepresidenta Montero en el Senado—, la reforma final debe basarse en la autonomía financiera, la coordinación, la solidaridad y la transparencia, con el objetivo de conseguir la suficiencia de recursos, la corresponsabilidad fiscal, la equidad y la lealtad institucional. Sánchez añadió ayer que es posible reconocer singularidades, transferencias competenciales nuevas e incluso la recaudación y gestión de los impuestos por parte de quien lo desee, así como contar con una mayor aportación del Estado a la financiación autonómica.

De ahí que tenga poco sentido la apelación de Feijóo a boicotear el debate bilateral entre las autonomías y el Gobierno. Aunque esquemáticamente aún, la discusión del sistema de financiación ya está abierta, y sería irresponsable que una comunidad se negara a participar en todos los foros posibles anteponiendo los intereses de su partido a los de sus ciudadanos. Especialmente cuando todos los actores políticos y económicos reconocen las disfunciones que provoca a diario un sistema que lleva 10 años caducado. Un partido de Estado como el PP no puede renunciar a proponer, contrarrestar o matizar sobre el modelo territorial justo cuando cuenta con la mayoría de ese poder.

No puede haber una España del PP y una España del PSOE y sus socios. Los populares tienen todo el derecho a las críticas y cautelas para evitar la legitimación prematura del contenido fiscal del acuerdo catalán —críticas que también expresan algunos barones socialistas—, pero no debería deslegitimar el diálogo y la posibilidad de pactos. Es obligación de los partidos que se consideran constitucionalistas favorecer la deliberación. Hay una sola España, muy plural y diversa, con instituciones obligadas a promover el encuentro y a buscar acuerdos en los que todos cedan y todos ganen. Así, no deja de ser paradójico que PSOE y PP, tan enfrentados en todo, coincidan en los principios generales sobre la solidaridad, la suficiencia financiera y la necesaria constitucionalidad del sistema. Por no hablar de todas las singularidades que el propio PP también defendió en el pasado. Basta con acudir al programa del PP catalán en 2012 para comprobar que varias de sus propuestas son casi idénticas a las que critica ahora.

Liderar el proceso y hacer todo lo necesario para que sea incluyente y transversal le corresponde, no obstante, a quien ha abierto el debate. Aunque no todo se resuelve con el dinero aportado por el Estado y están casi todos los números por hacer, si el Gobierno central quiere subir el nivel de la discusión técnica, tendrá que ir más allá de anunciar, como ha hecho esta semana Sánchez, que duplicará la dotación del fondo de compensación territorial, porque hoy solo supone un raquítico 0,3% de la financiación de las comunidades. La aportación del Estado para la gestión de las competencias actualmente infrafinanciadas es una de las claves. La otra es la corresponsabilidad fiscal, mayor cuanto más se ajustan las responsabilidades de recaudación con las de gasto. Bajo la presidencia de Illa, Cataluña debe actuar con el mismo principio que la guio en los primeros pasos de la construcción autonómica, expresados entonces por el ponente constitucional, Miquel Roca: nada de lo que obtenga en competencias o en financiación se le puede negar al resto de las autonomías.

Sánchez subrayó ayer que el debate es entre modelos y no entre territorios. Ahora falta por saber el detalle de su modelo y la propuesta del PP para sacar del vacío retórico una discusión que es crucial para España y que debe, por tanto, huir del bipartidismo e incluir a todas las fuerzas parlamentarias. Buena muestra de la importancia y la complejidad de cualquier modificación del sistema de financiación autonómica, y mucho más de la organización territorial, es que entre los socios del PSOE hay más modelos que grupos parlamentarios y no pocas tensiones internas. Sacar este asunto de la disputa de suma cero entre territorios —en la que alguien pierde siempre lo que el otro gana— es fundamental para el PSOE, que ha tomado la iniciativa, pero también para el PP, que tiene la obligación de ofrecer alternativas en lugar de limitarse a decir que no a todo. La economía tendrá, sin duda, mucho que decir en los próximos meses, pero la política debe ir por delante.