Cárceles como residencias para mayores sin recursos en Japón

El aumento del número de ancianos que cometen delitos menores para asegurarse techo, comida y cuidado médico en prisión ha trasformado las cárceles de Japón en centros cada vez más preparados para ...

El aumento del número de ancianos que cometen delitos menores para asegurarse techo, comida y cuidado médico en prisión ha trasformado las cárceles de Japón en centros cada vez más preparados para esa franja de edad y donde la reinserción social prima sobre el castigo del delito. Algunos expertos, no obstante, alertan del alto coste que supone mantener a un preso mayor, y consideran que las prisiones convertidas en hogares de la tercera edad ponen en evidencia un problema: la existencia de comunidades cada vez más debilitadas que no brindan apoyo a sus mayores.

“Hay reclusos que necesitan andadores para moverse y hemos tenido alguno que no podía ponerse los pañales solo. Pero nuestra principal preocupación es intentar que condiciones mentales como la demencia no empeoren para cuando salgan de la cárcel”, explica a EL PAÍS Yasuo Nakabayashi, encargado del Departamento de Tratamiento Correccional de la Prisión de Fukushima, al noreste de Tokio. “A los que tienen algún problema físico grave los enviamos a un centro con facilidades médicas. Pero aquellos con problemas mentales son responsabilidad nuestra”, continúa el funcionario.

La cárcel de Fukushima está situada a 15 minutos en taxi de la estación central de la capital de esta provincia que en 2011 sufrió la triple tragedia de terremoto, tsunami y el peor accidente nuclear de la historia después de Chernóbil. Aunque en sus 166.000 metros cuadrados hay capacidad para 1.655 presos, actualmente solo cumplen condena 860, un reflejo de la contracción demográfica del país. Los internos mayores, con edades comprendidas entre 65 y más de 80 años, son 25 (apenas el 3%).

Según las estadísticas penitenciarias de 2024, sin embargo, de los 40.544 presos registrados en Japón ese año el 13,5% eran personas mayores de 65 años. En los últimos tiempos se ha detectado que buena parte de la población reclusa mayor de 65 años llegó a prisión tras cometer pequeños delitos que les permitían dormir bajo techo y comer caliente durante una temporada. El Libro Blanco del Crimen de 2024, elaborado por el Gobierno japonés, recogía que el 71% de los delitos cometidos por mujeres mayores y el 39% entre los hombres fueron robos menores en tiendas.

Japón tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Los hombres viven un promedio de 81 años, y las mujeres, 87 años. Se trata de la sociedad más envejecida del mundo industrializado: el 29,4% de sus 123 millones de habitantes tiene 65 años o más —según cifras oficiales de 2025—. Y es por ello, desde hace décadas, un laboratorio social a gran escala para la tercera edad.

El descenso de la natalidad, la escasez de mano de obra y la renuencia oficial a la inmigración fomentan el retraso de las jubilaciones y aumentan la creación de empleos a tiempo parcial para los mayores. Muchos ancianos que trabajaron en empleos no regulares reciben pensiones insuficientes para sobrevivir, y su escasez de recursos repercute en un mayor aislamiento.

En Fukushima, casi todos son reincidentes. “Entre los mayores todos han cometido delitos en repetidas ocasiones. Hay quienes están por segunda vez y otros por décima vez”, dice Nakabayashi, el funcionario.

Acompañados por dos guardias y tras atravesar numerosos pasillos con calefacción y puertas dobles con cerraduras mecánicas y electrónicas, se llega a un taller donde un grupo de hombres, algunos con el pelo completamente blanco y apoyados en andadores, están a punto de empezar una sesión de trabajo. Advierten de que solo se les puede fotografiar del cuello hacia abajo y evitando una chapa de plástico con su nombre que les cuelga del pecho. Tampoco pueden aparecer los números impresos en las zapatillas blancas o en el uniforme, hecho de tela de un vibrante color verde industrial.

Antes de sentarse, los reclusos mayores se sitúan alrededor de las mesas y se enumeran en voz alta del 1 al 25. Es el único momento en las casi tres horas que dura la visita en el que se oye un tono marcial en todo el recinto.

