El naufragio del CGPJ

Vuelve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la primera línea de la actualidad política a través del anuncio de la dimisión de su vocal Concepción Sáez, como si no hubiera manera humana de salir de una pesadilla inédita en 40 años de democracia. El estado de un órgano constitucional tan relevante como es el gobierno de los jueces sigue siendo calamitoso hoy, todavía sin renovar desde h...

Vuelve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la primera línea de la actualidad política a través del anuncio de la dimisión de su vocal Concepción Sáez, como si no hubiera manera humana de salir de una pesadilla inédita en 40 años de democracia. El estado de un órgano constitucional tan relevante como es el gobierno de los jueces sigue siendo calamitoso hoy, todavía sin renovar desde hace más de cuatro años a causa del atrincheramiento político del PP para preservar su actual mayoría conservadora. En la noche del mismo miércoles en que fracasaba la moción de censura de Vox se hizo pública la carta de renuncia de la vocal del Consejo, designada a propuesta de Izquierda Unida en 2013, a un cargo en el que lleva en funciones desde 2018, como el resto de sus componentes. La parálisis de la renovación fue también la causa que llevó a su presidente Carlos Lesmes a presentar su dimisión en octubre de 2022 ante la persistencia del bloqueo del PP.

Las causas de esta grave irregularidad democrática son conocidas. El mismo Partido Popular que apela una y otra vez a la Constitución —como volvió a hacer en la moción de censura— como valor superior de una democracia es el que ha impuesto desde hace más de cuatro años el desacato a la misma Constitución. Su negativa a acordar y negociar los nombres que lo renueven con el PSOE está sometiendo a un estrés de desgaste democrático mayúsculo a un organismo que la vocal dimisionaria cree en estado de “radical y puede que ya irreversible degradación”. La deslegitimación actual que pesa sobre el CGPJ cae en la cuenta de las deudas del PP con la democracia española sin que se vislumbre que pueda saldarse en lo que queda de legislatura.

Las razones que aduce la consejera para abandonar —con un retraso de cuatro años— un barco ya en pleno naufragio deberían apelar a la conciencia democrática y profesional de quienes siguen con el mandato prorrogado en el CGPJ. El próximo lunes tienen previsto reunirse el resto de los vocales progresistas para decidir si secundan esa dimisión, y no se tiene noticia de los conservadores. La limitación de funciones que el Gobierno reguló en marzo de 2021 mediante una reforma legal concebida para forzar al PP a aceptar la renovación no solo no ha surtido efecto, sino que parece haber encastillado a la mayoría conservadora en la ilegalidad.

A esa reforma apela Concepción Sáez cuando señala en su carta que en el Consejo “se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones”. Los ampulosos llamamientos a la Constitución proferidos por líderes del PP chocan de manera frontal con una conducta propia de sistemas iliberales, aunque lo haga no desde el poder sino utilizando su capacidad de bloqueo tras abandonar La Moncloa. Hace cuatro años que el CGPJ no refleja las mayorías parlamentarias salidas de las elecciones de 2019, como recuerda la misma vocal en su carta de dimisión.

Es ya irrelevante el desequilibrio actual en favor de una mayoría conservadora, tanto si el presidente suplente del órgano, Rafael Mozo, acepta la dimisión de Sáez como si no. El despropósito ha alcanzado tal cota que la única respuesta aceptable sería una dimisión en bloque de todos los vocales, una dimisión tardía, pero que convertiría en absolutamente insostenible la vergonzosa situación actual. Esa es, de hecho, la recomendación que en este periódico formula hoy el expresidente del CGPJ Pascual Sala para terminar de una vez con un déficit democrático cronificado y colectivamente humillante.