Feijóo, ante la investidura
Felipe VI propone al líder de la formación más votada para la investidura aunque no cuente hoy con apoyos para tener éxito
Felipe VI propuso este martes para la investidura a Alberto Núñez Feijóo, candidato del partido que ganó sin mayoría absoluta las elecciones del 23-J. El líder del PP aceptó la propuesta a sabiendas de que está abocada al fracaso, si se tiene en cuenta lo que han declarado los partidos r...
Felipe VI propuso este martes para la investidura a Alberto Núñez Feijóo, candidato del partido que ganó sin mayoría absoluta las elecciones del 23-J. El líder del PP aceptó la propuesta a sabiendas de que está abocada al fracaso, si se tiene en cuenta lo que han declarado los partidos representados en el Congreso. Para salir investido necesita más síes que noes, y en este momento cuenta con 172 votos a favor y 178 en contra. Feijóo empezó a pagar este martes el precio de sus apoyos a Vox, partido al que hasta ahora no mencionaba y al que se vio obligado a citar expresamente, así como a sus 33 diputados y a su presidente, Santiago Abascal.
A diferencia de lo que hizo Mariano Rajoy tras las elecciones de 2015 —no aceptar la propuesta del Rey para evitar una derrota parlamentaria—, Feijóo pretende ir a la investidura pese a que hoy no dispone de una mayoría suficiente. El líder del PP pidió tiempo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para reunirse con el resto de grupos parlamentarios a partir de la semana próxima. El calendario, sin embargo, no deja mucho margen: no se puede descartar la repetición de elecciones. Y si fuera así , y no se quisiera que la cita con las urnas coincidiera con las fiestas de Navidad, habría que retrasar al menos un mes la sesión de investidura —o convocarla la próxima semana—.
Con la propuesta de Felipe VI —que quiso explicar por escrito su criterio para objetivar el proceso— se activan los plazos previstos en la Constitución, de manera que si Feijóo fracasa y no hay mayorías suficientes en los dos meses siguientes a la sesión de investidura se puedan convocar elecciones para deshacer el nudo que dejaron las urnas el 23-J. Esa situación de interinidad provoca numerosos problemas en el normal funcionamiento de la Administración —más aún en plena presidencia española de la UE— y sería positivo intentar acortarla al máximo.
Felipe VI tenía distintas alternativas, ninguna de ellas expresamente regulada en la Constitución: podía haber esperado unos días a tener claro si alguno de los candidatos podía garantizar los votos suficientes, o haber propuesto a Pedro Sánchez, que también se postuló pero que no garantizaba en este momento los apoyos necesarios. Optó por repetir la fórmula de 2016 con Rajoy, quien se había quedado lejos de la mayoría absoluta, pero era el líder de la formación con más escaños. En ese caso, Rajoy declinó el ofrecimiento. Una semana después, el Rey propuso a Pedro Sánchez, que aceptó aunque tampoco tenía garantizada la mayoría absoluta; fracasó en los dos intentos de investidura. Esa decisión de Felipe VI permitió entonces activar los plazos de convocatoria anticipada de elecciones para acabar con un bloqueo que dejó a España durante 10 meses con un Gobierno en funciones.
La propuesta del Rey es perfectamente defendible desde el punto de vista constitucional pese a que esté abocada —salvo sorpresa— al fracaso. Los líderes de PSOE y PP contribuyeron este martes, al aceptar ex ante cualquier decisión de Felipe VI, a salvaguardar la institución de la Jefatura del Estado, que corría el riesgo de verse instrumentalizada por la refriega partidista. Pese al endiablado resultado del 23-J, la política tiene mecanismos para resolver el jeroglífico fabricado en las urnas. Con los límites marcados en la Constitución, posee instrumentos para que los problemas más complejos puedan ser analizados, discutidos y, la mayor parte de las veces, resueltos conforme a la regla de las mayorías parlamentarias, como en este caso. Armengol informó con toda normalidad de la propuesta del Rey: pese al ruido de los últimos tiempos, cabe felicitarse por el funcionamiento de las instituciones en España.