Confundir sobre la inmigración

El Gobierno y el PP se han enzarzado en una agria bronca política a cuenta de la inmigración cuando más necesario resulta abordar con sentido de Estado y sin demagogias uno de los retos de futuro que tiene España de más compleja respuesta. Un reto que necesita políticas realistas y con proyección a largo plazo mucho antes que una sucesión de titulares o acusaciones cruzadas de “irresponsabilidad”. El marco inmediato de un enfrentamiento que ha vivido varios capítulos estériles en los últimos meses es la gira que Pedro Sánchez concluyó este jueves en Senegal tras visitar Mauritania y Gambia. En ella ha buscado mejorar las vías para una inmigración legal y segura, especialmente con los acuerdos para cerrar contratos en origen, que permita reducir la irregular. En línea con lo que hace la UE. Y con lo que ha propuesto recientemente el propio Partido Popular.

El PP ha visto en la inmigración, en particular la irregular, pese a ser mínima en comparación con la legal, un ariete contra el Ejecutivo y una forma de arrebatarle espacio al populismo nativista de Vox. En ese progresivo endurecimiento del mensaje, al que se ha sumado Alberto Núñez Feijóo vinculando inmigración con okupación o delincuencia, los populares han caído en incoherencias impropias de un partido que gestiona directamente esta realidad en comunidades autónomas y grandes ciudades. Los ciudadanos desconocen si el PP defiende o no las deportaciones masivas que uno de sus portavoces apoya un día y otro desmiente al siguiente, deportaciones que ningún Gobierno europeo ha logrado ejecutar porque dependen básicamente de los países receptores. O si los programas de contratación en origen son un “efecto llamada” o una propuesta defendible en una proposición no de ley, como hizo el PP la pasada semana.

Sánchez ha contribuido a la confusión al enlazar en una declaración sin preguntas en Senegal la prioridad de la seguridad y la necesidad “imprescindible” del retorno de los inmigrantes irregulares. Son dos obviedades que no suponen un cambio de política, pero juntas contribuyen a dar la sensación de que una cosa depende de la otra. El PP se agarra a esta frase para sentirse justificado. Introducir en el debate público la idea de que hay una relación directa entre inmigración irregular e inseguridad es jugar con fuego. La experiencia europea muestra que, cuando los grandes partidos copian el marco simplista de la ultraderecha, es esta la que logra legitimidad y votos.

Ese marco caricaturiza la inmigración como problema abstracto, mientras elude afrontar problemas concretos derivados de ella. Los servicios de acogida de Canarias y Ceuta siguen desbordados después de que PP, Vox y Junts rechazaran en julio una reforma de la ley de extranjería para aliviar la situación. Canarias había recibido hasta el pasado 15 de agosto 22.304 inmigrantes irregulares (un 126% más que en igual periodo de 2023). Irá a más por el agravamiento de la situación en el Sahel, especialmente en Malí. España ya es a todos los efectos un país de inmigrantes: 8,7 millones de ciudadanos (un 17,8% de la población) han nacido en otro país. La llegada regular de extranjeros ha sido imprescindible para llegar a este nivel de prosperidad y lo seguirá siendo para mantenerlo. Por ejemplo, para garantizar en 2053 la actual relación entre trabajadores y pensionistas harán falta 24 millones de inmigrantes, según el Banco de España. Dar la espalda a esa realidad es absurdo. Igual de absurdo que pretender que la crueldad en la frontera, la criminalización y la xenofobia frenarán los esfuerzos de miles de personas sencillamente por no morir.