La huida hacia adelante del doctor Jesús Luján: ataca a la prensa y sigue prófugo de la justicia
Una jueza de Ciudad de México concede al famoso ginecólogo las medidas cautelares que impiden a dos medios de comunicación informar sobre su caso
El doctor Jesús Luján, uno de los ginecólogos más reconocidos de México, es protagonista en estos momentos de dos procesos judiciales paralelos. En el primero está acusado de “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa” y pesa sobre él una orden de aprehensión de la Fiscalía de Ciudad de México. En el segundo, su equipo legal ha lanzado una demanda contra dos medios de comunicación mexicanos y dos de sus periodistas, alegando que los reportajes publicados sobre él han dañado su honor y dignidad. El doctor había pedido como medida cautelar que se les prohibiera informar sobre su caso y una jueza de Ciudad de México se lo ha concedido. Mientras, él sigue prófugo de la justicia.
Luján ha sido durante años el referente en México del llamado parto humanizado. En el país, la mayoría de los bebés nace por cesárea. Si la Organización Mundial de la Salud recomienda que los nacimientos por cesárea no superen el 15%, en México alcanzan el 52%; es el tercero de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más intervenciones de esta clase, la mayoría programadas e innecesarias. En ese escenario, Jesús Luján se convirtió con su nuevo enfoque en uno de los ginecólogos más solicitados del país. Con los años amplió su clínica, Pronatal, y la trasladó a Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, fundó un hospital y abrió un laboratorio de fertilidad.
En marzo de 2023, la reportera Marcela Nochebuena publicó en Animal Político una investigación en la que 14 mujeres narraban las prácticas que habían sufrido a manos del doctor Luján. Las denuncias incluían suministro de medicamentos sin consentimiento, intervenciones quirúrgicas innecesarias, retención de expedientes médicos, graves complicaciones de salud para las madres y también fallecimientos de bebés. EL PAÍS entrevistó a varias de sus pacientes y a parteras que habían trabajado con Luján, que corroboraban los testimonios de las mujeres. Este periódico también contó con la versión del ginecólogo, quien señaló que todo se trataba de una “campaña de difamación” y mantuvo que no había tenido errores en sus casi tres décadas de carrera.
Tras las denuncias judiciales de cuatro mujeres, la Fiscalía de Ciudad de México clausuró el consultorio de Luján y en marzo de 2024 giró una primera orden de aprehensión contra él. El médico se amparó y pidió permiso al juez para seguir su proceso en libertad. Esto le fue concedido a cambio de unas condiciones: entregar una garantía económica, presentarse periódicamente en el juzgado y fijar una fecha para la audiencia. Al no cumplir con las citas, lo que el médico justificó por problemas de salud, recibió un ultimátum a final del año pasado. Pero Luján tampoco se presentó a la última audiencia de diciembre, por lo que el juez decidió reactivar la orden de aprehensión, que está vigente desde el 20 de diciembre.
La demanda contra la prensa
A raíz del primer reportaje, otras mujeres contactaron con Marcela Nochebuena para contar sus experiencias con Luján. La periodista siguió publicando sobre el caso, también sobre el propio proceso judicial, hasta ahora. El 15 de enero, ella y Animal Político recibieron dos notificaciones: habían sido demandados en agosto de 2024 y la jueza Ana Mercedes Medina Guerra, titular del Juzgado Cuadragésimo Primero de lo Civil de Ciudad de México, había concedido medidas cautelares a la parte denunciante. Se enteraron de ambas cosas en el mismo momento, lo que limitó la posibilidad de mediar.
Las medidas impuestas obligan a Nochebuena y a su periódico (también a otra periodista y otro medio, que no han querido salir públicamente) a no publicar información sobre Luján: “Se abstengan de continuar con los ataques a la dignidad, al honor y reputación del promovente, a través del escarnio y desprestigio público ya sea mediante declaraciones o reportajes periodísticos, tanto en medios escritos, digitales, así como en redes sociales”.
Organizaciones en defensa de la libertad de expresión como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica han criticado duramente esta medida que catalogan como una forma de censura previa. “Este acto es desproporcionado y no solo violenta la libertad de expresión de la prensa, sino que vulnera también el derecho de acceso a la información colectivo sobre temas de interés público, como es el caso de violencia obstétrica contra docenas de mujeres”, ha señalado en un comunicado Artículo 19. “Llamamos al Tribunal Superior de Ciudad de México a revisar esta decisión que vulnera la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a ser informada. El uso judicial para silenciar a medios y periodistas en estos temas es inaceptable”, ha escrito RSF. “Silenciar a la prensa solo beneficia a quienes buscan evadir la verdad y perpetuar la impunidad”, ha apuntado Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica.
México es el sexto país de la OCDE donde más mujeres mueren al dar a luz, 59 de cada 100.000, seis veces más que la media de la OCDE. Muchas a consecuencia de malas prácticas. La violencia obstétrica no está legislada como un delito en el país, pero sí existe una norma oficial que fue creada en 2016 para garantizar que el personal de salud diera un trato digno durante el embarazo y el parto. Desde que se aprobó hasta el 2021, más de 2,5 millones de mujeres fueron insultadas, amenazadas, humilladas, sufrieron un tratamiento médico sin su autorización, no recibieron atención oportuna, se abusó en su medicación o vivieron un trato deshumanizado en México. En total, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 31,4% de las mexicanas ha sufrido violencia obstétrica.
“Esta demanda limita nuestra posibilidad de seguir informando de un caso de interés público, que se enmarca en una violencia que las mujeres viven todos los días y de manera sistemática en México”, cuenta a EL PAÍS la reportera que ha estado investigando el caso, “además, también afecta a las propias víctimas, porque callar a la prensa es callar a las voces a las que nosotros damos salida”.