El pleno del sabotaje

Lo inconcebible en una democracia curtida y experimentada como la española acabó sucediendo este lunes: el Tribunal Constitucional decidió interrumpir el trabajo legislativo del Senado impidiendo la tramitación de la reforma para la renovación del Tribunal Constitucional y el CGPJ, aprobada ya por el Congreso de los Diputados por una holgada mayoría parlamentaria. El Constitucional admitió el recurso de amparo de...

Lo inconcebible en una democracia curtida y experimentada como la española acabó sucediendo este lunes: el Tribunal Constitucional decidió interrumpir el trabajo legislativo del Senado impidiendo la tramitación de la reforma para la renovación del Tribunal Constitucional y el CGPJ, aprobada ya por el Congreso de los Diputados por una holgada mayoría parlamentaria. El Constitucional admitió el recurso de amparo del PP y —contra el criterio del letrado principal del tribunal, experto en derecho parlamentario— decidió dictar las medidas cautelarísimas que pedían los populares e impedir la actividad de los senadores sin escuchar siquiera a la otra parte, es decir, al Senado.

La decisión la tomó un Tribunal Constitucional que antes había rechazado apartar de la votación a dos magistrados del bloque conservador —el propio presidente del tribunal, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez—, con el mandato caducado y, por lo tanto, directamente afectados por una reforma legal de la que depende su continuidad (o su relevo) en los cargos que ahora ocupan. Ante la evidencia de que insólitamente los propios magistrados no se inhibían en un asunto que les concierne, PSOE y Unidas Podemos habían presentado escrito de recusación por este conflicto de intereses. La recusación se rechazó con el voto de los propios implicados, que no consideraron la oportunidad de abstenerse. No cabe mayor retorcimiento de las reglas por parte de quienes a continuación se reunían para analizar si los senadores las cumplen. La mayoría conservadora ignoró también la petición formal de Podemos para que el Constitucional elevara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pronunciamiento sobre esa “falta de imparcialidad”.

Entramos en terreno desconocido con una intromisión inédita del Constitucional en la autonomía parlamentaria de las Cortes españolas. La colisión alcanza a las estructuras más sensibles del Estado en una escalada que empezó hace cuatro años con el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ y que siguió con las maniobras torticeras para impedir renovar a cuatro magistrados del tribunal en una alianza político-jurídica que trabaja ya a cara descubierta. Quienes adujeron en los últimos cuatro años que la estrategia del poder judicial no era jurídica sino política pueden decir hoy, lamentablemente, que la razón de los hechos les ampara: la paralización del proceso de renovación por parte del PP y su presión política sobre la actual mayoría conservadora en el CGPJ y en el Constitucional busca mantener el control sobre ambos hasta que las urnas devuelvan a los populares a La Moncloa. Ignora la voluntad de los españoles expresada en las urnas, las mayorías parlamentarias conformadas tras las elecciones y las decisiones legislativas aprobadas en las Cámaras —con buena o mala técnica jurídica, con atajos legislativos sobradamente censurados por este periódico y cuya constitucionalidad una vez aprobados puede valorar el tribunal—. Lo explicó con nitidez Alberto Núñez Feijóo esta semana: en las próximas elecciones se elegirá entre “este Gobierno o España”, que se supone que encarna él.

El paquete de reformas en las que se incluyen las paralizadas ahora por la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, se aprobó en el Congreso el jueves pasado en una de las jornadas más corrosivas para la dignidad democrática que ha vivido España en casi medio siglo de historia. La burbuja político-jurídico-mediática de las derechas españolas ha decidido ignorar la gravedad del permanente choque institucional en el que se han instalado desde que las urnas les dieron la espalda. Llegados a este punto, al Gobierno y a las Cortes solo les cabe acatar la decisión del Tribunal Constitucional y utilizar los procedimientos de la democracia —y de la mejor y más impecable técnica jurídica— para hacer cumplir la Constitución y la voluntad de los legisladores ahora cercenada.