Diagnóstico urgente de la innovación en España

Ahora o nunca. Esa debería ser la frase que sonara como un mantra este año en las universidades, los centros de investigación, los departamentos de innovación de las empresas y las start-ups españolas. En juego están los fondos Horizonte Europa de la Comisión Europea, el programa transnacional de investigación e innovación más grande del mundo con un presupuesto de 95.500 millones de euros. Si a eso le sumamos una parte importante de los fondos del ...

Ahora o nunca. Esa debería ser la frase que sonara como un mantra este año en las universidades, los centros de investigación, los departamentos de innovación de las empresas y las start-ups españolas. En juego están los fondos Horizonte Europa de la Comisión Europea, el programa transnacional de investigación e innovación más grande del mundo con un presupuesto de 95.500 millones de euros. Si a eso le sumamos una parte importante de los fondos del plan de recuperación Next Generation EU destinados a I+D+I en el presupuesto español, la cantidad sería histórica y podría dar al país el impulso que necesita para estar en la vanguardia.

Pero no todo es cuestión de dinero. Con el anterior programa, Horizonte 2020, España ya fue con 4.762 millones el cuarto país más beneficiado por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia. Y sin embargo eso no se tradujo en una efervescencia tecnológica. ¿Dónde están todos los productos innovadores made in Spain que deberían haber resultado de la inversión de esos fondos?

La respuesta a esa pregunta parece remitir a un antiguo problema que España no acaba de resolver: la baja transferencia tecnológica y de conocimiento. Es decir, que el proceso de transmitir los resultados de la investigación científica al mercado y a la sociedad en general no acaba de alcanzar un nivel alto.

En la jerga del mundo de la innovación suele hablarse de “la paradoja europea” para explicar la distancia que hay entre la alta producción científica y su escasa materialización en nuevos productos y servicios. Es decir, según esa paradoja, los países europeos, —quizá excluyendo a Alemania y Francia—, son muy buenos en la primera de esas tres letras, en la I de investigación, y no tanto en las dos últimas, en la D de desarrollo y la I de innovación.

España, según distintos ránkings internacionales, ocupa el puesto 11 o 12 a nivel mundial en volumen de producción científica, pero eso no se traduce en una gran industria innovadora. De hecho, a pesar de haber mejorado en muchos ámbitos, en el Cuadro de indicadores de la innovación de la Comisión Europea del 2020 España quedó en el puesto 15 entre 27 en la franja de los “innovadores moderados”, con un rendimiento de I+D por debajo de la media. Resulta claro que para que este conocimiento que se produce en el país pueda ahora transformar la economía antes habrá que revisar las reglas del juego.

Primero hay que desburocratizar la innovación para atraer talento y facilitar el acceso a los fondos de I+D+I por parte de actores más diversos. España tiene el potencial para atraer a investigadores de talento que buscan conjugar trabajo y calidad de vida. Sin embargo, la precariedad de los contratos, la complejidad de los requisitos para los solicitantes y las pocas perspectivas de crecimiento en el ámbito académico desalientan tanto a los investigadores locales como a los extranjeros.

Además, es fundamental modernizar los instrumentos para acceder a fondos para la investigación: la cantidad de publicaciones en revistas indexadas no puede ser el principal indicador para juzgar el valor de un investigador. Por ejemplo, hay disciplinas tecnológicas donde se prioriza la publicación de conferencias, ya que los tiempos de la publicación en revistas son más lentos que el propio avance de la tecnología. Finalmente, es necesario flexibilizar unos sistemas de solicitud de becas y subvenciones que siguen encasillados en clasificaciones antiguas que dejan fuera trabajos interdisciplinarios, precisamente de donde suele surgir la innovación. En ciertos campos tecnológicos, como la inteligencia artificial y la ciencia de datos, las universidades se enfrentan a una fuga de cerebros si no colaboran proactivamente con la industria.

La inversión pública es vital para desarrollar innovación disruptiva en el largo plazo. Pero no basta con financiar a investigadores. La innovación y, sobre todo, la transferencia tecnológica requieren en segundo lugar de un ecosistema. Suele pensarse que la innovación es siempre fruto de una genialidad, pero lo cierto es que tiene más que ver con el intercambio continuo de conocimiento y la capacidad para preservarlo, compartirlo y fomentarlo.

Quizá Silicon Valley sea el ejemplo más conocido —aunque no exento de problemas—, donde las universidades, los agentes de inversión (desde los llamados business angels hasta los grandes fondos de inversión), las incubadoras, las aceleradoras, las personas con experiencia que ejercen de mentores y hasta los medios especializados y los influencers —y esto incluye un amplio abanico que abarca incluso la revista Wired o las conferencias TED— contribuyen a que la investigación acabe en manos de la gente en forma de productos que se consumen en todo el mundo. Las spin-offs españolas o incubadoras especializadas, por ejemplo el Collider de Barcelona, por más que se esfuercen, necesitan del resto de los actores, de un ecosistema de innovación para alcanzar transferencia de impacto.

Por último, y lo más importante: la innovación solo es viable en una cultura que mira sin aversión al riesgo y al fracaso. No tiene sentido exigir innovación y al mismo tiempo penalizar siempre que no se haya logrado el éxito. Eso solo lleva a la parálisis. Las políticas para catapultar la innovación tienen que contar con el acuerdo de los partidos políticos, porque el progreso de un país debería ser un objetivo común y a largo plazo. No hay peor enemigo para impulsar la innovación que un país polarizado.

Mara Balestrini es doctora en Ciencias de la Computación por University College London.