Transparencia democrática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplegó ayer en el Congreso, sin concretarlo demasiado, el plan de “regeneración democrática” que anunció en abril y que incluye medidas de transparencia y rendición de cuentas tanto por parte de los poderes públicos como de los medios. Estas últimas se encuadran en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado el pasado mayo por amplia mayoría en la Eurocámara. El reglamento, que debe estar plenamente incorporado a la normativa española antes de agosto de 2025, exige que los Veintisiete apliquen medidas de transparencia, tanto sobre la titularidad de los medios como sobre sus fuentes de financiación, para preservar su independencia y evitar injerencias de países extranjeros, así como para proteger el trabajo de los periodistas.

Para cumplir con esa reglamentación, el Gobierno defiende la obligación de hacer pública la titularidad directa e indirecta de las empresas así como los fondos que reciben de las administraciones —estatales, autonómicas y locales— en forma de publicidad institucional o de contratos de otra índole. Por su parte, todas las administraciones estarían obligadas a notificar qué subvenciones conceden y a quién. Tan importante, sin embargo, como esa información es articular un sistema verificable de medición de audiencias, dado que hoy existen muchas cabeceras, sobre todo digitales, que reciben cuantiosas ayudas públicas pese a tener una audiencia exigua. Sánchez propuso además ampliar las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia para evitar la excesiva concentración empresarial en aras de garantizar la pluralidad informativa. Por el lado más político, también planteó una reforma de la ley electoral para obligar a mantener debates y publicar los microdatos de las encuestas.

Son propuestas que deben concretarse en una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, las asociaciones profesionales y representantes de la academia en busca de un consenso que, a la vista de la sesión parlamentaria de ayer, parece improbable. Hace lo correcto el Gobierno al no tocar asuntos que afectan a derechos fundamentales sin el concierto de los demás partidos y tras escuchar a la sociedad civil. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España aplaudió ayer la aplicación en España de las medidas recogidas en el reglamento europeo.

El debate parlamentario de ayer derivó en un ejemplo meridiano de hasta qué punto se puede construir realidad política a partir de un relato parcial o directamente falso. Estuvo plagado de insinuaciones sobre los verdaderos motivos de la iniciativa, que para el PP y Vox no son otros que proteger a la esposa del presidente de una imputación por supuesta corrupción. El propio Sánchez dio pie a esa interpretación al anunciar, sin demasiado sentido de la oportunidad, el paquete detallado hoy —de obligado cumplimiento europeo— tras reflexionar durante cinco días de abril sobre su continuidad al frente del Ejecutivo a raíz de la imputación de su esposa. La oposición conservadora se refirió ayer a esa investigación no en términos de crítica política sino como si hubiera hechos probados en vez de un procedimiento judicial altamente cuestionado en términos jurídicos.

Es evidente que la desinformación se ha convertido, no solo en España, en un problema que hay que afrontar porque representa una grave amenaza para la democracia. La mentira no es nueva en política, pero nunca como ahora había tenido un ecosistema tecnológico tan favorable. Los medios de comunicación rigurosos deben ser los más interesados en las medidas de transparencia porque la desinformación genera desconfianza en la ciudadanía y erosiona la credibilidad del sistema en su conjunto.

La claridad reclamada por Europa busca proteger al mismo tiempo la libertad de expresión, el derecho a la crítica, y el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz. El Ejecutivo está obligado a velar escrupulosamente por ese derecho y en esos términos. Para garantizarlo es vital proteger a los periodistas y a sus fuentes, promover medidas de autorregulación y garantizar la pluralidad informativa. El reto es grande pero decisivo para la convivencia porque la opacidad solo beneficia a los enemigos de la democracia. Sería deseable que Gobierno, oposición y medios estuvieran a la altura.