Jueces patriotas

Durante las audiencias públicas para su nominación como magistrado de la Corte Suprema de Argentina, el abogado Adolfo Vázquez tuvo la decencia de reconocer que era amigo del entonces presidente Carlos Menem, a quien prometió no decepcionar con sus sentencias. Renunció antes de que lo echara la mayoría parlamentaria de Néstor Kirchner, que también quería amigos en el máximo tribunal, preferiblemente hinchas del Racing.

La conversión del Supremo en apéndice del ejecutivo ha sido hábito en América Latina aunque la técnica jurídico-política utilizada por la revolución bolivariana para cons...

Durante las audiencias públicas para su nominación como magistrado de la Corte Suprema de Argentina, el abogado Adolfo Vázquez tuvo la decencia de reconocer que era amigo del entonces presidente Carlos Menem, a quien prometió no decepcionar con sus sentencias. Renunció antes de que lo echara la mayoría parlamentaria de Néstor Kirchner, que también quería amigos en el máximo tribunal, preferiblemente hinchas del Racing.

La conversión del Supremo en apéndice del ejecutivo ha sido hábito en América Latina aunque la técnica jurídico-política utilizada por la revolución bolivariana para conseguir la metamorfosis es innovadora, más depurada que la afiliación a empujones de la revolución del coronel Juan Domingo Perón, aclamada por los descamisados en sus tamborradas: “Borombombón, borombombón, esta es la Corte de Juan Perón”. También en el bombo, los sindicatos, las fuerzas armadas, la Constitución y un Estado interventor por los derechos del pueblo y el bienestar de la nación.

De aquellos polvos, estos lodos. Al igual que el golpe militar de 1943 prologó la primera democracia populista del subcontinente, el cuartelazo de 1992 del teniente coronel Hugo Chávez anticipó la victoria electoral de seis años después y la cultura de la confrontación de ricos contra pobres, blancos contra negros, escuálidos contra revolucionarios y patriotas contra traidores; paralelamente, se acometió la progresiva captura del vértice judicial, iniciada con la ley orgánica que hace quince años amplió de 20 a 32 magistrados del Supremo, nombrados por la mayoría chavista en la Asamblea Nacional.

Las jubilaciones, purgas, autocensuras y carnés del patria en la interpretación del derecho hicieron el resto porque las revoluciones y asonadas desembocan en dictaduras o regímenes incompatibles con la división de poderes, incluso con Constituciones a la medida que invocan, manipulan o ignoran. Henrique Capriles participará en las legislativas de diciembre a sabiendas de que si obtiene escaños suficientes para desafiar al ejecutivo, no podrá contar con árbitros imparciales en la solución de controversias porque todos marcan el paso a las órdenes del Gobierno.

Hace cinco años, cuando la oposición sumó la mayoría absoluta del Parlamento y se vino arriba con una furia entendible pero equivocada, el chavismo respondió boicoteando la actividad legislativa con la ayuda del Supremo, despojando a la cámara de sus poderes con el subterfugio del control preventivo de la constitucionalidad y los amparos cautelares. El Parlamento fue declarado en desacato y los diputados perdieron su inmunidad.,

El objetivo de Capriles es rescatar a sus compatriotas del fatalismo y la abstención, bazas electorales del chavismo. Sin gasolina, sin gas doméstico y sin un real en el bolsillo, muy rendidos tienen que estar para no acudir masivamente a las urnas y constituirse en la oposición que el país necesita para recuperar la cultura del consenso perdida hace dos decenios, cuando Chávez devolvió la ciudadanía a los marginados a cambio de su alistamiento en una refundación nacional necesaria pero malograda por el totalitarismo.