Diplomacia económica para un nuevo contrato social

España se juega en los próximos meses el porvenir de una generación. Ante nosotros se abren dos sendas alternativas de recuperación económica. La primera, la que seguiremos si no nos esforzamos por construir una alternativa mejor, nos llevará a perder la frontera tecnológica, a la precarización de nuestras clases medias, y al sometimiento del medioambiente a una presión insostenible. Es la senda que ya hemos recorrido en el pasado reciente. Un modelo de recuperación que simplemente aprovecha el ciclo económico ascendente sin acometer las transformaciones que nos preparen para el futuro.
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España se juega en los próximos meses el porvenir de una generación. Ante nosotros se abren dos sendas alternativas de recuperación económica. La primera, la que seguiremos si no nos esforzamos por construir una alternativa mejor, nos llevará a perder la frontera tecnológica, a la precarización de nuestras clases medias, y al sometimiento del medioambiente a una presión insostenible. Es la senda que ya hemos recorrido en el pasado reciente. Un modelo de recuperación que simplemente aprovecha el ciclo económico ascendente sin acometer las transformaciones que nos preparen para el futuro.

Sabemos que la economía digital concentra los empleos mejor remunerados y el mayor crecimiento en productividad, pero Europa se está quedando atrás en sectores clave como la inteligencia artificial, el 5G, la nube o el retail digital. De las 20 mayores empresas de Internet del mundo ni una sola es europea. Sabemos además que las últimas tres décadas han producido un fuerte aumento de la desigualdad. Entre 1980 y 2017, el 1% de europeos más rico acaparó el 17% del crecimiento económico, mientras que el 50% más pobre tuvo que conformarse con un 15%. A este proceso de fractura social se ha sumado otro de erosión medioambiental. Tan grave es ya el proceso de cambio climático que los jóvenes se han visto obligados a salir a la calle a recordarnos que tenemos un compromiso con el planeta y con las generaciones futuras.

Ese modelo económico tiene, además, consecuencias políticas graves. El vaciado de nuestras clases medias produce el vaciado del centro político. Y con la polarización llegan la falta de diálogo, el desgaste institucional y el debilitamiento de la arquitectura internacional. Prueba de ello es el ascenso de fuerzas políticas que cuestionan los procesos de integración regional y buscan desmantelar la arquitectura comercial global, construir sociedades menos inclusivas, o incluso imponer un giro autoritario. Estas tendencias dibujan un escenario claro: el de la fractura de nuestro contrato social. Existe ahora el riesgo de que la crisis de la covid-19 acelere y agrave esa fractura por sus efectos particularmente severos en colectivos vulnerables.

Es, por tanto, más urgente que nunca construir un nuevo contrato social para esta era. Esta es la segunda senda de recuperación que se abre ante nosotros, y la que debemos seguir. La que nos llevará a construir una economía más digital, más verde, más inclusiva e integrada globalmente. La pregunta clave es, ¿cómo logramos avanzar por ese camino? Esta misma pregunta es la que enmarca los trabajos de la ministerial de la OCDE de este año que España preside. En el caso de nuestra acción exterior la pregunta a responder es la siguiente: ¿cómo configuramos una agenda diplomática, y sobre todo de diplomacia económica, que nos permita alcanzar esos objetivos?

Lo primero que debe concentrar nuestros esfuerzos es lograr un gran consenso europeo sobre la reconstrucción poscovid-19. Nuestra diplomacia está volcada en la constitución de un amplio Fondo de Recuperación que permita afrontar la transformación económica que exige este momento. En nuestras manos está reproducir el ciclo virtuoso de los años ochenta, cuando España entró en las Comunidades Europeas, sumando al apoyo político y financiero europeo un amplio consenso nacional a favor de las reformas. Ese gran consenso a dos niveles produjo varias décadas de crecimiento económico y convergencia con los socios europeos.

En los ámbitos sectoriales también se puede hacer mucho desde la acción exterior. Es vital, por ejemplo, que completemos el Mercado Único Digital. Solo a través de la integración europea lograremos dar a nuestras empresas y a nuestras start-ups un mercado con marcos regulatorios claros y de la escala suficiente para crecer y competir con sus pares en EE UU y China. Europa debe alcanzar la soberanía digital y una capacidad tecnológica propia si quiere desempeñar un papel significativo en el siglo XXI. Para navegar con éxito este entorno internacional tan cambiante necesitamos actuar con anticipación y haciendo uso de la prospectiva. Los actuales esfuerzos del Ministerio de Asuntos Exteriores por desarrollar una Estrategia de Tecnología y Orden Global que enmarque nuestras actuaciones en el ámbito de la gobernanza tecnológica nos acercan a ese objetivo.

La economía digital debe además ser más justa, y eso tiene tres dimensiones internacionales esenciales: la fiscal, la de competencia y la de distribución geográfica. Es más necesario que nunca que las grandes empresas digitales contribuyan a la recaudación pública y a la financiación del Estado de bienestar, incluyendo iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital. Eso pasa por configurar un nuevo marco fiscal global para la economía digital. Nuestra diplomacia debe contribuir a las discusiones que ya están teniendo lugar en la OCDE sobre esta materia.

Es importante también diseñar una nueva política de competencia en el ámbito digital. Los mercados digitales dejados a sí mismos muestran tendencias al oligopolio, causadas por los efectos de escala y de red. La diplomacia económica española debe trabajar para lograr un nuevo marco europeo de competencia que aborde este fenómeno. Por último, debemos asegurarnos de que la economía digital no se concentra en polos geográficos demasiado cerrados. Esa concentración agrava los problemas de despoblación y de falta de oportunidades en las regiones vaciadas de nuestros países. La reciente candidatura de León para acoger el Centro Europeo de Ciberseguridad es un ejemplo de buenas prácticas para promover clusters de crecimiento en todo nuestro territorio.

En los ámbitos de la lucha contra el cambio climático, España debe mantenerse firme en su apoyo al Acuerdo de París, al Pacto Verde propuesto por la UE y a la multitud de iniciativas que buscan avanzar la agenda de transición ecológica. Debemos también liderar con el ejemplo. Nuestra diplomacia puede poner en valor actuaciones en el ámbito nacional, como la Estrategia Española de Economía Circular o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En última instancia, es vital que nuestra acción exterior apuntale el sistema multilateral de comercio. El papel de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es hoy más importante que nunca. Debemos reformar y adaptar la OMC a los retos del presente, como son el comercio electrónico y de productos sanitarios, incorporando criterios de sostenibilidad en el diseño de los nuevos tratados comerciales. Todo ello sin olvidar que el comercio justo y sostenible es una fuente clara de crecimiento económico y de prosperidad. Nuestra diplomacia económica debe seguir apoyando el acuerdo UE-Mercosur, así como el resto de la agenda comercial de la UE y el establecimiento de la Zona de Libre Cambio Continental Africana. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe también seguir apoyando la expansión de nuestras empresas. La recuperación económica pasará por la internacionalización, por ayudar a las empresas a navegar las incertidumbres de la crisis de la covid-19 y trabajar por mejorar la imagen del país. Nuestra diplomacia económica y de reputación debe asistir en todos esos frentes, también con campañas activas como la recién presentada Spain, for sure.

Nuestro país afronta meses vitales. Es el momento de los grandes consensos: en Europa y en España. Podemos entre todos convertir esta grave crisis en una oportunidad para reconstruir nuestra economía sobre unos cimientos más sólidos.

Manuel Muñiz es secretario de Estado de España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.