Las empresas fantasma y una ejecución extrajudicial alimentan las dudas sobre el nuevo poder del Ejército en México

La utilización de empresas fantasma para facturar servicios de construcción revelada esta semana por EL PAÍS, unido al reclamo de organizaciones como Naciones Unidas para que se lleve a cabo una investigación profunda sobre una posible ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, han orillado al Ejército mexicano al papel que menos le gusta: dar explicaciones. Así ha sucedido los últimos días, en los que la Secretaría de la Defensa (Sedena) se ha visto obligada a aclarar más hechos que nunca antes desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder y otorgó a los militares una dimensión policial y empresarial pocas veces vista antes en la historia reciente del país

La paradoja que rodea a las Fuerzas Armadas es el oscurantismo que envuelve su gestión y la dificultad para conocer sus manejos empresariales, lo que impide conocer el tamaño de los posibles acciones ilegales. Para Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM y experto en el Ejército “no es una justificación haber usado estas factureras, porque no son empresas sino intermediaras para robar dinero. El Ejército no es tan ingenuo como para no saber a quién contrata”, señala. “Se trata de algo histórico, no de este Gobierno sino de todos, el de recurrir a empresas fantasma. Así se ha hecho durante años en la mayoría de oficinas de Gobierno y el Ejército replica ese comportamiento”, dice el investigador y miembro del Centro de investigaciones sobre América del Norte.

La institución armada reconoció que empresas que había contratado fueron declaradas posteriormente como fantasma. La lucha contra las factureras, como se conoce a las compañías que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, es una constante en la actual Administración que, por otra parte, ha dado un poder casi omnímodo al Ejército. La información publicada por este diario revelaba que entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma.

A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó y de que se trata de una de las banderas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado. Según los militares, “durante los años 2013 al 2018 las empresas no se encontraban en el registro de proveedores sancionados para contratar, publicado en la Secretaría de la Función Pública, por lo que en su momento estaban debidamente constituidas y sin ningún impedimento para llevar a cabo la contratación y prestar sus servicios a entera satisfacción en materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios”, señaló en una nota publicada en estas páginas.

Actualmente, el Ejército se encarga de la construcción de obras tan emblemáticas como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México o el Tren Maya en Yucatán, sin embargo solo hay cuatro instancias ‘externas’ con capacidad para vigilar su comportamiento: la Secretaría de la Función Pública, que responde a las órdenes del Gobierno; la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda; la Auditoría General de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados y del voto del partido mayoritario y, por último, la Fiscalía General. “En otras palabras”, según Manaut, “las cuatro agencias están influenciadas directamente por el presidente”, lo que reduce el control a una mera investigación interna sobre la que nunca se sabe nada.

El turbio papel del Ejército en Nuevo Laredo

En el caso de Nuevo Laredo, más allá del vídeo publicado, lo que preocupa es el camino que ha tomado el Estado para esclarecer lo ocurrido. Sedena ha abierto una investigación contra 24 militares para esclarecer su participación. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que “la Fiscalía General envío personal de la Policía Ministerial Militar a continuar con las investigaciones que van a estar centradas en lo que se observa en el vídeo, ya en su momento la Fiscalía nos hará del conocimiento cuales fueron los resultados de las investigaciones y si en algún momento tiene que derivarlo hacia la parte civil a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia Militar lo hará a través de los conductos para derivarlo y que siga la investigación, al estar involucrado un civil dentro de la actividad militar, no lo juzga la Jurisdicción Militar, lo tendrá que juzgar la parte Federal”. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha evadido el asunto. López Obrador ha señalado que su Gobierno no va a permitir estás prácticas. “Eso se hacía antes, había la consigna de rematar a los heridos en enfrentamientos”, dijo esta semana.

El caso estalló el lunes. El 3 de julio, militares se enfrentaron con civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Doce civiles murieron producto de los disparos. Pocos días después se supo que entre los doce había en realidad tres jóvenes que habían sido secuestrados semanas antes por el grupo criminal. Luego trascendió el vídeo que grabó la cámara reglamentaria de uno de los soldados que participó en el enfrentamiento. Los balazos terminan y los soldados se acercan a una de las camionetas de los civiles. Uno de los uniformados grita, “¡está vivo!”, refiriéndose a uno los civiles, supuestamente uno de los tres secuestrados. Otro grita: “¡mátalo, a la verga!”.

El mismo lunes, López Obrador dijo que se investigaría el asunto, pero no dio detalles. Académicos y activistas reclamaron la intervención de la CNDH, que en otras ocasiones ha jugado un papel importante en casos que involucran a la Policía o a las Fuerzas Armadas como el de Tlatlaya o Tanhuato. Pero la respuesta de la Comisión fue pedir simplemente al Ejército que “investigue de manera exhaustiva la probable violación de los protocolos de actuación y de los estándares internacionales de uso de la fuerza letal”.

Para José Antonio Guevara, abogado y responsable de la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, “el retroceso del poder civil frente al militar es escandaloso en esta Administración”. Guevara señala que “la política de seguridad militarizada no ha cambiado. Se le ha dado un rango constitucional, lo que la ha fortalecido. En la práctica, vemos un despliegue de decenas de miles de soldados en el país. Y siguen habiendo enfrentamientos. Hemos visto escenas sobre esos enfrentamientos y civiles muertos en ellos: el caso de Tepochica, otro también cerca de Reynosa este mes. Lo sorpresivo del caso de Nuevo Laredo es que apareció un vídeo. Y lo más escandaloso es que se confirma de nuevo que la orden es abatir”.

La académica Catalina Pérez Correa, parte del Programa de Política de Drogas del CIDE, explica que la participación de la fiscalía militar en las investigaciones del caso de Nuevo Laredo es “inconstitucional”. Pérez Correa añade que “lo que muestra este caso es que no hay controles civiles, no hay controles externos. Se les ha dado directamente facultades a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública pero no se establecen ni reglas ni controles, es muy preocupante”.