Dejen el futuro en paz

Nuestros políticos miran demasiado al futuro. Les acusamos de lo contrario: distraernos con el pasado, la memoria histórica y Franco. Y les conminamos a que, en lugar de la España del ayer, piensen en la del mañana. Pero si algo nos sobra son visiones del porvenir. En pocos países los políticos presentan tantos planes prospectivos...

Nuestros políticos miran demasiado al futuro. Les acusamos de lo contrario: distraernos con el pasado, la memoria histórica y Franco. Y les conminamos a que, en lugar de la España del ayer, piensen en la del mañana. Pero si algo nos sobra son visiones del porvenir. En pocos países los políticos presentan tantos planes prospectivos con tal despliegue escenográfico, jerga de autoayuda (“resiliencia”, “transición”) y música de piano.

Estos actos propagandísticos en lo peor de una pandemia son de mal gusto, pero el Gobierno de Sánchez no es la excepción, sino el colofón a la larga tradición futurista de nuestra política. Todos nuestros presidentes del Gobierno han prometido crear cientos de miles de puestos de trabajo. Sin lograrlo, claro. Y todo político y experto de renombre lleva lustros hablando de “cambio de modelo productivo”. Sin conseguirlo tampoco.

No es casualidad. Es más cómodo proyectar un futuro perfecto que examinar nuestro pasado imperfecto. Los políticos prefieren vender sueños nuevos que evaluar dónde han fracasado los viejos. El ejemplo más sangrante es la creación de empleo. España lleva décadas gastando en cursos de formación ingentes cantidades de dinero. Pero apenas hay análisis sobre el impacto que cada euro invertido en un determinado programa tiene sobre la empleabilidad de los participantes en el mismo. No sabemos qué cursos funcionan y cuáles no, dónde el dinero público sirve y dónde se malgasta.

Otro paradigma de espejismo futurista es la digitalización de la Administración. Suenan de nuevo las trompetas celestiales de una gran modernización 4.0, o 5G, de nuestro sector público. Pero antes deberíamos averiguar por qué han fracasado reformas anteriores. En 2006, España puso en marcha el DNI electrónico, con un coste en los primeros años de casi 350 millones de euros. Pero, como destacan los economistas Miguel Almunia y Pedro Rey, apenas el 0,2% de los trámites con la Administración se realizan hoy utilizando el DNI-e. Porque, para poder firmar electrónicamente, los ciudadanos tenemos que ir presencialmente a una oficina para obtener un certificado, al menos una vez cada cuatro años.

Si queremos asentar las políticas futuras en cimientos más sólidos, debemos empezar auditando rigurosamente las políticas del pasado. Pero eso es costoso para los políticos. Para ellos es mejor hacer borrón y cuento nuevo. @VictorLapuente