Primer revulsivo

Este proyecto de ley no es todavía el revulsivo que el sistema universitario necesita, pero puede acabar siéndolo. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) se reformó en 2007 para incorporar los requerimientos del espacio universitario europeo, pero tanto la inercia como la falta de adaptación a las nuevas necesidades han dejado ese marco obsoleto. No responde ya a las necesidades de una nueva sociedad en rápida transformación y basada en el conocimiento.

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Este proyecto de ley no es todavía el revulsivo que el sistema universitario necesita, pero puede acabar siéndolo. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) se reformó en 2007 para incorporar los requerimientos del espacio universitario europeo, pero tanto la inercia como la falta de adaptación a las nuevas necesidades han dejado ese marco obsoleto. No responde ya a las necesidades de una nueva sociedad en rápida transformación y basada en el conocimiento.

El proyecto de ley que acaba de presentar el Gobierno puede propiciar una reconexión con la sociedad actual y remediar algunas de las carencias históricas de una Universidad con propensión al corporativismo gremial, índices de endogamia desmedidos y un histórico e inaceptable maltrato a sus figuras contractuales más débiles (los profesores asociados). Los recortes y la congelación de plantillas por la crisis de 2008 multiplicaron la situación de precariedad e inestabilidad en las universidades públicas, con tasas que en algunos casos se acercaron al 50% del profesorado. Para combatir esa situación, muchas universidades echaron mano de forma abusiva de la figura del profesor asociado, y ese tendrá que ser uno de los capítulos fuertes de esta ley para responder a una de las demandas más consistentes y justas del profesorado, demasiadas veces sin el respaldo de los funcionarios (titulares y catedráticos), pese a la flagrante discriminación en que los asociados han desarrollado su trabajo. Ni puede haber regularización automática ni puede seguir todo igual: el profesor asociado no es una víctima por definición y su figura tiene pleno sentido (contratar a un profesional de prestigio para que enriquezca a la universidad) pero el uso torcido de esa figura ha sido demasiado común.

De acuerdo con el proyecto, la temporalidad se reduce a un 20% frente al 40% actual, además de la exigencia de destinar al menos un 5% del presupuesto y el 15% de las plazas permanentes a la investigación. La reciente proliferación de universidades privadas con mentalidad de academias de lujo habrá aconsejado impulsar este nuevo criterio, del mismo modo que parece oportuna la creación de un doctorado industrial vinculado con las empresas y la creación de pasarelas entre la Universidad y la Formación Profesional.

En el nuevo proyecto, los méritos docentes contarán tanto como los de investigación, aunque son actividades de difícil y muy dispar valoración. Es verdad que la ley aborda también la endogamia, pero quizá sin la suficiente determinación. Frente al modelo que ya adoptó la universidad hace años, con un tribunal de siete miembros, íntegramente escogido por sorteo, este proyecto limita la propuesta a que la universidad convocante esté en minoría en los tribunales y el resto de los miembros se elija por sorteo entre profesores de una base de datos nacional e internacional. Mejora sin duda el sistema actual, pero podría ser más valiente, igual que lo ha sido al romper el coto cerrado de los departamentos para facilitar la contratación temporal y estable de un “profesor distinguido” ajeno a la universidad. También la promoción de la igualdad de género está entre las virtudes de la ley y es, por tanto y en varios sentidos, un valioso punto de partida para reabrir sin miedo el debate en torno al sistema universitario.