Sheinbaum contra la corrupción: entre la ambición y el realismo

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado una y otra vez el fin de la corrupción en México enarbolando un pañuelito blanco. Un gesto que el resto de los mexicanos asumimos más bien como un acto de prestidigitación, conscientes de que lo que sucedía en el escenario no tenía relación con lo que pasaba en la calle. El Gobierno de la 4T ha tenido otros méritos, que podríamos argumentar, pero ciertamente no ese. El programa de gobierno de Claudia Sheinbaum lo planteó este lunes de manera más sutil: la honestidad del presidente no basta para corregir el problema, la corrupción es un cáncer en México y requiere de una cirugía mayor.

Así lo dijo Javier Corral en la presentación del proyecto de la candidata de Morena para “un gobierno honesto”. Una exposición por parte del expanista, seguida de un planteamiento de la muy probable presidenta, que deja un buen sabor de boca, ofrece un atisbo de esperanza, pero también deja algunas interrogantes.

El proyecto expuesto por Corral es profundo y ambicioso. Mencionó una Agencia Federal Anticorrupción, Fiscalías especiales, reforma del sistema judicial federal y local, nuevas leyes para el combate a la corrupción, revisión de la red de notarías, un sistema real de transparencia y simplificación administrativa, modificar la Secretaría de la Función Pública, profesionalizar a los servidores públicos de estas áreas, entre otras medidas. En la definición de esta propuesta participaron especialistas en la materia y se apoyaron en más de una veintena de foros de discusión en la que se involucraron cientos de personas.

¿Es factible o se trata de un proyecto más destinado a quedar en buenas intenciones o a medio camino en el mejor de los casos? Imposible en los márgenes de este espacio valorar la viabilidad de cada una de estas acciones, pero en conjunto reflejan ideas interesantes y la voluntad de hacer algo de fondo.

Sin embargo, en las diferencias entre lo que ambos plantearon subyacen también los alcances reales de lo que podría suceder con este plan. Javier Corral habla explícitamente no de una estrategia de gobierno, sino de una política de Estado. Implica a los tres niveles (federal, estatal y municipal) y los tres poderes (ejecutivo, judicial y legislativo). Esto supone un acuerdo nacional que involucraría al resto de los partidos políticos, a ministros y legisladores, a gobernadores y alcaldes y, en última instancia, a ciudadanos, opinión pública y élites. Tiene razón: atacar la impunidad de raíz supone llegar a los tribunales, a los notarios, a las oficinas municipales, al sistema financiero y a un largo rosario de elementos, muchos de los cuales escapan al control del ejecutivo.

Pero ninguna política de Estado tiene futuro si el resto de los actores considera que el partido dominante actúa en función de su propio empoderamiento. López Obrador mantuvo un pulso con sus adversarios y un discurso beligerante por razones políticas, entre otras garantizar a la 4T un segundo sexenio. Esto dejó la sensación de que muchas de sus acciones iban encaminadas a fortalecer a su grupo; una estrategia que fue percibida como destinada a vencer a la oposición más que a la negociación de acuerdos con las minorías (en las Cámaras sobre todo). Existe la percepción de que el Gobierno utilizó algunas atribuciones para debilitar a sus rivales. No estoy juzgando sino describiendo el parecer de otros actores políticos. Un esquema que funcionó para efectos de lo que buscaba el presidente: sacar adelante los cambios y ganar el apoyo de la opinión pública.

Pero siendo realistas, se trata de una estrategia incompatible con la búsqueda de consensos de cara a una política no de Gobierno, sino del Estado en su conjunto. Claudia Sheinbaum ha dado señales prometedoras en esa dirección. La composición misma de los equipos de trabajo para preparar su plan de gobierno habla de apertura y pluralidad, no de sectarismo. Pero construir un espacio de buena fe para emprender un gran acuerdo nacional requerirá mucho más que eso. Darle dientes al Gobierno para terminar con la impunidad no resulta fácil si existe el temor de que tales dientes puedan ser utilizados de manera facciosa. Y cuando hablo de las contrapartes me refiero a ministros y jueces, gobernadores y alcaldes, partidos de oposición, poderes económicos reales.

La creación de una Agencia Federal Anticorrupción con poderes ampliados, pero dependiente del ejecutivo, dinamita la propuesta presentada el lunes, porque será percibida como un potencial brazo político del grupo en el poder. La Auditoría Fiscal de la Federación, órgano autónomo vinculado al poder legislativo, ha sido la única entidad con relativa independencia y mínimos de legitimidad justamente porque no depende de quien se siente en Palacio. Si hoy se percibe, cierto o no, que la Fiscalía General, el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera en más de una coyuntura se prestaron a una intervención política, será imposible un acuerdo general para entregarle a la presidencia una Agencia con las atribuciones que se estarían pidiendo. No es posible ofrecer la titularidad de la UIF a Pablo Gómez, responsable de la propuesta de reforma política de AMLO, y asumir que eso no genera suspicacias sobre el uso instrumental de estos órganos.

Las palabras de Claudia Sheinbaum en esta ceremonia son más cautas que la propuesta de su equipo. No difiere en las intenciones, pero sí en el alcance. Ella se limitó a hablar de aquello que podría entrar en sus atribuciones. Más modesto, pero por lo mismo más factible. Marcó tres prioridades. 1.- Gobernadores honestos, lo cual supondría mejorar los filtros y evitar que reputaciones dudosas o procedencias políticas ilegítimas se cuelen en su Gobierno. Una tarea urgente que, en última instancia tendría que llevar a revisar las alianzas impresentables y a chapulines oportunistas. 2.- Profunda simplificación administrativa en tres sentidos: a) Desregularizar la tramitología y evitar el tejido institucional innecesario que crea burocracia y corrupción: no tiene sentido fundar instituciones para vigilar a otras instituciones; b) Transparencia por todas las vías posibles para que sea la propia comunidad la que haga el monitoreo de la vida pública y c) Digitalización profunda para transparentar y evitar intervenciones arbitrarias y subjetivas de parte de funcionarios. 3.- Acuerdos e intercambios institucionales para compartir información que propicie la impunidad cero.

Es evidente que la candidata prefirió referirse a lo que encuentra más viable como línea de acción inmediata. No contradice lo dicho por Corral, pero es significativo lo que escogió para resaltar. Una científica con conciencia, dijo Juan Ramón de la Fuente para definirla en la presentación del acto. A mí me parece una funcionaria dotada para la Administración Pública, que intenta atacar un problema con las herramientas que tiene a la mano. Los verdaderos alcances los conoceremos cuando, de cara a la cero impunidad que se pretende, se lleve a la cárcel a colaboradores cercanos o a gobernadores de Morena que caigan en la tentación. Solo entonces comenzarán a barrerse las escaleras desde arriba. Por desgracia, la primera 4T no lo hizo.

@Jorgezepedap

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