España afronta de nuevo un pulso institucional en la gestión pandémica, ahora a cuenta de las modalidades de apertura de hostelería y ocio nocturno en la desescalada. Madrid, Andalucía y País Vasco han anunciado que no aplicarán las medidas acordadas por votación en el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles, mientras que Galicia y Castilla y León analizan si son de obligado cumplimiento, como sostiene el Gobierno. En la reunió...
España afronta de nuevo un pulso institucional en la gestión pandémica, ahora a cuenta de las modalidades de apertura de hostelería y ocio nocturno en la desescalada. Madrid, Andalucía y País Vasco han anunciado que no aplicarán las medidas acordadas por votación en el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles, mientras que Galicia y Castilla y León analizan si son de obligado cumplimiento, como sostiene el Gobierno. En la reunión se acordó imponer limitaciones en la hostelería y el ocio nocturno hasta que el 70% de la población esté vacunada y los mayores de 50 años hayan sido inmunizados, un criterio al que se opusieron seis comunidades.
El acto de rebeldía que protagonizan estas comunidades es grave porque, más allá de la discusión sobre medidas concretas, dinamita el mecanismo de toma de decisiones que hasta ahora, mal que bien, había permitido criterios consensuados de actuación. Alegando que se trata de una imposición política arbitraria (Díaz Ayuso) o una invasión de competencias (País Vasco), las comunidades discrepantes han abierto una enorme grieta en lo que debería ser un marco de diálogo institucional entre administraciones.
La primera desescalada ya reflejó la dificultad de encontrar una fórmula que permitiera alcanzar criterios comunes y unidad de acción frente a la pandemia. El Consejo Interterritorial de Salud fue el organismo encargado de asumir esa función. La tesis del Gobierno de que sus acuerdos son vinculantes ha sido avalada por el Tribunal Supremo. Pero la pugna partidista dificulta siempre su cometido y ahora puede hacerlo saltar por los aires.
Si la negativa a acatar la decisión causa inquietud institucional, debe decirse que el contenido de las medidas aprobadas provoca un punto de perplejidad. Si bien es comprensible el deseo de perfilar un marco compartido y evitar una desescalada demasiado laxa, llama la atención la aprobación en esta fase y en esta materia —a propuesta del Gobierno y por mayoría— de medidas más restrictivas y vinculantes que las que estuvieron activas durante el estado de alarma y una situación general peor.
Aun así, la gobernanza de un sistema político compuesto como es el español exige un mínimo de lealtad. Se puede discutir si una medida es o no la más adecuada, pero una vez debatida y votada, tiene que aplicarse. Exigir unanimidad para poder alcanzar un plan común significa en la práctica impedir que este exista, especialmente cuando hay Gobiernos autónomos cuyo principal objetivo es utilizar la pandemia para desgastar al Gobierno central. La actitud de las autonomías rebeldes erosiona la solidez institucional, alimenta la confusión en la ciudadanía y debilita los instrumentos de lucha contra la pandemia. De nuevo, una situación lamentable.