La imputación en el marco del caso Kitchen de María Dolores de Cospedal —secretaria general del PP cuando se produjeron los hechos investigados— agrava de forma muy inquietante las sombras que envuelven el pasado reciente de la formación conservadora. El juez considera que hay indicios suficientes de la participación de la exdirigente —y de su marido— en la trama de operaciones parapoliciales urdida en 2013 para espiar al extesorero...
La imputación en el marco del caso Kitchen de María Dolores de Cospedal —secretaria general del PP cuando se produjeron los hechos investigados— agrava de forma muy inquietante las sombras que envuelven el pasado reciente de la formación conservadora. El juez considera que hay indicios suficientes de la participación de la exdirigente —y de su marido— en la trama de operaciones parapoliciales urdida en 2013 para espiar al extesorero del principal partido de la oposición, Luis Bárcenas, con el objeto de arrebatarle documentación que pudiera ser comprometedora para altos cargos del partido después de que estallara el escándalo relacionado con sus papeles. Tras concentrarse en el Ministerio del Interior y en la Policía, el foco judicial alcanza de lleno ahora al PP, en un caso que no es un episodio más de corrupción. De emitirse una sentencia condenatoria, se trataría de una verdadera aberración democrática a través del uso abusivo y sistemático de instituciones del Estado para encubrir hechos delictivos de miembros relevantes del partido que, en medida relevante, ya han sido constatados en otros juicios. Estamos, pues, ante indicios creíbles, según el juez, de una grave perversión de la legalidad. Un delito de Estado.
Ante este escenario cada vez más oscuro, el líder de los populares, Pablo Casado, se mantiene en su negativa a pronunciarse sobre los hechos que involucran a su partido y evita, en contra de lo que establecen los estatutos del PP, abrir un expediente a Cospedal. El incidente de la rueda de prensa en Ceuta en el que simpatizantes del partido abuchearon a periodistas que trataban de obtener del dirigente alguna declaración sobre las acusaciones añade bochorno a este decepcionante silencio político.
Sostiene Casado que su dirección nada tiene que ver con ese pasado, y que no tiene por qué dar explicaciones. Esta actitud es un error que daña su partido y, lo que es más importante, la calidad de la democracia española. Lejos de minimizar el daño, el mensaje que emite el líder popular es una titubeante posición moral ante ciertos hechos. Se le ve muy rápido en utilizar conceptos como el de “traición” ante proyectos legales de sus adversarios; reacio a condenar en toda su plenitud la erosión democrática perpetrada por sus correligionarios. Cambiar de dirección y una nueva sede no basta. La gravedad de las sentencias emitidas ya en materia de financiación ilegal y los crecientes indicios de una trama parapolicial de enorme gravedad requieren una claridad moral sin ambages.
Mayor claridad es necesaria también en planteamientos políticos de futuro. Un partido institucional que es la alternativa natural de gobierno, que es portador de sólidos valores de una gran familia política europea, debe ser cristalino en su proyecto de país. Pero el Partido Popular tiene pendiente aclarar con detalle su propuesta de proyecto territorial para España y cómo resolver, dentro de su planteamiento, el problema de Cataluña. El PP es ahora mismo prácticamente irrelevante tanto en esa comunidad como en el País Vasco.
Rechazar los indultos es una posición no solo legítima, sino comprensible. Pero eso no es un proyecto político. ¿Qué alternativa proponen? Si el objetivo de los populares es el mantenimiento del statu quo con un rechazo absoluto a cualquier cambio, deberían decirlo de forma explícita. Si contemplan alguna perspectiva de cambio, lo mismo. El Gobierno de la nación tiene la iniciativa y la mayor responsabilidad. Su propuesta no brilla por ser transparente, pero hay una hoja de ruta inteligible y sometible a juicio —indultos, mesa de diálogo, reforma del sistema de financiación—. El principal partido de la oposición debería ofrecer su alternativa y salir del perímetro del no visceral. El rechazo a los indultos es comprensible. Pero hubiese sido mucho mejor para la democracia vehicularlo a través del Parlamento, sede natural de la discusión política. Manifestaciones y firmas son legítimas, pero pueden tener efectos colaterales que un partido responsable conoce (y que el propio PP acabó sufriendo en circunstancias equivalentes). Tal y como dijo uno de sus dirigentes recientemente, el PP necesita hacer una política más occidental, europea y previsible. Y España también lo merece.