Escaños volantes

El transfuguismo de cargos de Ciudadanos ha puesto sobre la mesa el viejo debate sobre la noción de representación ¿Quién es el titular de la voluntad del electorado? Es cierto que legalmente no hay mandato imperativo y las actas son personales, luego un diputado o concejal que se sale de un grupo político no tiene la obligación de devolverla. Sin embargo, los partidos han fijado como tránsfugas a quienes se rebelan y apropian del escaño contra la voluntad de sus direccio...

El transfuguismo de cargos de Ciudadanos ha puesto sobre la mesa el viejo debate sobre la noción de representación ¿Quién es el titular de la voluntad del electorado? Es cierto que legalmente no hay mandato imperativo y las actas son personales, luego un diputado o concejal que se sale de un grupo político no tiene la obligación de devolverla. Sin embargo, los partidos han fijado como tránsfugas a quienes se rebelan y apropian del escaño contra la voluntad de sus direcciones, algo considerado lo suficientemente grave como para firmar un pacto político que lo desincentive.

Nuestro modelo es una democracia parlamentaria y en ellas es común la disciplina de partido. A diferencia de un sistema presidencial, donde el ejecutivo no depende del legislativo para sobrevivir, aquí perder una moción de censura o una votación importante puede llevárselo por delante así que los votos “en conciencia” suelen estar muy acotados. Ahora bien, no es sólo el modelo parlamentario, sino también el sistema electoral el que condiciona el comportamiento de nuestros diputados. Dado que tenemos listas cerradas y bloqueadas, realmente los ciudadanos no podemos discriminar entre el menú de legisladores que nos ofrecen los partidos.

Este último aspecto tiene implicaciones para el sistema representativo ya que una condición para que haya mandato democrático es la rendición de cuentas. Los partidos tienden a preocuparse por nuestras necesidades porque pueden ser premiados o castigados en las urnas. Siendo así, dado que nuestro sistema de listas no permite escoger entre diputados concretos (lo que daría para otro debate sobre si esto es deseable), este ajuste de cuentas sólo lo podemos hacer a las siglas en su conjunto. Si un votante de Ciudadanos en Murcia estaba satisfecho/insatisfecho con la política de alianzas del partido tras mayo de 2019 sabía qué hacer en la próxima elección con este partido, pero ahora que se ha roto en dos ya no.

Quizá un problema sea que se critica la disciplina de partido, el resultado final, pero muy poco en el proceso de formación de la decisión. Las direcciones de los partidos en España, con mucho control elaborando las listas electorales y haciendo uso de reglamentos parlamentarios muy rígidos, consensuan sus decisiones menos que sus homólogos europeos. El diputado individual queda orillado y la disciplina muchas veces no nace de una genuina discusión política sobre cómo gestionar la posición de la formación.

Sin duda esto daría para debatir sobre cómo funcionan nuestros partidos y las instituciones de nuestro sistema democrático. Ahora bien, esto no puede obviar que, con las reglas vigentes, corresponde al partido administrar el caudal de confianza que es el sufragio. Cuando un cargo concreto se arroga esa facultad merced de su escaño no solo hurta a los votantes el mandato que recibió en las urnas, sino también el derecho ciudadano a ajustar cuentas con él.