Detener la represión en Venezuela

Más de dos semanas después de las elecciones presidenciales de Venezuela, la nueva crisis que se ha desatado en el país caribeño está lejos de encontrar una salida inmediata. El Gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una ola represiva sin precedentes, lo que ha obligado a los principales líderes de la oposición a resguardarse por miedo a ser detenidos. La única luz en el callejón en el que se encuentra Venezuela proviene de la iniciativa de Brasil, Colombia y México, que pretenden lograr una salida negociada a la crisis poselectoral y que ha logrado acaparar el apoyo de la mayor parte de la comunidad internacional.

Las tres potencias latinoamericanas gobernadas por la izquierda que tratan de mediar en el enésimo conflicto venezolano volvieron a insistir la semana pasada en algo capital y en lo que cuentan con el consenso del mundo democrático: es “fundamental” que el Consejo Nacional Electoral (CNE), en manos del chavismo y que proclamó a Nicolás Maduro como presidente, presente las pruebas de los resultados de las elecciones presidenciales, esto es, las actas oficiales, “desglosados por mesa de votación”. La insistencia de los tres gobiernos tiene su base en dos motivos. Primero, la oposición publicó en una web todas las actas que había logrado obtener después de la recolección que hicieron sus testigos en la noche electoral. Los datos, si bien incompletos, demuestran una abrumadora victoria de Edmundo González, el candidato opositor. Y segundo, hasta la fecha, esas actas no han sido desmentidas más que por el oficialismo, mientras organismos independientes, como el Centro Carter, que participó como observador electoral el 28 de julio, las han dado por buenas.

El énfasis en dar transparencia a los resultados tiene otra arista. Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, que han evitado reconocer la supuesta victoria de Maduro sin quemar los puentes con el chavismo, se han desmarcado de la iniciativa del heredero de Chávez de llevar la disputa al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado también por el chavismo, y han reafirmado la necesidad de que haya una “verificación imparcial” de los resultados. El hecho de que tres gobiernos a los que se puede considerar aliados de Maduro se hayan mantenido firmes en la necesidad de exigir transparencia y verificar los resultados, y aún mantengan comunicación con el chavismo, ha hecho que desde Estados Unidos hasta la Unión Europea al unísono hayan dado un voto de confianza a sus intentos de lograr una salida negociada, acaso el único motivo de celebración en esta situación crítica en la que la prioridad es evitar que el régimen se defienda con una escalada de violencia represiva contra la presión en las calles.

Todos los ojos están puestos en el intento de Brasil, México y Colombia que, si bien ha encontrado gestos de aprobación públicos por parte de la oposición, ha sido recibido con cierta indiferencia por un Nicolás Maduro que no ha hecho más que atrincherarse desde la noche electoral de hace dos semanas. La represión que ha emprendido, con más de 2.000 detenidos, según él mismo ha celebrado en más de una ocasión, debe parar de inmediato. Es imperativo que frene la persecución a los líderes opositores, así como a aquellos que salieron a protestar contra las irregularidades de la noche electoral, como un primer paso de que está dispuesto a negociar y no a mantener una deriva totalitaria.