Cataluña forcejea con el colapso

Cataluña rozó el colapso. Fue el decenio largo del procés, desde 2012 hasta anteayer. Políticamente se precipitó en él. Experimentó un insólito derrumbe por la pérdida temporal del soñado autogobierno —al que se despreció por ser un autonomismo “pasado de pantalla”—, la ruptura estatutaria y constitucional, la fractura social, la anemia de proyectos políticos, las suicidas carreras de muchos gobernantes, el rechazo de su propósito histórico en la gobernanza española, el desorden: todo ...

Cataluña rozó el colapso. Fue el decenio largo del procés, desde 2012 hasta anteayer. Políticamente se precipitó en él. Experimentó un insólito derrumbe por la pérdida temporal del soñado autogobierno —al que se despreció por ser un autonomismo “pasado de pantalla”—, la ruptura estatutaria y constitucional, la fractura social, la anemia de proyectos políticos, las suicidas carreras de muchos gobernantes, el rechazo de su propósito histórico en la gobernanza española, el desorden: todo eso se ha enderezado en buena medida durante el último trienio gracias a esfuerzos de distinto origen. Esfuerzos de catalanes redescubridores del pragmatismo (ERC) y de otros españoles practicantes del reencuentro (socialistas, comunes). “Per la concòrdia”, bautizó Francesc Cambó su libro de 1930, de contenido discutido y título memorable.

Económicamente, no se alcanzó la tragedia, pero sí el drama, lo cual es pernicioso, pues el esplendor catalán contemporáneo se fraguó siempre en la dupla comercio (economía) y cultura. El 12-M ofrece alguna ventana de oportunidad para revertirlo. Con todo, el inicial empujón oficial al traslado de empresas señeras; los intentos de boicot de la pintoresca Assemblea Nacional Catalana a empresas desafectas al secesionismo (ya condenados por la Audiencia barcelonesa); la memoria de las huelgas generales por motivos partidistas decretadas desde la Generalitat; el vacío al jefe del Estado en inauguraciones empresariales (del Mobile, a la SEAT en 2021, semicorregido el pasado día 5 de abril) aún exhiben rescoldos.

Amén del deshilachamiento de la cohesión social, que se contagia a un desprestigio del idioma propio ―antes inclusivo, estimulante del ascensor social; ahora asociado con ribetes de lo excluyente― y en grado descendente, pero palpable aún, a los déficits de servicios sociales provocados por los recortes austeritarios que compartieron Convergència/Junts y Esquerra tanto en sus gobiernos coligados como desde sus alianzas parlamentarias. Son fenómenos de largo alcance, y percance, aunque afortunadamente ya bajo sordina.

El más sonoro es la fuga de sedes sociales empresariales. Es del todo irrelevante la excusa de que no ha derrumbado el PIB, al no extenderse a fábricas y otros centros de producción y distribución. Pero la competencia internacional por atraer sedes corporativas es, como han estudiado Andreu Mas Colell y Xavier Vives, sustancial. Y es que el domicilio de una compañía absorbe sus mejores empleos directivos, estratégicos, institucionales, tecnológicos, jurídicos; es decir, el talento de Estado Mayor. También es inane la hipérbole que de ellas hace la caverna centralista, evocando 8.000 traslados eventualmente causados por el procés. En puridad hay que referirse al saldo neto (salidas menos llegadas) en los fatales y más migratorios años de 2017 y 2018: las salidas, detrayéndoles las entradas, ascendieron a 3.880. En los demás ejercicios apenas han registrado algún centenar. Y causados por factores múltiples: la capacidad de atracción de las capitales de Estado desde el inicio de la última globalización; la radialidad de la red viaria española; la permanente subejecución de las inversiones estatales regionalizables previstas en la comunidad periférica y la inversa sobreejecución en la central; la función aspiradora de la desleal competencia fiscal madrileña, bien radiografiada ―en Madrid:capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal― por el Institut Valencià d’Investigacions Económiques en 2021 y que sin embargo resulta autopunitiva para la recaudación de los tramos altos del IRPF, como ha demostrado el Instituto de Estudios Fiscales en su estudio sobre las migraciones de profesionales de la España vaciada a Madrid entre 2016 y 2019.

