Preguntas al resetear la agenda
Quizás las nuevas circunstancias aconsejan trabajar de manera más decidida aún para ensanchar el perímetro de las mayorías parlamentarias dispuestas a respaldar medidas necesarias en esta coyuntura
La legislatura tal y como fue configurada en la sesión de investidura apenas duró tres meses. La pandemia obligó al Gobierno de coalición a reordenar prioridades y acomodar su acción política a una realidad marcada por elementos de excepcionalidad. Así, la excepcionalidad jurídica quedó amparada por la cobertura del Estado de alarma, la política por una gobernanza apoyada en un mando único y la económica por la necesidad de encontrar la fórmula para absorber las consecuencias de paralizar la economía mundial y reiniciarla de nuevo meses después. Las circunstancias expuestas exigieron al Gobier...
La legislatura tal y como fue configurada en la sesión de investidura apenas duró tres meses. La pandemia obligó al Gobierno de coalición a reordenar prioridades y acomodar su acción política a una realidad marcada por elementos de excepcionalidad. Así, la excepcionalidad jurídica quedó amparada por la cobertura del Estado de alarma, la política por una gobernanza apoyada en un mando único y la económica por la necesidad de encontrar la fórmula para absorber las consecuencias de paralizar la economía mundial y reiniciarla de nuevo meses después. Las circunstancias expuestas exigieron al Gobierno transitar por territorio ignoto sin más apoyos que los que le brindaron sus socios de investidura. Mientras tanto, un PP obsesionado por (des)calificar al Ejecutivo como ilegítimo se desentendió de cualquier compromiso con la gobernabilidad del país. El desgaste sufrido justificó que Pedro Sánchez afrontara una remodelación profunda de la parte socialista de la coalición. De esta manera, el Gobierno se preparaba para una nueva etapa en la que todos los esfuerzos deberían estar orientados a la tarea de transformar el país gracias a los fondos de la Unión Europea.
Pero un nuevo acontecimiento ha desbordado la planificación y la agenda de los gobiernos europeos ha sido completamente reseteada. Efectivamente, la guerra de agresión de Rusia a Ucrania constituye, como en su momento la pandemia, otro “cisne negro” con riesgos de cola. Las consecuencias que arroja esta disparatada acción solo se podrán afrontar con ciertas garantías si se adoptan las respuestas que permitan ganar esa guerra y siempre que las mismas cuenten, claro está, con el mayor respaldo social posible. La guerra de Rusia no es solo la guerra de Putin. Obviamente Putin es el máximo responsable de lo que está ocurriendo, pero dado que lo que está pasando nos va a empobrecer a todos, es razonable analizar esta guerra como un asunto que nos concierne de manera directa también en lo que afecta al valor seguridad. De ahí que no resulte extraño preguntarse por potenciales ajustes para hacer más efectiva la acción de Gobierno. Así, ¿es la actual estructura y composición del Gobierno la óptima para afrontar este giro de complejidad extrema?
También cabría decir lo propio en torno a las alianzas que el Gobierno debería impulsar para hacer frente a las decisiones que las circunstancias del momento reclaman. No estaría de más cuestionarse si la mayoría de la investidura es ahora la única fórmula posible, suficiente o, incluso, recomendable para afrontar los costes que va a generar esta guerra cuya duración nadie es capaz de pronosticar. Quizás las nuevas circunstancias aconsejan trabajar de manera más decidida aún para ensanchar, tanto como resulte posible, el perímetro de las mayorías parlamentarias dispuestas a respaldar cualquier medida que resulte necesario aprobar ahora o en el futuro. La dinámica política seguida hasta la fecha dificulta imaginar este escenario. Con todo, no hay nada ajeno a la voluntad política que lo haga imposible. La pregunta es si quienes están concernidos lo van a intentar.