Si un marciano leyera la Constitución

No es la primera vez que recurro a los marcianos para tratar de explicar, por el mecanismo de la reducción al absurdo, la necesidad de impulsar un proceso de actualización de nuestra Constitución. Aunque suene excéntrico, el sentido de la metáfora resulta útil y, en todo caso, la cuestión de fondo que la pregunta retórica encierra se resume en la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si alguien ajeno a nuestra realidad política e institucional se tomara la molestia de leer nuestra Constitución con el propósito de entender cómo se organiza actualmente España?

Nuestro interesado lector sí sabr...

No es la primera vez que recurro a los marcianos para tratar de explicar, por el mecanismo de la reducción al absurdo, la necesidad de impulsar un proceso de actualización de nuestra Constitución. Aunque suene excéntrico, el sentido de la metáfora resulta útil y, en todo caso, la cuestión de fondo que la pregunta retórica encierra se resume en la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si alguien ajeno a nuestra realidad política e institucional se tomara la molestia de leer nuestra Constitución con el propósito de entender cómo se organiza actualmente España?

Nuestro interesado lector sí sabría que Madrid es España, pero difícilmente podría concluir que somos un Estado descentralizado con 17 Comunidades Autónomas, que también son España. Apenas alcanzaría a entender las vías previstas en 1978 para que los territorios que lo desearan accedieran a la autonomía, pero no sabría cuántos territorios, ni cuáles, optaron finalmente por el autogobierno. Tampoco en qué condiciones lo hicieron. En definitiva, el texto no le permitiría hacerse una idea clara de nuestra estructura de gobernanza multinivel, aunque sí intuiría la existencia de tensiones. Le bastaría para ello con leer lo previsto para el Tribunal Constitucional como institución encargada de resolver los conflictos positivos y negativos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Aún resultará más complejo para nuestro curioso lector adivinar que España ha cedido el ejercicio de una gran parte de sus competencias soberanas a una organización internacional. Sabrá, sí, que existe algo que se llama Unión Europa al leer el título dedicado a Hacienda y entonces se preguntará cómo es posible que un Estado haya aceptado tratar la deuda pública como un compromiso de pago preferente por encima de cualquier otro tipo de crédito. De lo expuesto, difícilmente llegaría a deducir que algo así es consecuencia querida de nuestra adhesión a una estructura política de integración. Ningún otro artículo de la Constitución le pondrá sobre aviso de la manera en que nuestro ingreso en dicha Unión Europea lo modificó casi todo, hasta el punto de que esa supremacía de la Constitución que se menciona en el artículo 9 ya solo opera en la cabeza de los más nostálgicos.

En definitiva, la realidad presente ofrece evidencias de cómo España ha desbordado la descripción que de ella hace la Constitución. Ello, obviamente, no invalida la norma, pues la Constitución es mucho más que su tenor literal. Se trata, de hecho, de un instrumento que da forma jurídica a un pacto de convivencia cuyo espíritu transciende a su articulado. Pero… ¿qué impide impulsar los trabajos de actualización de un texto que precisa de ajustes, si se hace con lealtad al espíritu que lo hizo posible? No ignoro la dificultad que representa hacerlo desde la fragmentación parlamentaria y la polarización política actual, pero esta realidad no puede ser la razón que justifique, hasta el colapso, el pertinaz bloqueo de cualquier intento de reforma. La conmemoración del aniversario de la Constitución representa, sin duda, la oportunidad óptima para recordar su necesidad, como expresión del mejor patriotismo.