Corresponsabilidad obligada

El Gobierno llevará a mediados de julio a una conferencia sectorial con las comunidades el acuerdo que alcanzó hace dos semanas con el Ejecutivo canario para el reparto de los menores migrantes no acompañados. El acuerdo convierte en obligatorio el reparto de los menores en la Península cuando las islas, Ceuta o Melilla superen en un 150% su capacidad de acogida. Antes incluso de tener fuerza legal, el pacto afronta notables dificultades políticas, con las reticencias del PP y de Junts, y ha expuesto la cara más xenófoba de Vox. Canarias, gobernada en coalición por Coalición Canaria y el PP, vive una situación de colapso con casi 6.000 menores tutelados y algún centro en pésimas condiciones. La llegada de inmigrantes ha crecido en casi un 260% en lo que va de año y todo hace prever un nuevo récord de llegadas a unas islas convertidas en una de las principales vías de inmigración irregular a la UE.

Las tensiones que provoca la inmigración deben abordarse con políticas de Estado. El superior interés de los menores y el derecho humanitario obligan a todas las partes a hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar acuerdos, una vez que los mecanismos de reparto voluntario se han mostrado insuficientes. El Gobierno debe trabajar en busca del consenso más amplio, tanto para tramitar en las Cortes el correspondiente cambio de la Ley de Extranjería como para informar y convencer a las comunidades. De nada servirá una modificación legislativa, que el Ejecutivo por el momento no tiene garantizada, si luego las autonomías, de las que depende la tutela de los menores, no están dispuestas a aplicarla, como acertadamente incidía el jueves en este periódico el presidente canario, Fernando Clavijo.

Las reclamaciones de las comunidades son válidas y han de ser escuchadas, en especial en materia de financiación de las plazas de acogida o la situación en que quedan los menores cuando cumplen 18 años. Pero en el fondo los criterios que servirán para decidir los cupos de reparto son los mismos usados desde 2022 para la asignación voluntaria. Con esos criterios, el mayor esfuerzo recaería en tres comunidades del PP (La Rioja, Madrid y Andalucía), además de Cataluña, con un Govern pendiente de constituir y posiciones enfrentadas de ERC y Junts en esta cuestión.

Si España exige, con toda lógica, recibir la corresponsabilidad de sus socios europeos para afrontar el creciente desafío migratorio —y en ese sentido ha trabajado los últimos años—, un nivel similar de corresponsabilidad debe mantener de puertas adentro. El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene aquí una ocasión inmejorable de demostrar que hace política de país por encima de los intereses de sus barones, a quienes por el momento ha endosado la decisión, aun asegurando que será solidario. Y, sobre todo, que en una materia tan sensible no está preso de los planteamientos cercanos al racismo de Vox. El partido ultra ha convertido a estos menores en chivo expiatorio de sus obsesiones. Las amenazas retóricas de Vox al PP en las cinco comunidades que gobiernan para que no acepten el reparto evidencia una vez más las contradicciones de estos pactos.

El primer paso hacia un sistema estable de acogida es evitar respuestas de populismo fácil a problemas complejos. Hay que sacar a los menores migrantes de este enfrentamiento político y armar soluciones que sirvan tanto para las urgencias presentes como para las futuras.