El Gobierno recupera los huesos del último minero atrapado en el Pinabete dos años y medio después

Dos años, seis meses y tres días. El colapso se venía fraguando desde mucho tiempo antes. El agua del río Sabinas, en el municipio del mismo nombre en Coahuila, fue inundando, poco a poco, las abandonadas galerías de la mina de Las Conchas. A apenas unos metros, a principios de 2022, la compañía El Pinabete comenzó a explotar tres pozos de carbón clandestinos. El 3 de agosto de 2022, mientras un equipo de mineros trabajaba en los túneles, cientos de miles de litros de agua acumulada durante 40 años se abrieron paso entre grietas y arrasaron con todo. Unos pocos trabajadores pudieron escapar y contaron la agónica huida. Diez hombres quedaron sepultados en el derrumbe. Este jueves, 918 días después, los equipos de rescate han recuperado los restos del último cuerpo. Dos años, seis meses y tres días después.

El Ejecutivo ha celebrado con triunfalismos la recuperación del último cadáver: “Con estas acciones y en seguimiento a las instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México cumple con el compromiso hecho con las familias de los mineros que quedaron atrapados en la mina El Pinabete”. Andrés Manuel López Obrador, que era presidente de la República cuando ocurrió el derrumbe, se comprometió a devolver los cuerpos a sus parientes. No lo logró en su sexenio, que acabó en octubre del año pasado. Sheinbaum, su sucesora al frente del Gobierno y de su proyecto político, Morena, heredó la promesa.

Poco después de las nueve de la mañana del jueves, los rescatistas han encontrado “un calzado con restos óseos en su interior”. “Se procederá a implementar los trabajos necesarios para garantizar las condiciones de seguridad que especifica el Protocolo de Recuperación de Hallazgos Biológicos y continuar con la búsqueda y recuperación del total de los restos en la intersección de la galería GSN6 Norte y el tiro vertical No.2″, han informado las autoridades en un comunicado. Los diez mineros trabajaban en un pozo sin las condiciones de seguridad más básicas.

El primer mes tras el derrumbe, los familiares de los trabajadores atrapados y los equipos de rescate, ayudados por los mineros de la zona, instalaron un campamento improvisado alrededor de los pozos del Pinabete. Mientras unos trabajaban dentro de un perímetro custodiado por el Ejército para alejar a los parientes, la prensa y los curiosos, los otros simplemente esperaban noticias que se resistían en llegar. El aire de esperanza que se respiraba los primeros días dio paso, a medida que las jornadas se consumían y los hombres seguían bajo tierra, a un ambiente de tensión, frustración y rabia.

El 29 de agosto, López Obrador dio por muertos a los mineros, tras semanas de intentos fracasados. Los cuerpos se encontraban a más de 60 metros bajo tierra y, a medida que los rescatistas excavaban para llegar a ellos, el agua volvía a inundar las galerías, obligando a empezar de cero. En un primer momento, el Gobierno ofreció un plazo de entre 6 y 11 meses para recuperar los cadáveres, que se alargó una y otra vez hasta este febrero. Los huesos de los dos primeros mineros rescatados vieron la luz después de 512 días sepultados, el 28 de diciembre de 2023. Entre ese primer encuentro y el de este jueves ha pasado más de un año.

Sin juicio

La aparición de los últimos restos no cierra el capítulo. Todavía no ha habido juicio contra los responsables y las viudas de los muertos dejaron de cobrar la pensión que les prometió la empresa a los pocos meses, cuando la compañía se declaró en bancarrota. El Gobierno sí entregó una indemnización independiente de 4.700.000 pesos (unos 250.000 dólares) a cada familia.

El Pinabete funcionaba “ilegalmente”, según la Fiscalía General de la República, pero aun así contaba con un contrato con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) por 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Político, el organismo público calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera entre 2020 y 2024. Dos hombres, Cristian Solís Saavedra, un capataz considerado un “prestanombres” por las familias, y Luis Rafael García Luna Acuña, uno de los presuntos dueños de la empresa, están detenidos. Un tercero, Arnulfo Garza Cárdenas, se encuentra prófugo, con una orden de captura internacional de la Interpol.

La CFE compra el 99% del mineral que produce la región carbonífera de Coahuila y es señalado por las víctimas de los desastres mineros, habituales en el Estado, como responsable en la sombra. Más de 3.100 trabajadores han muerto en los pozos desde que se empezó a extraer carbón, en el siglo XIX. Familia Pasta de Conchos, una organización que pelea por los derechos de los mineros en la entidad, ha declarado este jueves: “Celebramos la recuperación de los últimos restos en el pozo Pinabete. El rescate concluye felizmente y esperamos que se repare todo el daño que nos hace CFE al comprar el carbón extraído en pozos y minitas. No más carbón porque nos daña irremediablemente”.

El más joven de los mineros fallecidos, José Rogelio Moreno Morales, tenía solo 22 años y había entrado a trabajar junto a su padre, José Rogelio Moreno Leija (42). Ambos se cuentan entre las víctimas. El más viejo, Jaime Montelongo Pérez, tenía 61 años y llevaba desde los 14 en los pozos. Dos de los trabajadores que lograron escapar contaban entonces que el veterano fue uno de los primeros en advertir la llegada del agua, dio el grito de auxilio y, cuando ya acariciaba la superficie, decidió darse la vuelta para no dejar solos al resto de sus compañeros.

Las familias por fin pueden descansar. Su último deseo, acabada toda esperanza de ver a sus seres queridos con vida, era poder darles sepultura en una tumba con una lápida y un nombre a la que poder llevar flores, ante la que llorar y recordarles en los días señalados. El caso todavía espera un juicio que ponga los puntos finales. Mientras tanto, el duelo puede empezar a cicatrizar.