Operación Kitchen

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para cada uno de los principales integrantes de la cúpula política y policial del Ministerio del Interior durante el primero de los dos últimos mandatos del Partido Popular (2011-2016). Los dos fiscales que han investigado el caso atribuyen al ...

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para cada uno de los principales integrantes de la cúpula política y policial del Ministerio del Interior durante el primero de los dos últimos mandatos del Partido Popular (2011-2016). Los dos fiscales que han investigado el caso atribuyen al exministro Jorge Fernández Díaz, a su secretario de Estado, Francisco Martínez, y a su director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, los delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Junto a ellos, tres veteranos comisarios de Policía perpetraron los hechos más graves y bochornosos que ha conocido este ministerio desde el caso GAL, que llevó a la cárcel en 1998 al exministro socialista José Barrionuevo y a su secretario de Estado, Rafael Vera.

Los hechos investigados ahora en el denominado caso Kitchen demuestran la existencia de un enorme agujero en los sistemas de control de una democracia moderna: un butrón en el corazón de la Seguridad del Estado, perpetrado por el mismo poder político encargado de velar por su buen funcionamiento. Según la investigación, el Ministerio del Interior, a cuyo cargo está la policía que investiga los delitos a las órdenes de un juez, planificó una operación secreta para robar documentación a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas, con el único fin de tapar la corrupción de la formación política que en ese momento gobernaba España e intentar anular así la causa abierta en la Audiencia Nacional por supuesta financiación ilegal. Un grupo de comisarios, a las órdenes del ministro y del secretario de Estado, iba eliminando las pruebas que buscaba otro grupo a las órdenes del juez que investigaba el caso.

El Partido Popular está embarcado desde hace 10 años en una peligrosa huida hacia adelante para ocultar u obviar los 20 años de financiación ilegal (1990-2009) que su tesorero Luis Bárcenas recogió en unos papeles publicados por EL PAÍS. La primera estrategia fue desmentir esos papeles y denunciar a este periódico en los tribunales, pero todos los jueces archivaron esas iniciativas. Como el escándalo estalló cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta, desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz se puso en marcha un operativo para destruir otras pruebas de esa caja b que pudiera ocultar Bárcenas. Los comisarios y altos cargos de Interior no fueron los únicos que trabajaron para obstaculizar esa investigación judicial. Los audios de la corrupción publicados por EL PAÍS han demostrado que la entonces secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, maquinó junto al comisario José Manuel Villarejo todo tipo de maniobras para salvar a la formación conservadora de una condena segura en los tribunales. Pese a esas evidencias, ni la Audiencia Nacional ni el juez Manuel García Castellón han visto, de momento, materia suficiente para incluir a Cospedal en la lista de los implicados en esta operación ilegal.

Mientras tanto, el PP no acaba de asumir su colosal error ni ha pedido perdón a la sociedad española por los 20 años de financiación ilegal que han destapado las distintas investigaciones judiciales durante los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Una sentencia de la Audiencia Nacional acredita ya parte de esos hechos. El PP tampoco se ha disculpado por el funcionamiento del Ministerio del Interior con Fernández Díaz, calificado como delictivo por la Fiscalía. Es ya muy tarde, en efecto, pero un partido que aspira a gobernar de nuevo España debería saber limpiar esa mancha que afecta al corazón del Estado.