Cuando se sientan, una maestra de mediana edad vestida con un mandil didáctico en el que están representados los órganos humanos con telas de colores les enseña el funcionamiento del aparato digestivo. El trabajo del taller, ensamblar unas pinzas de plástico y metal usadas para secar ropa, es una forma de mantenerlos ocupados una hora, seis días a la semana.

Fin a la obligatoriedad del trabajo

Nakabayashi explica que el año pasado entró en vigor una enmienda al Código Penal que abolió la obligatoriedad de los trabajos en las prisiones para dedicar así más tiempo a la rehabilitación y a la educación, con el objetivo de reducir la reincidencia. Cuando se anunció la reforma de la ley, la primera desde 1907, la agencia de noticias Kyodo informó de que hasta entonces el trato en prisión no hacía distinción entre reclusos reincidentes, de modo que se sometía a un régimen idéntico a un anciano que hurtaba productos de forma reiterada en tiendas, por pura necesidad, y a un miembro de una banda yakuza, la mafia nipona.

Desde 2021, Japón tiene un Ministerio de la Soledad y el Aislamiento. En 2024, según datos de la Agencia Nacional de Policía, fueron identificadas 58.044 personas de 65 años o más que vivían solas y fallecieron en sus casas: un 76% de todos los cadáveres hallados en domicilios.

Un preso feliz

Uno de los reclusos de Fukushima que aceptó ser entrevistado, identificado como N., tiene 67 años y una condena de cuatro años y medio, de la que le quedan por cumplir dos años y cuatro meses. N. entra escoltado y empujando su andador. La razón de su encarcelamiento, cuentan los funcionarios, fue una “muerte causada por conducción negligente sin licencia”.

N. relata que sufrió un ictus y estuvo un tiempo sin poder mover la boca ni caminar. Describe el apoyo recibido en la rehabilitación y agradece que la prisión sea un espacio de aprendizaje tardío ya que, por circunstancias familiares, tuvo que ocuparse de cinco hermanos menores y no pudo ir a la escuela. También se siente orgulloso de las amistades que ha hecho entre rejas. “Sé que puede sonar raro, pero soy feliz en la cárcel”, declara.

Cuando se le pregunta por su regreso a la sociedad, responde que no lo piensa en absoluto. “Estoy aquí por haber causado un daño irreparable, y pensar en salir a la sociedad y volver a causar molestias es algo que, sinceramente, no quiero”, afirma. “Quiero vivir con honestidad y transmitir a mis hijos que, incluso desde el encierro, es posible aprender, reflexionar y cambiar”.

Un sistema fallido

La reticencia a volver a la sociedad de los presos mayores ha sido calificada como un fallo del sistema de bienestar por analistas como Akio Doteuchi, del Instituto de Investigaciones de la aseguradora Nippon Life (NLI, por sus siglas en inglés). Doteuchi, hoy retirado y uno de los primeros expertos en señalar que las prisiones japonesas empezaban a parecerse a hogares para la tercera edad, resumió en un documento de 2015 su visión crítica del fenómeno con una frase: “Ningún país puede considerar que tiene una sociedad sana cuando las personas mayores prefieren estar en prisión antes que fuera de ella”.

El presupuesto anual de las prisiones japonesas en 2022, incluidos los gastos directos por recluso, salarios del personal, infraestructura, atención médica especializada y administración, fue de 1.431 millones de euros. Teniendo en cuenta que ese año había 41.541 reclusos, el gasto por individuo se situó en 34.447 euros anuales, o unos 2.870 euros mensuales.

La pensión mínima de quien ha cotizado en el sistema nacional de pensiones de Japón durante 40 años ronda los 372 euros, una cantidad insuficiente para llevar una vida independiente. La detención no priva a los pensionistas de seguir recibiendo su cuota, señalan en un mensaje electrónico las autoridades de Fukushima, que se disculpan por “no tener la capacidad para identificar” a quienes, entre los 25 presos mayores en su cárcel, son beneficiarios de pensiones.

Para regresar a su celda, N. atraviesa tembloroso los pasillos apoyado en su andador. El guardia que lo escolta mantiene la distancia cautelosa de quien quiere estar a tiempo de evitar un traspié.