Una fuga inexplicable

Una grave descoordinación entre la Audiencia Nacional y la Audiencia de Málaga permitió a primeros de abril la fuga, conocida la pasada semana, del narcotraficante holandés Karim Bouyakhrichan, Taxi, desde entonces en paradero desconocido. Bouyakhrichan, cabecilla de uno de los principales clanes de la llamada Mocro Maffia neerlandesa y considerado el delincuente más buscado de Países Bajos, fue...

Una grave descoordinación entre la Audiencia Nacional y la Audiencia de Málaga permitió a primeros de abril la fuga, conocida la pasada semana, del narcotraficante holandés Karim Bouyakhrichan, Taxi, desde entonces en paradero desconocido. Bouyakhrichan, cabecilla de uno de los principales clanes de la llamada Mocro Maffia neerlandesa y considerado el delincuente más buscado de Países Bajos, fue arrestado el 9 de enero en Marbella por la Policía Nacional, que culminaba así una investigación de cinco años, ahora frustrada por ese desajuste entre órganos judiciales.

El Ministerio de Justicia, cuyo titular, Félix Bolaños, ha calificado de “preocupante” la huida, debe ser el primer interesado en que se aclaren todos los extremos de este fiasco para evitar que vuelva a repetirse. Por su parte, la inspección del Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación sobre los hechos.

En un mundo de comunicaciones instantáneas, resulta en efecto preocupante que la lentitud de la burocracia judicial deje huecos que puedan aprovechar los delincuentes. Y sorprende que sea excarcelado bajo fianza de 50.000 euros un poderoso capo cuya organización mueve millones. Solo en la operación que desembocó en su arresto, Interior bloqueó 172 propiedades valoradas en más de 50 millones y embargó 178 cuentas que suman un saldo de tres.

El caso de Taxi, cuya detención y entrega había solicitado formalmente Países Bajos, pone de relieve, amén de la confusión judicial, la actividad de mafias internacionales en España, elegida como terreno de operaciones y lugar de descanso de sus cabecillas. Se trata de bandas más poderosas y activas de lo que se creía, como han demostrado las investigaciones desarrolladas en los últimos años en varios países europeos gracias a la intervención masiva de los sistemas de mensajería encriptada que emplea el crimen organizado. Su uso como prueba en los tribunales acaba de ser avalado, con condiciones, por el Tribunal de Justicia de la UE.

Estas mafias, que han extendido sus tentáculos más allá del narco a toda actividad criminal que les reporte beneficios, desarrollan sus operaciones cada vez en mayor medida a escala transnacional. Las bandas criminales pueden llegar a plantear un serio desafío de seguridad en países como Holanda, Bélgica, Francia —con especial incidencia en Marsella— o Suecia, que en los últimos meses ha visto alterada su modélica tradición de convivencia por las luchas de poder entre clanes rivales. De ahí la urgencia de mejorar no solo los medios y el número de agentes dedicados a combatirlas, sino también de estrechar la cooperación policial y judicial entre Estados y, por supuesto, dentro de cada Estado. Algo que, esta vez, ha fallado en España estrepitosamente.