Intolerable acoso de la Comunidad de Madrid a la prensa

La desesperada huida hacia adelante que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sacudirse el escándalo que afecta a su pareja, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, ha tenido un nuevo capítulo que solo cabe enmarcar como un intolerable ataque a la libertad de prensa. Varios medios de comunicación ajenos a los prin...

La desesperada huida hacia adelante que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para sacudirse el escándalo que afecta a su pareja, a quien la Fiscalía acusa de dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil, ha tenido un nuevo capítulo que solo cabe enmarcar como un intolerable ataque a la libertad de prensa. Varios medios de comunicación ajenos a los principios elementales de la ética periodística publicaron este martes los nombres y las fotografías de dos periodistas de EL PAÍS que están trabajando en el caso. En una acción coordinada por el Gobierno regional, los libelos aseguraban que los informadores habían acosado a los vecinos del inmueble en el que se encuentra la vivienda en la que reside Ayuso, que fue adquirida por su pareja, Alberto González Amador, poco tiempo después de cometer el presunto fraude a Hacienda. El delirio se completaba con la acusación a periodistas de Eldiario.es de intentar acceder “encapuchados” a la residencia de la presidenta regional.

El señalamiento público de los dos informadores de este periódico se produjo pocas horas después de que fueran identificados en la calle por un policía del servicio de contravigilancia del que dispone la presidenta madrileña. Los reporteros intentaban contrastar si la pareja de Ayuso había ejecutado unas obras en la vivienda, una sexta planta, para unirla con el ático, propiedad del abogado de González Amador, para lo que hablaron con vecinos y comerciantes de la zona. El agente, dentro de sus competencias, les pidió la identificación, que se produjo sin más incidencia. Esos datos obtenidos por la Policía Nacional llegaron al director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid y, en una hora, se desencadenó el gigantesco bulo. Según ha reconocido él mismo, quien envió a varios medios de comunicación estos datos personales ―nombres, apellidos y fotografías― de los periodistas de EL PAÍS fue el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, quien presuntamente está al servicio de todos los madrileños, también de los periodistas señalados. Su comportamiento resulta incompatible con ocupar un cargo público.

Este episodio supone un caso de intimidación flagrante a los periodistas que disgustan al Gobierno madrileño en el que hay dos planos diferenciados. Por una parte, los medios que se prestan al juego sucio de Ayuso sin hacer algo tan básico como contrastar la información. La degradación de la política que tanto se denuncia está estrechamente relacionada con la degradación de un tipo de periodismo ponzoñoso que está dinamitando la convivencia y al que la verdad o la mentira le resulta indiferente.

Siendo esto grave, lo es mucho más que desde una institución tan relevante como el Gobierno madrileño se utilice información policial para alentar prácticas como el señalamiento público de periodistas. Díaz Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid y la dirección regional del PP en un fortín inexpugnable. El blindaje que ha logrado gracias a las prebendas que se permite dar con el Presupuesto autonómico ha convertido a la presidenta madrileña en un personaje principal de la política nacional, pero su mayoría absoluta no le permite utilizar absolutamente los recursos públicos en su beneficio.

Esta vez, la dirigente del PP ha traspasado una peligrosa línea roja al poner en la diana a periodistas, en un ataque a la libertad de prensa que no se veía en España desde hacía muchos años. Y lo que es un fraude fiscal de su pareja va camino de transformarse, de forma indefectible, en el caso Ayuso.