Editorial

Agua por acuerdo

Las medidas de emergencia como la Operación Sagunto son positivas, pero se necesitan iniciativas a más largo plazo y más sostenibles contra la sequía

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (c) y la 'consellera' de Acción Climática, Agricultura y Alimentación, Teresa Jordà (i), en la desalinizadora de El Prat de Llobregat en abril pasado.Toni Albir (EFE)

A situaciones de emergencia, medidas de emergencia. Si la lluvia no rescata a la seca Cataluña esta primavera, barcos cargados con agua de la desalinizadora de Sagunto (Valencia) empezarán en junio a atracar en el puerto de Barcelona para abastecer a la ciudad. El acuerdo suscrito este lunes entre el Gobierno —que pagará el transporte— y la Generalitat —que pagará el agua— es positivo por dos motivos. El primero,...

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A situaciones de emergencia, medidas de emergencia. Si la lluvia no rescata a la seca Cataluña esta primavera, barcos cargados con agua de la desalinizadora de Sagunto (Valencia) empezarán en junio a atracar en el puerto de Barcelona para abastecer a la ciudad. El acuerdo suscrito este lunes entre el Gobierno —que pagará el transporte— y la Generalitat —que pagará el agua— es positivo por dos motivos. El primero, porque ofrece una esperanza a corto plazo frente a la sequía. El segundo, porque ha sido posible gracias a la colaboración de distintas administraciones territoriales.

La Comunidad Valenciana, ahora gestionada por el Partido Popular, va a facilitar la operación y el Gobierno central ha acudido a socorrer a Cataluña en tan preocupante coyuntura. Andalucía estudia un plan similar y Murcia se muestra también dispuesta a colaborar. Ambas administraciones están en este caso en manos del PP, pero conviene recordar las guerras del agua que ha sufrido España históricamente para valorar en sus justos términos el entendimiento. Como en el caso de la Operación Sagunto y en las mismas condiciones, también participará el Gobierno central, por lo que es previsible que en breve los barcos procedentes de la desalinizadora de Cartagena lleguen a Almería, Málaga y Cádiz.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lamentado que en el pasado se descartara la construcción de nuevas plantas desalinizadoras. Es un reproche que apunta un problema no solo achacable a la falta de lluvias. España es uno de los países que más agua desalada produce en el mundo, pero los expertos y la realidad llevan años demostrando que la escasez es estructural y que la crisis climática empeora la situación. El futuro será, en definitiva, mucho peor y frente a tal evidencia escandaliza oír a políticos que se limitan a pedir que llueva. Cambiar los hábitos de consumo, ahorrar agua y perseguir la eficiencia son buenas recetas que deben impulsarse ya. Pero tampoco son suficientes. Se necesitan más plantas desalinizadoras y que, además, estas aprovechen al máximo las energías renovables.

En el acuerdo suscrito el lunes con la Generalitat se prevé ampliar la capacidad de las ya existentes e incluso construir dos nuevas. El problema es que lleva años poner en marcha tales proyectos. De ahí que la imprevisión pasada conduzca ahora a soluciones de emergencia, como la de los barcos, altamente dañinas para el medio ambiente y, además, mucho más caras. Ya se han producido algunas subidas en el recibo del agua y la lógica tendencia no es halagüeña. La agricultura, que consume casi el 80% de la producción hídrica, se enfrenta, por tanto, a problemas añadidos. Hoy la primera urgencia es mitigar la sequía; la segunda, sentar las bases cuanto antes para ofrecer un futuro medioambiental y económicamente más sostenible.

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