Que el virus, aunque semicongelado, sobrevive lo certifica la reciente amenaza del sector fundamentalista indepe (Junts) con multar a las empresas fugitivas que no regresen de su “exilio” madrileño o valenciano, amenaza que no es más que un incentivo para no volver jamás, porque ¿a qué infierno intervencionista y despótico regresarían? ¡Y el dislate proviene de los herederos de la Convergència que se presentan como business friendly!

El declive relativo de la economía catalana durante el decenio de parálisis no es opinable. Es un dato. La comparación con la tradicional rival interna lo subraya. El peso de la Comunidad de Madrid (CAM) en el PIB español siempre fue, entre 2000 y 2010 a remolque de Cataluña ―bajo gobiernos nacionalistas moderados o del tripartito de izquierdas―, según datos del INE. En 2012, el Govern de Artur Mas quedó ligeramente detrás, con vaivenes, hasta que desde 2017 los de Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès vieron consolidarse una distancia negativa de medio punto o más. Las oscilaciones del ciclo —como región más industrial, Cataluña es muy sensible a las crisis y reacciona mejor a las recuperaciones— han generado algún volantazo, pero no en el conjunto del período: lo grave de este declive suave es que ha implicado la pérdida del liderazgo, de la primogenitura económica de España, posición no solo simbólica sino de amplios efectos prácticos.

El desfase macroeconómico, sin embargo, no es abrumador, y sí recuperable. El paro catalán en 2023 ha reculado al 9%; el madrileño, al 9,7%. El empuje exportador (26,2%) duplicó al capitalino (13,4%), claro que se debe más a la resiliencia de la empresa manufacturera que a ningún programa autonómico específico. A la contra, la inversión directa extranjera en el periodo 2019/2023 en la CAM (62,8%) ha quintuplicado la destinada a su rival (12,7%). Queda lejos del siglo XX y del principio del XXI, cuando los dirigentes catalanes viajaban a Japón en busca de inversiones industriales que equilibrasen las financieras recibidas por Madrid.

Donde Cataluña resiste mejor es en la industria del conocimiento, la tecnología, la innovación, en suma, del talento. Financiado sobre todo por empresas privadas y por la inversión pública europea, y menos, ay, por el sector público interno. Cataluña y la CAM encabezan la creación de empresas emergentes, startups, apoyadas en su 80% por capital exterior, pero la ciudad de Barcelona es la quinta del ranking europeo, y la capital, la sexta (ICEX, TBS-Business School). El Mobile ha generado un parque de un centenar de centros de desarrollo tecnológico de multinacionales extranjeras. El Sincrotrón Alba y la nueva plataforma científica apoyan la investigación. Además, Cataluña genera un tercio de las patentes, por un quinto su rival.

En lo inmediato, por tanto, casi todo es feo, pero nada hay irreversible. El peligro atenaza el largo plazo, el horizonte. Porque, como sucede con el derrumbe del modelo económico alemán causado por la invasión de Ucrania, el procés y el inmediato posprocés estrangulan las bases del crecimiento catalán acumuladas en dos siglos. La manufactura se impuso en el Principado casi en solitario, pese a pobreza natural, como describió Jordi Nadal en El fracaso de la revolución industrial en España (Ariel, 1984).

Por varias causas. Una, la energía (los saltos hidroeléctricos del Llobregat que hicieron florecer el despegue textil; seguidos desde los sesenta por el gas de Argelia traído por Pere Duran Farell, y de las centrales nucleares en las últimas fases de la revolución industrial). Dos, el agua del Besós-Rec Comtal que alimentó el Poblenou, hoy barrio tecno barcelonés. Tres, la conectividad, marcada por el vanguardismo ferroviario (primer tren peninsular, el de Barcelona-Mataró, en 1848); viario (las primeras autopistas españolas) y aéreo (El Prat, primer aeropuerto comercial, desde 1927, seguido de Barajas en 1931). Y cuatro, amén del liderazgo de la burguesía, la innovación y el empuje profesional de ingenieros, encarregats, contramestres y obreros especialistas (véase Enginyers industrials, modernització económica i burgesia a Catalunya, Ramon Garrabou, L’Avenç, 1982).

