Otro 12 de octubre en Argentina

Me acuerdo de ese juego que jugaba de chica. Alguien estiraba una soga en el suelo, yo me paraba a un lado. De acuerdo a la consigna, había que saltar. De un lado estaba el cielo. Del otro lado la tierra. En el medio: el mar. La decisión era permanecer o cambiar de lugar. Cada vez que pienso en la distancia que ahora me separa de Argentina, pienso en esa soga como una línea imaginaria. Yo salté. Y acá estoy, con la incomodidad que alguna vez anticipé. Eso que escuché en otras migrantes. Algunas lo llaman tensión. Otras se preguntan por la identidad. ¿Pero por qué...

Me acuerdo de ese juego que jugaba de chica. Alguien estiraba una soga en el suelo, yo me paraba a un lado. De acuerdo a la consigna, había que saltar. De un lado estaba el cielo. Del otro lado la tierra. En el medio: el mar. La decisión era permanecer o cambiar de lugar. Cada vez que pienso en la distancia que ahora me separa de Argentina, pienso en esa soga como una línea imaginaria. Yo salté. Y acá estoy, con la incomodidad que alguna vez anticipé. Eso que escuché en otras migrantes. Algunas lo llaman tensión. Otras se preguntan por la identidad. ¿Pero por qué es feriado el miércoles? ¿Qué se celebra?, pregunta uno de mis compañeros de maestría, también latino, el primer día de clases, cuando uno de los docentes revisa el calendario. El día que nos conquistaron. Que descubrieron algo que ya estaba ahí. Que nos robaron la tierra. Me callo y descubro las miradas sobre mí. Me enojo con mi elección, pero sigo acá, con el cuerpo incómodo.

No se confundan: en Argentina el 12 de octubre también es un día festivo. Antes lo llamaban Día de la Raza. Hace unos años, en 2010, pasó a llamarse Día de Respeto a la Diversidad Cultural, reafirmando lo dispuesto en la Constitución Nacional, que en el artículo 17, inciso 17, dice que corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Una propuesta que intenta revertir parte de la historia violenta de nuestra nación, que comenzó con el genocidio indígena mal llamado conquista al desierto. Una modificación que fue reglamentada durante el Gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un Gobierno que se caracterizó, entre otras cosas, por el compromiso de sus políticas en materia de derechos humanos. Y que ahora, bajo el mandato de Alberto Fernández, logró crear el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es pionero en Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, esta última semana, hubo un cambio de rumbo. Algo pasó. No sabemos qué. O sí. Pero a pocos días de celebrar el Día de la Diversidad, el Gobierno de Fernández rompió el pacto electoral: cambió diálogo por fuerza: los pueblos originarios volvieron a ser objeto de represión.

Unos 250 efectivos de las fuerzas federales desalojaron a una comunidad mapuche en Villa Mascardi, una localidad ubicada a 35 kilómetros de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Detuvieron a 12 personas: siete mujeres y cinco niñas y niños menores de edad. Una de las mujeres, con un embarazo de 40 semanas. Dos de los niños eran recién nacidos. La jueza federal Silvina Domínguez ordenó que fueran trasladadas en un vuelo nocturno al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. A más de 1.500 kilómetros de distancia de sus casas. Y estuvieron incomunicadas por más de 48 horas, motivo por el cual no tuvieron derecho a una defensa. Una violación de sus derechos y garantías constitucionales. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que había sido un operativo exitoso: “No hubo agresiones de ninguna característica, ni un rasguño”. Sin embargo, testigos afirman que los oficiales estaban armados y que utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma contra la comunidad.

Villa Mascardi es un pueblo de la Patagonia argentina que se encuentra dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Un lugar que es pura naturaleza. Imaginen: frente a un lago, rodeado de bosques y montañas. El conflicto por este territorio empezó hace tiempo y se fue agravando. En 2017 la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu ocupó parte del Parque Nacional con la intención de recuperar las tierras que consideran ancestrales. Por ese entonces, el Gobierno del expresidente Mauricio Macri llevó adelante un desalojo violento y uno de los integrantes de la comunidad, Rafael Nahuel, de 22 años, fue asesinado de un disparo por uno de los agentes. Otros dos miembros de Lof Lafken Winkul Mapu resultaron heridos. Meses antes, el cuerpo de Santiago Maldonado, artesano y activista por los derechos indígenas, fue encontrado sin vida en un río de Chubut luego de participar en una protesta.

Tras los incidentes de 2017, la comunidad mapuche volvió a instalarse en el territorio y continuó extendiéndose hacia otros espacios tanto públicos como privados, lo cual aumentó la tensión entre los vecinos y las autoridades de la localidad. Referentes de Lof Lafken Winkul Mapu dicen que las tierras de Villa Mascardi son sagradas: “Esta es nuestra lucha territorial, venimos a reivindicar la presencia de nuestros antepasados”. Sin embargo, como la gran mayoría de los pueblos originarios, no tienen cómo demostrar que sus antepasados vivieron ahí: entre tanto borrón y cuenta nueva, su presencia histórica no está documentada.

La reacción al último desalojo no tardó en llegar. El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos más conocidos de Argentina, dijo que esta ofensiva “abona un consenso represivo” y pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos de Naciones Unidas que intercedan ante esta situación. Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentó su renuncia indeclinable en una carta, quedando así solo una ministra mujer en todo el Gabinete: “Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos”.

Argentina es un país marcado a fuego por la violencia desde la conquista hasta estos días, donde los pueblos originarios continúan siendo expulsados de sus territorios y las mujeres obligadas a parir entre rejas. Ahí donde el racismo está a la orden del día, ¿los derechos humanos valen igual para todas y todos? ¿Somos todas y todos iguales ante la justicia? Imagino la soga. Una línea imaginaria. De un lado el diálogo. Del otro la represión. En el medio, los pueblos originarios. Fernández ya eligió hacia qué lado de la soga saltar.