La termoeléctrica de Morelos empezará a funcionar antes de fin de año pese a los recelos de los pobladores

La polémica termoeléctrica del Estado de Morelos empezará a funcionar antes de que acabe 2020. Después de múltiples retrasos y una criticada consulta, el Gobierno mexicano ha asegurado este jueves que se han resuelto los amparos legales y que las obras de construcción pueden reanudar. Representantes de los ejidatarios, que plantearon los recursos ante el temor de una disminución del agua que utilizan para regar sus tierras, señalan, por el contrario, que hay procesos judiciales pendientes y se mantienen firmes en su rechazo a la central eléctrica.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha declarado que los dos juicios de amparo vinculados al nivel del agua han sido resueltos en favor del Gobierno. El juzgado había solicitado pruebas periciales que concluyeron que el funcionamiento de la planta no iba a implicar una disminución del caudal, lo que condujo a la decisión de levantar la suspensión sobre las obras. "Estas fueron periciales, de hidrología forense muy puntuales, con peritos muy profesionales“, ha dicho la funcionaria. "Jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y puede continuarse con el proyecto”.

Representantes de las comunidades demandantes niegan que el frente legal esté cerrado. Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua y abogado de tres ejidos afectados, mantiene que dos de los tres amparos que maneja siguen vigentes. “En uno ni siquiera se ha acordado el desahogo de las pruebas periciales. En el otro, a raíz de una queja que presentamos, el juzgado ordenó al perito de agronomía que volviera a hacer su estudio”, dice. El tercero que llevaba sí ha sido sobreseído, aunque pone en duda la imparcialidad del perito que llevó a cabo el estudio al asegurar que era un trabajador de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una dependencia del Gobierno.

Iniciada en 2012, a finales del sexenio de Felipe Calderón, la construcción de la termoeléctrica de ciclo combinado, que funciona con una mezcla de gas y vapor de agua, acumula una inversión de alrededor de 1.600 millones de dólares según las autoridades, pero ha estado plagada de problemas legales. De entrada, las comunidades denuncian no haber sido consultadas adecuadamente antes de echar a andar el proyecto. Tierra campesina, la zona norte del Estado de Morelos depende del agua del río Cuautla para sus cultivos. La preocupación llevó a grupos campesinos a presentar recursos ante los tribunales y a paralizar la construcción del acueducto que debía canalizar el líquido desde una planta de tratamiento de aguas residuales hasta la central para refrigerar las turbinas. A día de hoy, quedan unos 200 metros por construir.

Para destrabar el bloqueo, el Ejecutivo organizó en febrero de 2019 una consulta en todo el Estado de Morelos, pese a la petición de las comunidades afectadas de que solo se celebrara allí. El resultado fue de 60% a favor y 40% en contra. Participaron apenas 55.000 personas de un censo de millón y medio, pero las autoridades lo dieron por bueno. Aun así, el asesinato del activista Samir Flores en los días previos a la votación y el continuo rechazo de parte de los campesinos han dejado los resultados en papel mojado hasta ahora.

Con el anuncio de la reanudación de las obras, las autoridades han vuelto a señalar este jueves sus beneficios. En el plano hídrico, apuntan que parte del agua, procedente de la planta de tratamiento y utilizada para refrigerar las turbinas de la central, volverá al caudal del río. “La termoeléctrica le sube la calidad, prácticamente no la contamina y la regresan. Se va a tener mucha más agua al final”, ha subrayado este jueves la directora de la Conagua, Blanca Jiménez. En el plano eléctrico, el Gobierno asegura que esta central es esencial para un Estado sin infraestructura energética y que la electricidad producida puede cubrir el 80% de las necesidades de Morelos. Todo esto sazonado con promesas de ayudas sociales, donación de herramientas a campesinos e inversión en la zona. Además, se ha firmado un “convenio” con la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco) para pagarles por el uso del agua de la planta de tratamiento.

Sin embargo, la postura negociadora de Asurco ha causado divisiones entre sus miembros. Samantha César Vargas, activista contraria a la termoeléctrica y compañera de Samir Flores, asegura que la asociación negoció de espaldas a los ejidatarios y que el plantón frente al acueducto a medio hacer se mantiene. “No hay un consenso entre los ejidatarios. Los comisarios no están pasando por sus ejidos ni informando sobre la negociación”, dice. Hace unas semanas, una reunión entre Asurco y la CFE fue detenida por una manifestación de opositores al proyecto, sostiene Vargas.