Riesgo de retroceso en Cataluña

Este viernes finaliza el plazo para constituir la nueva Mesa del Parlament de Cataluña, un mes después de las elecciones del 14-F. Es un hito fundamental para recuperar el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno; un requisito previo a la restauración de la vida política tras un decenio de tensión y fractura y para la recuperación de la declinante economía del Principado.

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Este viernes finaliza el plazo para constituir la nueva Mesa del Parlament de Cataluña, un mes después de las elecciones del 14-F. Es un hito fundamental para recuperar el normal funcionamiento de las instituciones de autogobierno; un requisito previo a la restauración de la vida política tras un decenio de tensión y fractura y para la recuperación de la declinante economía del Principado.

A pocas horas de concluir el plazo, la urgencia prometida por el partido mejor colocado en la carrera por la Generalitat —Esquerra Republicana, ERC, pues dispone de la posibilidad de articular distintas mayorías parlamentarias— para elegir esa Mesa, que marcará el tono de la nueva legislatura, no ha cristalizado. Pero todos los síntomas apuntan a una desgraciada prolongación de la anterior nefasta etapa en Cataluña. La negociación de ERC con los otros partidos secesionistas, con los que afirma pretender gobernar, ha excluido, con frivolidad y menosprecio el voto de los ciudadanos, la opción más sensata para superar la división interna de Cataluña: seleccionar una cúpula de la Cámara con la aquiescencia —si no complicidad activa— del ganador, el partido socialista de Salvador Illa. Más inquietante aún es que las rondas negociadoras apuntan a la probabilidad de que la presidencia del Parlament acabe recayendo en manos de Junts o de la CUP. Alguno de sus parlamentarios aunará capacidades técnicas para ejercer la tarea. Pero es igualmente cierto que ambas formaciones predican sin desmayo el desafío institucional, el enfrentamiento político y el desacato a la justicia, mediante el incumplimiento o la violación directa del ordenamiento estatutario y constitucional. Oscurísima es la perspectiva de un Parlament dirigido por un representante de uno de esos dos partidos.

Si esa acaba siendo la opción de Esquerra, la legislatura habrá acabado justo al iniciarse. Con costes dramáticos. Para la propia Esquerra, que habrá infligido un daño irreparable a su proclamada estrategia de diálogo, negociación y ampliación de la base soberanista.

Pero sobre todo, sería catastrófico para toda Cataluña, que malbarataría la ocasión de reenderezarse, suturando sus fracturas. Y recaería en la misma irrelevancia económica perceptible en la ausencia de sus gobernantes autónomicos en el acto de lanzamiento de la trascendental inversión catalana y española de Seat/Volkswagen para comprometerse en la automoción sostenible y la fabricación de componentes clave, como la batería eléctrica.

Último riesgo, y no el menor. Retroceder a la dinámica del enfrentamiento, que solo los más extremistas parecen desear, congelaría toda dinámica de entendimiento con el Gobierno de España. La retirada, ayer, de la inmunidad del antiguo president Carles Puigdemont por el Parlamento Europeo (con los votos en contra de los eurodiputados de Podemos, cuyo líder equipara al fugado con los exiliados españoles que huían de la barbarie franquista) es un recordatorio de lo estéril que es esa senda. Retomándola, resultaría impensable plantear indultos a los políticos presos, la convocatoria de la Mesa de diálogo o cualquier estrategia de reencuentro con quienes patrocinen de nuevo la ilegalidad. Y por ende, sacudiría el perímetro de la mayoría parlamentaria en la que se ha apoyado la actual coalición de gobierno entre el PSOE y Podemos y vaciaría por completo el programa territorial de esta. Tensionar, tensiona.