La insurgencia política de la década perdida ha agostado la reproducción de esas fuentes de progreso. Respecto a las energías del futuro, las renovables, Cataluña no es locomotora sino colista: suponen el 15% de su suministro; por el 45% del conjunto de España; solo aporta el 4,5% de la energía estatal (según datos de Red Eléctrica); los Governs indepes solo han dispensado el 1,4% de la subvenciones previstas a las placas solares y abonado el10% de las ayudas al coche eléctrico. La República catalana es, al respecto, una colonia de Aragón.

El agua se agota por la sequía. Empresas como la cavista Freixenet tramitaron ERTE que la Generalitat obstaculizó. Los hoteleros de la Costa Brava alquilan minidesaladoras portátiles para salvar la industria turística. Y es que la más reciente respuesta oficial de envergadura al clima la dio en 2009 el tripartito de izquierdas, con la segunda y última gran desaladora, la del Llobregat. Luego, cero integral. Otras dos quedaron aparcadas. Valencia triplica su número. Mientras, e Govern de Esquerra se arrastra en ocurrencias: primero amenazó con multar a los municipios que más gastan, sin arreglar ni el canal del Urgell ni las viejas tuberías por las que se dilapida un 23% del agua potable, según la Agència Catalana de l’Aigua (que sabe sumar, pero alzas y alzas del canon sin aplicarlas más que al exceso de tesorería); luego prometió traer agua por barco; y al final opta por el invento saudí de desaladoras sobre barcazas… Los colegios profesionales técnicos prefieren las interconexiones: usar el agua del Ebro sobrante en Tarragona, para Barcelona: pero eso ¡nunca! que puede molestar al “territorio”.

El aeropuerto El Prat-Josep Tarradellas lleva también un vía crucis. En 2009 se acabó la terminal 1, luego hubo la nada. En 2021 AENA propuso una nueva ampliación de pistas, apoyada por el empresariado: así podría competir con (y complementar a Barajas-Adolfo Suarez ―orientada hacia el Oeste― como “hub” internacional ―hacia el Este―. Pero la ampliación interfería con una idílica laguna biodiversa, La Ricarda, con 541 especies (que serían transportables). Ganaron las aves a los 1.700 millones de inversión y los miles de empleos subsiguentes. Cataluña quedó presa, protestó el Cercle d’Economia, “en una espiral de irrelevancia económica”. Hasta que los socialistas impusieron una reconsideración y la patronal vehiculó media docena larga de alternativas… Todo acaba de culminar en una apuesta sardónica del Govern: ¡redoblar los vuelos más ruidosos sobre las zonas más pobladas, sin ampliar pistas, para salvar del traslado a unos cuantos animales! Una animalada de decrecimiento y de ambición provinciana que por fortuna ni AENA ni el Gobierno de España validan.

Último pero esencial: el olvido del factor humano. Por el sistema sanitario: la comunidad ha caído hasta la cola nacional de las listas de espera hospitalarias: han pasado de 40 minutos en 2.010 a 62 en 2.023. Por el desplome del sistema educativo, que ha relegado a Cataluña a peor comunidad española y europea en 2021, según el Informe PISA, cayendo tres veces más que todo el alumnado español. También por los cuellos de botella en la formación profesional: parcheada la falta de plazas con ofertas de enseñanza digital (¡en oficios casi siempre manuales!). Y queda ahora lo más avieso, el abandono de un 40% de alumnos en los ciclos medios. Si Enric Prat de la Riba, el presidente de la Mancomunitat que en 1914 inauguró la legendaria Escola de Treball, resucitase por un instante, volvería presuroso al cenotafio.