Frenar el deterioro económico de Cataluña

Los resultados son casi iguales. Los motivos, opuestos. Hay que remontarse a 1992 para encontrar una cifra similar de abstención a la registrada en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. Entonces, el 45,1% de los votantes no ejerció su derecho. Esta vez, un 46,1%. El reparto entre el bloque nacionalista, con la importante salvedad de que no todos los partidos que lo integraban perseguían entonces la independencia, y el resto de fuerzas también coincide. Con la monumental inversión que supuso la celebración de las Olimpiadas en Barcelona y la productiva colaboración entre las admini...

Los resultados son casi iguales. Los motivos, opuestos. Hay que remontarse a 1992 para encontrar una cifra similar de abstención a la registrada en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero. Entonces, el 45,1% de los votantes no ejerció su derecho. Esta vez, un 46,1%. El reparto entre el bloque nacionalista, con la importante salvedad de que no todos los partidos que lo integraban perseguían entonces la independencia, y el resto de fuerzas también coincide. Con la monumental inversión que supuso la celebración de las Olimpiadas en Barcelona y la productiva colaboración entre las administraciones públicas, la catalana era una sociedad cohesionada y robusta económicamente. Sin grandes motivos para cambiar el satisfactorio statu quo con su voto. Hoy, con la doble crisis económica que ha provocado la pandemia y la desinversión que ha acompañado al procés, está fracturada, cansada y políticamente desmotivada.

Así lo demuestran los 626.000 votos que ha perdido el independentismo y los 892.195 que ha restado el bloque constitucionalista, un fracaso sin paliativos para aspirar a ser alternativa de Gobierno. Son datos que, más allá del efecto ahuyentador del voto debido a la pandemia, reflejan una clara desafección ciudadana con la política. ¿Qué hacer para frenarla?

¿Pueden los fondos de reconstrucción europeos marcar un punto de inflexión? Su gestión requerirá la colaboración entre el Gobierno y el catalán que resulte de las actuales negociaciones que lidera ERC con el resto de fuerzas independentistas. El previsible bloqueo que ejercerá Junts per Catalunya, el principal socio de ese futuro Ejecutivo, a toda propuesta que venga de Madrid con tal de mantener su agenda independentista y dejar a ERC en entredicho, obliga a esta última a elegir entre atender la crisis económica o seguir insistiendo en el camino a ninguna parte de la independencia, con la CUP antisistema acosándole por la izquierda. Es una decisión crítica, pues la pandemia ha puesto en evidencia las costuras del sistema público de salud catalán tras los severos recortes de los Gobiernos nacionalistas, y ha exacerbado el deterioro económico vinculado a la incierta ruta procesista.

Es posible que para ello ERC procure el apoyo puntual de otras fuerzas en el nuevo Parlamento catalán, concretamente del PSC, el partido más votado, con cuya matriz nacional ha pactado los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Perseverar en la agenda independentista e ignorar la social para una fuerza que se dice de izquierdas y que por fin puede liderar el Gobierno autonómico sería casi suicida. Aunque sus pactos con CiU y sus distintas siglas herederas hayan demostrado lo contrario. El entendimiento entre ERC y PSC sería aún claramente insuficiente para restaurar la convivencia en Cataluña, pero tendría la ventaja de romper con la dinámica de bloques y neutralizar a los extremos. Incluido el ascenso de Vox que quiere dar marcha atrás en la transferencia de competencias, propuesta que solo ahonda en la división de esa sociedad. La llegada del estímulo fiscal que supone el fondo de recuperación europeo entraña otra virtud: la posibilidad de impulsar la actividad económica y el empleo y rebajar el descontento social que tan hábilmente han sabido canalizar los independentistas para fomentar la animadversión a España. Las comunidades gestionarán cerca del 54% de los fondos que se recibirán en 2021 y que en parte ya han sido adelantados en los PGE: 18.793 millones de euros. Los criterios para su asignación son la población, el PIB per capita y la tasa de paro. Cataluña es después de Andalucía la comunidad que más dinero va a percibir.

Si a ello se suma la dotación extraordinaria de transferencias a las comunidades autónomas por valor de 13.486 millones para asumir la mitad del déficit de estas, más los 113.000 millones del sistema ordinario de financiación autonómica, los Gobiernos autonómicos recibirán este año un estímulo sin precedentes: más de 150.000 millones. Lo cierto es que el Gobierno catalán, antes de las elecciones, ya había estado trabajando en la selección de proyectos para concurrir a los fondos europeos: una señal de normalidad institucional. Y Cataluña necesita esos fondos desesperadamente. Su situación fiscal la hace todo menos independiente. Ha recibido 70.000 millones de euros (el 35% del total de las ayudas regionales) de 2012 hasta 2019 del Fondo de Liquidez Autonómica. Desde entonces depende de la Facilidad Financiera, un programa de ayudas con controles más laxos, de la que ha recibido 20.751 millones adicionales. Un considerable apoyo que por otro lado jamás ha sido correspondido con lealtad institucional. Todo lo contrario.

Pero la realidad es que la deuda de Cataluña en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, era la más alta entre las comunidades: 79.429 millones, más del doble que Madrid y ocho veces la del País Vasco. Y las posibilidades de revertir esta evolución son dudosas a la vista de la caída de su PIB per capita: desde 2017 se situó por primera vez por debajo de la media de los 27 países miembros de la UE mientras que en el resto de España ha seguido creciendo. Necesita pactar con Madrid para frenar este deterioro. No hay por desgracia mucho donde elegir tras el 14-F. ERC y PSC: ¿una oportunidad imperfecta para revertir el cansancio político en Cataluña?

Victoria Carvajal es periodista económica.