Acuerdo en la UE, éxito de España
La alianza entre España y Portugal logra el reconocimiento de la excepcionalidad ibérica en el mercado europeo de la energía
Las cumbres de la Alianza Atlántica y el G-7 esta semana en Bruselas han servido para afianzar la coalición internacional contra la guerra de agresión del Gobierno ruso a Ucrania, consolidar su defensa mutua y su solidaridad interna ante cualquier tentación de escalarla y ampliar ...
Las cumbres de la Alianza Atlántica y el G-7 esta semana en Bruselas han servido para afianzar la coalición internacional contra la guerra de agresión del Gobierno ruso a Ucrania, consolidar su defensa mutua y su solidaridad interna ante cualquier tentación de escalarla y ampliar el perímetro de las sanciones económicas. Pero la mayor novedad se ha producido en la cumbre de la UE, que ha logrado, contra muchas expectativas escépticas, un acuerdo esencial para aliviar el impacto sobre familias y empresas del encarecimiento exponencial de los precios energéticos, agravado por esa misma guerra. Es relevante lo ocurrido, porque disipa en gran medida el riesgo de que esta nueva crisis se saldase como la de la Gran Recesión de 2008-2011, mediante un retorno a políticas de austeridad extrema, esta vez por la vía energética. A este logro europeo ha contribuido sustancialmente España, en estrecha alianza con Portugal, y posibilitará, en primer término, enfrentar con herramientas políticas los episodios de agudo malestar social generados por los efectos de la pospandemia y la guerra.
Es esa la guía de lectura esencial para situar el Consejo Europeo del viernes: en el marco de la resolución de las últimas grandes crisis. Las dos opciones eran claras. ¿Abocaría el litigio energético y su consecuente reflejo en la escena pública a una salida marcada por la austeridad, los graves recortes al Estado de bienestar, el agravamiento de la desigualdad social, el ascenso de los populismos, la fragmentación geopolítica de la Unión entre un Norte próspero y un Sur vulnerable y una tensión extrema que estuvo a punto de poner en entredicho la misma moneda común de los europeos? ¿O bien pesaría más la impresionante experiencia reciente en la lucha común, sanitaria contra la pandemia y económica contra la recesión pandémica, que entronizó un acelerado sesgo federalizador por la vía de una estrategia común de recuperación financiada de forma solidaria mediante eurobonos?
Se ha impuesto este último espíritu, aunque falta aún recorrer un trayecto hasta la financiación mancomunada del triple esfuerzo adicional requerido por la guerra (defensa, energía y refugiados), mediante una fórmula inspirada en el gran logro del Next Generation-EU y de los eurobonos. La UE ha optado por una fórmula adecuada, equilibrada y progresista para paliar las tribulaciones ciudadanas, con especial énfasis en los menos autosuficientes.
Por un lado, se avanza en garantizar el aprovisionamiento energético —seriamente amenazado por la dependencia del gas y el petróleo de Rusia y que inquietaba en particular a Estados miembros del Norte y del Este— mediante las compras conjuntas de carburante en los mercados mundiales y la optimización de la capacidad de almacenamiento. Por otro, se toman medidas destinadas a contrarrestar el alza desbocada de precios de la energía en los países del Sur y el doble problema que genera. Empobrece severamente a sus economías, al trasladarse capilarmente a todos los ámbitos de la actividad, y los deja en desventaja en las comparativas de competitividad con países más prósperos como Alemania y Holanda, menos golpeados por los efectos perversos del mecanismo marginalista de fijación de precios.
La solución pactada en la cumbre europea es, en gran medida, resultado de la determinación con la que el Gobierno español de Pedro Sánchez, en complicidad con el portugués de António Costa y en sintonía con otros, como Italia y Bélgica, ha perseguido desde el verano modificar el mecanismo común de fijación de precios. La primera propuesta fue una reforma general que permitiese establecer topes al alza de precios eléctricos y, ante las resistencias, se optó después por un plan b de efectos equivalentes: poner topes a los precios exorbitantes del gas que encarecen el precio final eléctrico en el mercado minorista.
Ante el rocoso enquistamiento de las reticencias, España y Portugal optaron por proponer la aplicación limitada de ese plan a la península Ibérica por la gravedad del problema y por su carácter específico, dado su aislamiento energético de las redes comunes. No rompía el marco común europeo, y esa consideración y la empatía mostrada por distintos gobiernos limaron las aristas, gracias a la inédita gira por capitales europeas de un primer ministro español.
Es de justicia reconocer que la determinación española de mantener una misma línea —aunque flexible y adaptable— durante tantos meses, y el arriesgado signo de firmeza que Pedro Sánchez utilizó, al ausentarse temporalmente de la cumbre para simbolizar que sin acuerdo en este asunto no lo habría en el resto, han sido claves para el desenlace. “Sánchez ha representado de forma exitosa los intereses de su país con su colega Costa”, rubricó el canciller alemán, Olaf Scholz.
Quedan ahora pendientes el detalle del diseño que España y Portugal deben ultimar —los topes, las compensaciones o las cargas a repartir, la cuestión tributaria— y la validación de urgencia de la Comisión, con el acuerdo de su presidenta Von der Leyen, favorable a la singularidad ibérica. No es tarea menor, pero los obstáculos principales de un litigio complejo y arduo han sido removidos y significan un hito importante en la historia europea de nuestros dos países. Sánchez llegó a Bruselas acosado por la penosa gestión de su Gobierno de la cuestión del Sáhara y del paro de los transportistas y vuelve de la capital comunitaria con un logro político español y europeo de primer orden.