Fuga de médicos

El sistema sanitario español sufre una hemorragia de profesionales que obliga a revisar sus problemas estructurales

Imagen de los médicos realizando el primer transplante intestinal multivisceral en el mundo, llevado a cabo en el hospital de La Paz de Madrid.LA PAZ HOSPITAL (via REUTERS)

Una tormenta perfecta se está formando sobre el sistema sanitario español. La demanda de atención sigue creciendo año tras año por el envejecimiento de la población, mientras las plantillas sanitarias encogen por factores estructurales difíciles de revertir. Particularmente devastadora es la creciente fuga de facultativos y enfermeras hacia otros países europeos donde encuentran mejores condiciones laborales. En los últimos 10 años, al men...

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Una tormenta perfecta se está formando sobre el sistema sanitario español. La demanda de atención sigue creciendo año tras año por el envejecimiento de la población, mientras las plantillas sanitarias encogen por factores estructurales difíciles de revertir. Particularmente devastadora es la creciente fuga de facultativos y enfermeras hacia otros países europeos donde encuentran mejores condiciones laborales. En los últimos 10 años, al menos 18.000 facultativos han emigrado para ejercer en otros países. A esto que hay que añadir el déficit creciente de médicos por la jubilación masiva de profesionales prevista para los próximos años.

El Foro de Atención Primaria estima que en estos momentos faltan ya 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras, además de otros especialistas. Las plazas sin cubrir repercuten con un mayor estrés y sobrecarga sobre el resto de la plantilla. La situación es cada vez más grave y va a ser difícil encontrar una salida a la crisis sin abordar los problemas estructurales de fondo, como indica el escaso impacto de las medidas que se han tomado hasta ahora. En los últimos 15 años se han aumentado en un 75% las plazas para estudiar Medicina, sobre todo gracias a la creación de nuevas facultades, que han pasado de 28 a 46, y el próximo año está previsto que se creen 1.000 plazas de grado más. Y la oferta de plazas MIR para la formación de especialistas ha aumentado un 38% desde 2018. Pero esta estrategia choca con otro obstáculo: al déficit de facultativos hay que añadir la falta de docentes en las facultades de Medicina, que la conferencia de decanos estima ya ahora en unos 3.800 profesores.

Teniendo en cuenta que la formación de un médico, ya sea de Medicina Familiar y Comunitaria o de cualquier otra especialidad, requiere 12 años de estudio, aumentar la oferta no ofrece resultados a corto plazo y tampoco es suficiente para detener la corriente de fondo que desangra al sistema sanitario. De poco sirve que se aumenten las plazas si, cuando terminan la carrera, cada vez más médicos emigran a otros países huyendo de la precariedad laboral —un tercio de los facultativos encadena contratos temporales— y de unas condiciones de trabajo cada vez más estresantes. Según la Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en España, realizada a 20.000 profesionales, uno de cada tres médicos está insatisfecho, y los principales motivos de descontento son la carga asistencial (65,2%), el nivel de exigencia (32,9%) y el cansancio emocional (55,7%). En otros países no solo encuentran mejores condiciones profesionales, sino un salario que en el Reino Unido o Alemania más que duplica, y en algunos países nórdicos incluso triplica, el que pueden llegar a cobrar en España.

De todos estos datos se infiere que si no se interviene sobre las condiciones salariales y de trabajo de los facultativos, difícilmente se cortará la hemorragia. Países como Reino Unido, Alemania o Francia, que también tienen déficit de facultativos y sufrirán la jubilación masiva de sus profesionales en los próximos años, absorberán una parte importante de los que se formen en las facultades y hospitales españoles. Y España tendrá que importar, como ya ocurre ahora, médicos extranjeros que en muchos casos habrán recibido una formación más precaria y que también son necesarios en sus países. El sistema sanitario público es uno de los grandes pilares del Estado de bienestar en España. Dejar que se descapitalice de su principal activo, que es disponer de un contingente suficiente de profesionales bien formados, es algo que ningún Gobierno, nacional o autonómico, debería permitir.

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